El Congreso aprobó en segundo debate un proyecto de ley para regular el consumo del cannabis en Colombia, pero –al ser una reforma constitucional– la iniciativa requiere de otros 6 debates más para ser realidad.
Pero, más allá de lo jurídico, aunque sumado a que por primera vez en décadas el Congreso decidiera avanzar, lo que se busca es liberar aún más el uso del cannabis en Colombia, pues desde 1994 la Corte Constitucional estableció –con la sentencia C-221– que el porte y el consumo de drogas son acciones que se dan en ejercicio del derecho al libre desarrollo de la personalidad y de la autonomía de la persona, y que no deben ser penalizadas.
Y es por eso que en el país no es delito que una persona lleve consigo la dosis personal de marihuana (20 gramos). Además, una persona podría portar más de la dosis mínima si es para su uso personal, ya que, en concepto de la Corte, el delito es si estas sustancias van a ser comercializadas.
Ahora, la nueva iniciativa aprobada en segundo debate en la Cámara –con 105 votos a favor y 33 en contra– permitiría adquirir la sustancia de manera legal en un mercado regulado. Es decir, los usuarios de cannabis no tendrían que acudir al microtráfico.
El ministro de Justicia, Néstor Osuna, aseguró en el Capitolio que detrás del licor no hay mafias “sangrientas” como sí las hay respecto a la marihuana y otras sustancias que hoy legalmente están prohibidas y que, precisamente, al despenalizar del todo su consumo recreativo para mayores de edad se daría vía libre a que le dé un abordaje desde una óptica de salud pública.
Y el representante liberal Juan Carlos Losada, promotor del proyecto que por fin avanzó, complementó la tesis del ministro: “Si el consumo está permitido, toca regular el mercado como un paso necesario para reducir los riesgos asociados con el consumo. Venta y consumo son actividades inescindibles, pues no puede existir la segunda sin la primera”.
De acuerdo con Losada, el mercado controlado permite determinar cómo, quién, dónde y qué se consume, lo que aleja a los menores de edad y a la población en riesgo de cualquier tipo de consumo y facilita la implementación de políticas de reducción de riesgos y control de daños.
Así mismo, para enfrentar un potencial problema de salud pública que podría conllevar el consumo de drogas, el acto legislativo contempla la creación de una política pública estricta para la prevención y atención del consumo del cannabis y la creación de una estrategia educativa nacional integral en colegios sobre las consecuencias del consumo.
En cuanto al problema de seguridad pública, la iniciativa pretende desestimular los mercados ilegales de narcotráfico y reducir gradualmente el índice de otros delitos relacionados.
“Es solo a través de la regulación como le vamos a hacer frente al problema delincuencial que genera la ilegalidad, solo a través de la regulación vamos a ser capaces de hacerle frente a la máquina de guerra de los jíbaros y de los narcotraficantes”, explicó Losada.
Según un estudio de la Alcaldía de Bogotá, realizado en 2021 con 4.000 personas usuarias de cannabis, el mercado ilegal ocupa cerca del 50% del total de la adquisición, mientras que el otro 50% se divide en partes iguales entre autocultivo individual, autocultivo colectivo y obsequios.
El estudio también mostró que la comunidad cannábica en la capital es, en su mayoría, soltera, profesional, trabajadora, universitaria y aporta al sistema de salud. Además, detalló que el 58% consume con fin recreativo, el 20% con fines medicinales, el 16% espirituales y el 6% sin ningún fin.
Para Ana María Rueda, investigadora de la Fundación Ideas para la Paz (FIP), el proyecto contiene los componentes necesarios para una adecuada regulación, como reducción del daño y recaudo de impuestos dirigidos a los asuntos de prevención. “Es urgente que Colombia se mueva con la regulación”, dijo.
Según explica, en primer lugar la aprobación del proyecto significaría una seguridad jurídica para los usuarios frente a su consumo personal.
“Un usuario de drogas hoy no tiene seguridad jurídica a pesar de la dosis personal, porque la sustancia se sigue entendiendo como prohibida y eso es lo que ha dado pie para que otros gobiernos, con base en el Código de Policía, obligue a que la Policía recoja usuarios en parques”, explicó Rueda.
Otro impacto del proyecto estaría relacionado con la salud pública. La experta dijo que es necesario que la persona sepa exactamente qué contiene la sustancia y, de esa forma, autorregular su consumo.
“En el momento en que ese producto sea normalizado en el mercado, el usuario tiene acceso a información. Eso es algo que no tienen en este momento las personas que hace uso cualquiera tipo de droga y por eso los problemas de salud pública”, advirtió.
En relación con ello, el proyecto en discusión impacta la forma como la sociedad percibe a las personas consumidoras de la planta.
“La estigmatización va a tener que bajar, porque es precisamente la estigmatización del usuario de cannabis y de otras drogas, lo que los distancia de los servicios sociales”, enfatizó la investigadora .
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