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Cuando Montealegre asesoró a Fidupetrol

En 2010 el fiscal Eduardo Montealegre asesoró a Fidupetrol en un proceso en la Contraloría General.

Por: Juan Sebastián Jiménez Herrera /El Espectador

Bien temprano en la mañana el fiscal Eduardo Montealegre hizo un anuncio que agrega un nuevo ingrediente a la controversia que enreda al magistrado Jorge Ignacio Pretelt Chaljub con unos supuestos ofrecimientos al abogado Víctor Pacheco, representante legal de la firma Fidupetrol, para supuestamente ayudarle con una tutela. Por medio de un comunicado, el jefe del ente investigador dio a conocer que se declaraba impedido para hacer parte de las investigaciones por este supuesto tráfico de influencias porque en 2010 asesoró a Fidupetrol en un proceso ante la Contraloría General de la República por una serie de irregularidades cometidas en Casanare.

El impedimento fue presentado ante la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia porque en 2010 Eduardo Montealegre fue “en una oportunidad” consultor de la firma Fidupetrol. “El concepto que se rindió se refería a asuntos jurídicos relacionados con la presunta responsabilidad fiscal de Fidupetrol con ocasión de investigaciones ante la Contraloría. El concepto tuvo como objeto establecer si las fiduciarias en Colombia tienen responsabilidad fiscal ante la Contraloría cuando administran recursos públicos”.

El jefe del ente investigador dijo que, aunque esa consultoría –de, al parecer, $80 millones– tenía como finalidad la defensa de Fidupetrol ante la Contraloría General (CGR) y en esta no se absolvieron consultas sobre índole penal relacionadas con ese caso, se declaraba impedido “para efectos de garantizar la total transparencia en esta investigación y evitar dudas sobre la objetividad, ecuanimidad e imparcialidad”. Por ello, las investigaciones contra Pacheco siguen en manos de Jorge Fernando Perdomo.

 

El concepto de Montealegre

En 2010, cuando Fidupetrol fue asesorada por el exmagistrado de la Corte Constitucional y hoy jefe del ente investigador, la Contraloría apenas iniciaba con sus investigaciones sobre un multimillonario desfalco a Casanare, durante el gobierno de Whitman Herney Porras Pérez. De acuerdo con las investigaciones cerca de $63 mil millones, producto de las regalías que recibe Casanare anualmente, terminaron en manos de seis empresas –Green Mountain Consulting, Chacón Bernal Asociados, Cosacol, U.T. Likuen, Viaducto Muña y el Consorcio Bogotá-Fusa, empresa que, valga decirlo, contaba entre sus accionistas a los cuestionados primos Nule, ya condenados por el carrusel de la contratación en Bogotá, y al exalcalde de Barranquilla, Alejandro Char– gracias a una serie de irregularidades cometidas entre 2006 y 2007 por parte de la Gobernación de Casanare y dos fiducias: Fiduagraria y Fidupetrol. Con el agravante de que todo apuntaba a que los dineros no iban a regresar a las arcas del departamento de Casanare.

En medio de este proceso, Fidupetrol se acercó a Montealegre, quien llevaba ya seis años por fuera de la Corte Constitucional, para preguntarle si la Contraloría podía investigar y sancionar a una fiduciaria por un tema, en su criterio, privado. En su respuesta, conocida por este diario, Montealegre salió a favor de la cuestionada firma al señalar que “puede concluirse que la fiduciaria Fidupetrol, en ningún caso, puede tener responsabilidad fiscal respecto de los dineros que ingresaron al contrato de fiducia suscrito con carbones Likuen” y que para ella “nunca existió una obligación legal, reglamentaria o contractual con la administración y no tuvo poder de decisión sobre las actuaciones de quien constituyó la fiducia”.

Montealegre dijo en ese momento que “la fiduciaria respetó fielmente la normatividad vigente y se ajustó a los deberes que le impone la legislación y el contrato celebrado (…) Es claro que la Contraloría, como máximo órgano de control fiscal, no puede ejercer una acción por esa clase de responsabilidad contra un particular, que no reúna los referidos presupuestos. Si esta entidad lo hiciera, estaría actuando al margen de sus competencias constitucionales. Esto desconocería la garantía fundamental al debido proceso”. Todos estos argumentos fueron posteriormente desvirtuados por la Contraloría, incluso, por la misma Corte Suprema de Justicia.

