La Corte la condenó a devoverle $22.500 millones más intereses. Fidupetrol se liquidó por quiebra
Si no fuera porque el pago de un supuesto soborno de $500 millones no tocara al presidente de la Corte Constitucional Jorge Pretel, la acusación habría pasado de “agache”.
Ahora los mismos magistrados han tenido en el ojo de Huracán a su colega magistrado costeño, quien ha negado las acusaciones.
La historia de las fiducias inició en 2007 cuando el entonces gobernador de Casanare Withman Porras depositó en Fidupetrol 25 mil millones de pesos para que esta fiduciaria se los administrara en un patrimonio autónomo.
Lo curioso del asunto es que la Fiduciaria manejaba con sus socios negocios de esmeraldas y carbón que nada tenían que ver con el departamento. Fidupetrol debía devolver el dinero en un lapso no mayor a un año pero nunca lo hizo.
Poco tiempo después de iniciar el escándalo, Víctor Manuel Alfonso, quien se desempeñaba como Tesorero departamental, le dijo a Violeta Stéreo que el propio Gobernador le había ordenado mediante oficio el giro de estos recursos de excedentes de liquidez a los patrimonios autónomos. Las fiducias debían devolver los dineros en un tiempo no mayor a un año con sus respectivos intereses. Pero esto nunca sucedió.
Lo que se supo en la investigación es que durante los años 2006 y 2007, se registraron multimillonarios recursos por concepto de excedentes de liquidez de regalías petroleras en seis patrimonios autónomos de Fidupetrol y Fiduagraria, modalidad de inversión que no está autorizada por la ley debido a que los patrimonios autónomos fueron constituidos con el objeto de financiar negocios de particulares.
La Corte Suprema de Justicia abrió entonces investigación contra Whitman Porras y lo condenó a 18 años de prisión. En el mismo fallo obligó a Fidupetrol a devolver $22 mil millones a la Gobernación, pero éste no se ha hecho efectivo porque Fidupetrol se declaró en quiebra y “no tiene con qué responder”.
En el fallo condenatorio la Corte Suprema de Justicia concluyó que Porras era responsable porque aprobó la inversión irregular de más de 78 mil millones de pesos en materia de regalías por medio de fiduciarias sin revisar los riesgos financieros y administrativos que estas actividades tenían.
Jaime Useche, jefe de la Oficina de Defensa Judicial de la Gobernación de Casanare, dijo que además de los $22.500 millones que la Corte condenó a Fidupetrol pagarle a Casanare, ésta debe pagarle los rendimientos financieros que están por encima de los $10 mil millones.
“Si Fidupetrol no paga tendremos que recurrir a que paguen los funcionarios de las fiducias y dentro de los procesos se mirará si ellos tienen o no dinero con qué pagar”, dijo Useche.
Lo que sorprende es la falta de una acción jurídica contundente por parte de la Gobernación en procura de recuperar estos dineros.
Aparte de Fidupetrol la Gobernación depositó otros 40 mil millones en Fiduagraria, cuyos dineros no se han podido recuperar en su totalidad. Los patrimonios autónomos los integraban Carbones Likuen Unión temporal, Green Mountain Consulting y Cosacol.
Nueve años después de la fallida inversión en las fiducias, no todos los responsables están detenidos o judicializados. Además de Porras, están respondiendo por su participación en estos hechos, algunos funcionarios de Fiduagraria. Todavía faltan por caer más cerebros de este descalabro.
Casanare espera que el exgobernador Withman Porras le cuente la verdad al departamento, pues en la región se considera que éste no había demostrado la capacidad ni la audacia para liderar las argucias que condujeron al robo de estos dineros de excedentes de liquidez de la tesorería departamental.
