Tras un intenso pulso político en el Congreso de la República, quedó listo el articulado definitivo de la Ley de Sometimiento a la Justicia. En total, 30 artículos marcarán la hoja de ruta para la rendición de las organizaciones criminales en Colombia.
Aunque el texto final trajo ajustes de última hora —como la eliminación de la contratación directa con recursos del FONSECON—, el documento aprobado deja varios puntos candentes sobre la mesa: penas mínimas para la cúpula, candados al reclutamiento infantil y un blindaje jurídico para los negociadores del Ejecutivo.
Aquí las claves del proyecto que abre el debate nacional sobre si se trata de mano dura o de beneficios disfrazados:
1. Reclutamiento de menores: excluidos de beneficios
Uno de los puntos más álgidos. El texto prohíbe tajantemente conceder beneficios penales a quienes tengan condenas en firme por reclutamiento ilícito o utilización de menores de 18 años.
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Los menores reclutados no podrán figurar en listas de integrantes; deberán ser entregados de inmediato al ICBF como víctimas.
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Quienes hayan tenido un papel determinante en este delito deberán cumplir un mínimo de 10 años de privación efectiva de la libertad.
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Para nuevos reclutamientos, el margen de rebaja de penas se redujo drásticamente: máximo 10 % para mandos y 30 % para tropa.
2. Rebajas diferenciadas por rango
La ley castiga con mayor rigor a las cúpulas. Mientras los miembros de base sin mando podrán optar a una rebaja de hasta el 50 % de la pena, los cabecillas y mandos solo podrán aspirar a un máximo del 30 %.
3. Freno a los «narcos»: seis años mínimos para colaboradores financieros
Para frenar el ingreso de dinero caliente al proceso, los colaboradores y financiadores del crimen organizado no la tendrán fácil. El tiempo previo de pena para solicitar la suspensión del castigo pasó de 3 a 6 años. Además, deberán entregar el 100 % de los bienes ilícitos y colaborar con la justicia. Los mandos del componente financiero quedaron totalmente excluidos de esta gracia.
4. ¿Blindaje gubernamental? Las nuevas facultades presidenciales
La mayor controversia jurídica se encendió por la inclusión de los artículos 28 y 29. El Presidente mantendrá la dirección exclusiva de la implementación de la ley, pero además se estableció que las personas autorizadas por el Gobierno que participen en las gestiones no incurrirán en responsabilidad penal ni disciplinaria por sus actuaciones, facultando la solicitud de archivos o preclusiones a su favor.
5. Cárceles del INPEC y verificación de listas
Las zonas de reclusión estarán regidas bajo el control del INPEC y no habrá suspensión de órdenes de captura, extradiciones ni operaciones de la Fuerza Pública en los territorios. Asimismo, el Ministerio de Justicia deberá verificar individualmente cada lista de integrantes presentada por los grupos armados para evitar el «gato por liebre» o la colación de delincuentes comunes.