 

El desfalco a Casanare

Para ese 2010, el exgobernador Porras Pérez ya había sido sancionado por la Procuraduría con 14 años de inhabilidad para ejercer cargos públicos, al igual que su tesorero, Víctor Manuel Alfonso Sánchez, quien fue sancionado con 12 años de inhabilidad y la representante legal de Fiduagraria, María Fernanda Zúñiga Chaux, sobrina del exembajador Juan José Chaux, quien fue suspendida durante un año.

A mediados de 2011, el exmandatario local fue detenido por orden de la Corte Suprema de Justicia. Al año, el 11 de noviembre de 2012, la Contraloría lo halló fiscalmente responsable de la pérdida de, por lo menos, $10 mil millones por cuenta de estas maniobras ilegales. Igualmente fueron sancionados el exsecretario de Hacienda de Casanare, José Hernández Garavito, la representante legal de Fiduagraria, María Fernanda Zúñiga Chaux, y el representante legal de la empresa Green Mountain Consulting, Mario Glessig.

Luego, el 13 de marzo de 2013, la Corte Suprema de Justicia condenó a Porras Pérez a 18 años y 6 meses de prisión. El alto tribunal sostuvo vehemente que el exmandatario “defraudó las expectativas que su imagen de hombre público encarnaba y las que eran ajenas al cargo que desempeñó, poniendo a su servicio personal la función pública y desatendiendo mínimos éticos en el ejercicio de su alta investidura, todo lo cual determina no sólo la necesidad de una condigna sanción, sino además la de realizar las funciones de prevención general de la pena, notificando mediante la sanción que conductas de corrupción administrativa como la acá juzgada merecen el mayor reproche, a fin de prevenir la realización de iguales comportamientos. Resulta igualmente notorio el daño real causado con el delito al departamento, reflejado en la pérdida efectiva de cuantiosos dineros estatales”.

Pero, además, condenó a Fidupetrol a pagarle a Casanare $22.500 millones puesto que, en su criterio, la fiduciaria “fue promotora del negocio ilegal (…) La Corte encuentra que entre la actuación desplegada por Fidupetrol, a través de los funcionarios que la representaban, por cuyo medio a la postre se permitió que el encargo fiduciario sirviera como medio para recibir recursos públicos con los cuales se financiarían operaciones de un particular, es decir, amparando una operación ilegal y altamente riesgosa, y el daño causado al patrimonio público, medió el nexo causal necesario para declararla solidariamente responsable de ellos”. Fiduagraria no fue condenada por un formalismo procesal: porque su representante legal no fue notificado del proceso.

Sin mencionar que el fallo tuvo una particular compulsa de copias que, al parecer, no se ha cumplido. La Corte Suprema dispuso compulsar copias a la Fiscalía para que investigara la posible participación en estos hechos de “las personas jurídicas, consorcios y uniones temporales, finalmente receptores de los dineros públicos, como también de los funcionarios de las entidades fiduciarias que prestaron su concurso en la estructuración de tales negocios y de los intermediarios ya referidos en el cuerpo de esta decisión, que contactaron bien a los empleados de la Gobernación o a los particulares que demandaban del flujo de recursos para sus actividades privadas”, entre ellos, de nuevo los primos Nule, accionistas del Consorcio Bogotá-Fusa.

Luego, el 24 de octubre de 2013, un contralor delegado sancionó a Fidupetrol y al representante legal de la U.T. Likuen, Jimmy Freddy Osorio, por estos hechos. El fallo fue apelado por los abogados de los sancionados. Entre ellos, el exfiscal general encargado Guillermo Mendoza Diago, quien en ese momento representaba a Fidupetrol. En enero de 2014 la Contraloría General confirmó el fallo y dijo, entre otras, que “Fidupetrol contribuyó con su conducta a producirle un daño patrimonial al departamento del Casanare” y a mediados de ese mismo año, la Superintendencia Financiera ordenó su liquidación y luego, ya a inicios del 2015, estalló el escándalo que hoy tiene a la Corte pasando por su peor momento.

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Wilson Duran Duran

Periodista, Director de www.laschivasdelllano.com y www.laschivasdecolombia.com

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