Voceros de la comunidad denunciaron que “ alcaldesa Lady Patricia Bohórquez ha desalojado y pretende continuar con desalojo forzado y arbitrario a la comunidad asentada en desde hace 8 años en terrenos de Zona de Expansión urbana denominada Bocas de Pore”.
La abogada Zoila Rosa Angulo Rodelo, Líder comunitaria del Movimiento Político MIRA, quien ha venido trabajando en defensa de la comunidad, logró detener con acciones judiciales que el ESMAD practicara el desalojo.
La líder dijo que “ha solicitado a los entes garantes de la defensa de los derechos humanos como Defensoría y Procuraduría para que tomen cartas en el asunto y se han hecho los de la vista gorda permitiendo que la alcaldesa adopte medidas arbitrarias en contra de personas sujetos de especial protección sin el lleno de los requisitos legales. Lady Patricia Bohórquez ha manifestado que a ella no la para nadie, y que el desalojo así sea arbitrario lo hace porque lo hace.
En escrito del 25 de febrero de 2015 la abogada Zoila Rosa Angulo dio a conocer al Gobernador Marco Tulio Ruiz la problemática, en atención a ser la máxima autoridad de Policía Administrativa del Departamento, para que restablezca el orden y garantice el derecho a la tranquilidad y seguridad de los ciudadanos.
“En razón de no encontrar respuesta hago un llamado público para que evite el desalojo forzado y arbitrario que pretende hacer la alcaldesa de Pore, ya que todas los entes garantes y aún el Concejo de Pore se han hecho los de la vista gorda”.
Angulo agregó que el 20 de febrero de 2015 le solicitó al Concejo un control político a la alcaldesa sobre el tema ya que los terrenos no son urbanos como quiere hacer creer el Municipio, y pidió que “ordenara a la alcaldesa la aprobación de los planes parciales y la instalación de los servicios públicos para la comunidad ya que no es prohibición legal que las entidades territoriales inviertan recursos en asentamientos humanos bien sea por invasiones o por loteo o urbanización ilegal, y también se han hecho los de la vista gorda olvidando su deber legal y constitucional”.