Municipios productores no perciben la bonanza del negocio de las esmeraldas.
La pasión por los gallos de pelea, a los que en las épocas de bonanza podían apostarles hasta 20 millones de pesos en una sola noche, jugó su parte en el destino fatal de dos ‘históricos’ de la zona esmeraldera: Luis Murcia, el ‘Pequinés’, y José Alejandro Rojas, ‘Martín Rojas’.
El ‘Pequinés’ fue asesinado el jueves en Arbeláez (Cundinamarca)y se convirtió en la última víctima reportada de la nueva ‘guerra verde’. Rojas murió en mayo pasado. Al primero lo sorprendieron los asesinos cuando atendía sus animales, a varios de los cuales había mandado traer desde el occidente de Boyacá. Alcanzó a correr hacia un cafetal, donde recibió siete tiros de fusil. En la zona fueron hallados un AK-47 y una subametralladora MP-5 que habrían usado los asesinos. Sus allegados no descartan, incluso, que los que lo sentenciaron a muerte hayan seguido a las camionetas que hacían esos exóticos viajes hacia el lugar donde el ‘Pequinés’ hubiera decidido establecerse, nunca por más de unos pocos días.
A ‘Martín Rojas’ lo mataron en una gallera del suroccidente de Bogotá, donde le habían puesto una cita de negocios y lo habían invitado a una apuesta.
Ambos superaban los 60 años y aunque seguían siendo respetados como ‘patrones’ de la zona esmeraldera, estaban lejos de los lujos y los enormes aparatos de seguridad que llegaron a tener hace poco más de dos décadas, cuando eran cabezas de un ejército de centenares de hombres armados de fusiles que se enfrentaron al bando liderado por Víctor Carranza y Gilberto Molina en una guerra que dejó entre 800 y 2.000 muertos en Boyacá y Cundinamarca. (Lea también: Se agudiza la nueva guerra de esmeraldas).
El pacto que le puso fin a la matanza lo firmaron en 1991 Carranza y Murcia bajo los buenos oficios de la Iglesia católica, y mantuvo la relativa tranquilidad en el turbulento mundo de las esmeraldas hasta el 2009. Ese fue el año del primer atentado contra Carranza y del inicio de una disputa abierta entre el bando del viejo ‘zar’ y el de Pedro Nel Rincón, ‘Pedro Orejas’, un hombre que en los 80 trabajaba con sus hermanos para el ‘Pequinés’ y que hoy era considerado como su principal enemigo.
La incapacidad del Estado
El asesinato de Luis Murcia Chaparro no solo es el golpe más grave contra el sector de Carranza, quien falleció de cáncer el año pasado y cuyo sucesor es hoy Hernando Sánchez, que se salvó en el 2012 de un atentado en el que recibió 11 disparos.
También es la manifestación de la incapacidad del Estado para meter en cintura un negocio que en un año puede mover 300.000 millones de pesos que se quedan en las arcas de un puñado de familias amarradas entre sí por matrimonios y padrinazgos, y que son las mismas que hoy se enfrentan a muerte. Un negocio millonario que sale de las entrañas de once municipios donde las caravanas de camionetas blindadas de último modelo levantan el polvo sobre los campesinos que viven en una pobreza casi feudal.
A finales del año pasado, tras el atentado contra ‘Pedro Orejas’ en Pauna y las duras acusaciones de parte y parte, el Gobierno aumentó el pie de fuerza en el occidente de Boyacá y amplió los controles sobre los ejércitos personales de los ‘patrones’.
Aunque se movieron algunos procesos judiciales que llevaban años represados –como el de concierto para delinquir que hoy tiene preso a ‘Orejas’ y el que llevó a la captura de Óscar Murcia, hermano del ‘Pequinés’, por asesinato y supuestos nexos con ‘los Urabeños’–, en Boyacá es un secreto a voces que la influencia de las poderosas familias en la política y el poder judicial del departamento no ha sido tocada.
Policía y Fiscalía tienen información sobre tenebrosas redes de sicarios que ajustan en Bogotá las cuentas que quedan pendientes en la zona esmeraldera.
Ahora, cuando soplan con más fuerza los vientos de la guerra, los ‘patrones’ saben que los ronda un peligro mayor que los sicarios (‘pájaros’, les dicen) del bando enemigo: que ante la escalada de violencia y después de décadas de omisión, el Estado por fin intervenga la explotación de las piedras verdes y se atreva a revisar esas millonarias concesiones.
Tensión
Bandos en disputa son familia. Una de las facetas más sorprendentes de la violencia que azota la zona esmeraldera es que los clanes en disputa tienen nexos familiares entre sí.
Así, Maximiliano Cañón, que como Luis Murcia salió de la región supuestamente por la persecución de ‘Pedro Orejas’, fue cuñado de este último. Cañón denunció a Pedro Rincón por el asesinato de uno de sus trabajadores. Ese caso, que fue el que dio pie a la primera captura de ‘Orejas’ en un cinematográfico operativo de la Dijín de la Policía, está hace tres años pendiente de revisión en el Tribunal Superior de Tunja, tras una polémica absolución en primera instancia y decenas de interceptaciones que mostraban el poder de los esmeralderos sobre miembros de la Fuerza Pública y autoridades judiciales de la región.
Y Luis Murcia, el jefe asesinado esta semana, perdió a uno de sus nietos en el mismo atentado del año pasado en el que quedaron heridos Pedro Rincón y su hijo, quien finalmente falleció. Esa era la razón que exponía el ‘Pequinés’ para negar responsabilidad en el ataque contra ‘Orejas’.
“Allá cayó familia de nosotros”, dijo Murcia en una entrevista con este diario.
Además de los nexos familiares, todos los sectores en disputa han mantenido relaciones comerciales.
De hecho, una de las causas del resurgir de la ‘guerra verde’ está en la explotación conjunta de la empresa ‘Consorcio’, a la que inicialmente Carranza accedió para buscar acercamientos con los Rincón y de la que se retiró después alegando supuestas maniobras por debajo de la mesa.
‘Orejas’, en Cómbita: Tras meses en la cárcel Picaleña de Ibagué, Pedro Rincón fue trasladado a Cómbita. Uno de sus hermanos, Ómar, ha asumido control en su zona.
Murcia en Bogotá: El cuerpo de Luis Murcia era velado en la noche de este sábado en una funeraria del norte de Bogotá. Sobre el medio día de este sábado fue trasladado desde Fusagasuga a donde fue llevado tras su asesinato en Arbeláez (Cundinamarca). Su familia decidió que fuera sepultado en Bogotá.
JUSTICIA
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