Pese a los múltiples cuestionamientos jurídicos y políticos, el presidente Gustavo Petro anunció este martes 3 de junio, en alocución presidencial, que su gobierno expedirá esta misma semana el decreto que convoca a una consulta popular. La ciudadanía será llamada a las urnas para responder 12 preguntas, entre ellas una orientada a revivir la fallida reforma laboral.
Con este anuncio, el mandatario va un paso más allá de la controversia generada en el Congreso, donde la consulta fue negada por el Senado. Petro insiste en que lo ocurrido en esa plenaria fue un “fraude” y que la voluntad del pueblo no puede ser silenciada por lo que calificó como “una vagabundería” del presidente del Senado, Efraín Cepeda.
“Sé que me va a caer todo y sé que voy a acelerar las amenazas que hay sobre mí, pero es que el pueblo debe expresarse porque es el dueño del poder político en Colombia. No hay ningún otro dueño”, expresó en su discurso.
Según explicó, el decreto no pasará por ninguna otra instancia judicial, salvo por la Corte Constitucional. Es decir, el Ejecutivo anticipa una disputa directa con el aparato legislativo y con quienes cuestionan la legalidad de la medida.
Firma pública del decreto: ¿acto de gobierno o mitin político?
El presidente Petro también reveló que la firma del decreto no se hará en privado ni en Palacio, sino “ante el pueblo colombiano”. Durante un consejo de ministros realizado en la Casa de Nariño, pidió definir con urgencia dónde se llevará a cabo ese acto simbólico. Las opciones sobre la mesa son Medellín y Cali.
“El decreto de la consulta popular se debe firmar ante el pueblo, ojalá ante centenares de miles de personas. Nació del pueblo, se mantiene en el pueblo”, dijo el mandatario.
El Gobierno considera que no hay mucho tiempo para organizar la convocatoria, pero insiste en que debe realizarse un evento masivo. Petro recordó que el pasado 1 de mayo ya hubo una movilización en Bogotá con “lleno completo”, y que en Barranquilla también hubo una plaza llena. “Ahora dicen que fue porque dieron refrigerio…”, ironizó.
Además, señaló que la ciudad de Medellín ofrece amplio respaldo a la iniciativa y mencionó que Cali también sería una buena sede para firmar el decreto:
“El pueblo trabajador no va contra sus intereses, ni bobos que fueran. ¿Cómo van a oponerse a que las mamás tengan bono pensional?”, añadió.
¿Consulta legítima o acto inconstitucional?
Con esta decisión, el Gobierno activa un proceso que no solo enfrenta retos logísticos y políticos, sino también jurídicos. El principal debate gira en torno a si es legal expedir un decreto de convocatoria sin la autorización previa del Senado, como exige la ley. Petro argumenta que ese trámite fue “ilegítimo”, pues —según él— se impidió el voto de tres senadores y se modificó un voto ya emitido.
El presidente además lanzó una advertencia de alto contenido simbólico:
“El que quiera estrellarse contra el pueblo, pues ahí verá. Esa no es una amenaza, es una realidad histórica”.
Análisis: Petro se juega todo con la consulta
Más allá del contenido de las preguntas, lo que se está gestando es un pulso de poder entre el Ejecutivo y el resto de las instituciones. Petro apuesta por activar la movilización popular como respuesta al bloqueo político, pero se enfrenta a un camino espinoso: oposición legislativa, revisión constitucional y el riesgo de agravar la polarización del país.
Además, la forma en que se haga la firma —como acto público, multitudinario y de carácter simbólico— pone al presidente en modo campaña. La narrativa es clara: el pueblo contra las élites. La legitimidad contra la legalidad.
¿Qué sigue?
El decreto se expedirá esta misma semana. La Corte Constitucional deberá determinar si cumple con los requisitos jurídicos. Mientras tanto, el país se alista para un nuevo episodio de confrontación institucional, donde las calles volverán a ser escenario clave en el proyecto político de Gustavo Petro.
