En la tarde de este lunes 2 de junio, la justicia de Guatemala ordenó la captura internacional del embajador de Colombia en el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, y de la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, en el marco de un nuevo expediente del caso Odebrecht, denominado “Acuerdos Fraudulentos”.
La medida también incluye la solicitud de circular roja a Interpol, lo que significaría que ambos funcionarios podrían ser detenidos en cualquier país del mundo. La Fiscalía guatemalteca los señala de asociación ilícita, tráfico de influencias, obstrucción a la justicia y colusión, asegurando que como parte de la CICIG —la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala—, favorecieron presuntamente a la constructora Odebrecht, causando, según el ente acusador, “pérdidas superiores a 3 mil millones de quetzales al Estado guatemalteco”.
Una lista extensa de acusados
La orden de captura fue emitida no solo contra los dos altos funcionarios colombianos, sino también contra otros actores que participaron o apoyaron procesos anticorrupción en Guatemala:
- Mayra Johana Véliz López, exsecretaria general del Ministerio Público.
- Telma Esperanza Aldana Hernández, exfiscal general de Guatemala.
- Luis David Gaitán Arana, exmandatario de la CICIG.
- Juan Pablo Carrasco de Groot, expresidente de la Cámara de Comercio Guatemalteco-Estadounidense (AmCham).
- Los exfiscales de la FECI: Ami Mayra Lissed Girón Rodas y Rudy Manolo Herrera Lemus.
El fiscal Rafael Curruchiche —jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad (FECI)— afirmó en un comunicado que estas personas “formaban parte de una estructura criminal encabezada por Iván Velásquez” y que “pueden ser aprehendidas en cualquier país”.
¿Quiénes son los funcionarios señalados?
Iván Velásquez fue comisionado de la CICIG entre 2013 y 2019, y actualmente se desempeña como embajador de Colombia ante el Vaticano, cargo que asumió en mayo de 2025. Es reconocido a nivel internacional por su lucha contra la corrupción en América Latina, tanto desde la ONU como en la Corte Suprema de Colombia, donde lideró investigaciones por la parapolítica.
Luz Adriana Camargo, por su parte, fue nombrada fiscal general de Colombia en 2024 por el presidente Gustavo Petro. Ha trabajado en procesos penales de alto perfil y fue cercana a Velásquez en su etapa como magistrado auxiliar.
Reacciones en Colombia: rechazo total
El Gobierno colombiano reaccionó con contundencia. A través de la Cancillería, expresó su rechazo absoluto a la orden de captura, señalando que se trata de una retaliación política contra funcionarios que lucharon contra la corrupción.
Petro, en declaraciones públicas, calificó la decisión como un “acto desesperado de quienes fueron desenmascarados por Velásquez y su equipo”, y advirtió que Colombia no dará trámite a ninguna solicitud de extradición.
¿Tienen validez estas órdenes?
Desde el punto de vista jurídico internacional, las órdenes de captura tendrían muy poca aplicación fuera del territorio guatemalteco. Velásquez goza de inmunidad diplomática como embajador, y Camargo, como fiscal general, ostenta un fuero constitucional. Además, ambos actuaron bajo mandatos respaldados por organismos multilaterales como la ONU y el Estado colombiano.
Diversos analistas y defensores de derechos humanos califican la ofensiva judicial como un caso clásico de lawfare: uso de la justicia como herramienta de persecución política, buscando neutralizar a quienes han liderado investigaciones incómodas para el poder.
¿Justicia o revancha política?
La narrativa del Ministerio Público guatemalteco, que hoy sostiene que quienes lideraron la CICIG constituyeron una “estructura criminal”, contrasta con la visión internacional que ha celebrado la labor de la Comisión como un hito en la lucha contra la corrupción en América Latina.
Para muchos, esta nueva arremetida judicial no es un intento por hacer justicia, sino por borrar el legado de quienes incomodaron al poder.
