Un duro golpe a la administración municipal de Villa de Leyva se confirmó tras la decisión de una jueza de control de garantías, que envió a prisión al alcalde Víctor Alfonso Gamboa Chaparro. La Fiscalía General de la Nación presentó pruebas contundentes que lo vinculan con presuntos cobros de coimas y presiones ilegales a cambio de facilitar trámites urbanísticos para un proyecto inmobiliario.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción le imputó los delitos de concusión y prevaricato por acción. Aunque el mandatario local no aceptó los cargos, deberá enfrentar el proceso judicial tras las rejas.
Exigencias burocráticas y comisiones del 20 %
Las pesquisas detallan que la red de presiones comenzó el 8 de junio de 2025. El alcalde Gamboa habría obligado a la representante legal de una firma inversionista a contratar a un asesor específico para gestionar las autorizaciones administrativas. No contento con imponer la cuota, tiempo después exigió un aumento de sueldo para su recomendado, quien durante 11 meses cobró cerca de 48 millones de pesos.
El panorama se agravó el 4 de marzo de 2026. Según los audios en poder de los investigadores, el mandatario usó mensajes de voz para exigirle a la empresaria 112 millones de pesos en efectivo, suma que equivalía al 20 % del valor total de la ampliación de la licencia de construcción. Horas más tarde, mediante una llamada, el alcalde intentó echar atrás la pretensión económica.
Retaliaciones y multas millonarias: la caída del proyecto
Ante la negativa de la constructora de ceder a las extorsiones, la administración municipal habría iniciado una persecución jurídica. El expediente señala que el 6 de marzo, actuando bajo una clara «desviación del poder» y en conflicto de intereses, el alcalde firmó una resolución como represalia.
Este acto administrativo desencadenó un efecto dominó que frenó el proyecto inmobiliario:
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La Secretaría de Planeación y Ordenamiento Territorial negó la ampliación de la licencia de construcción.
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El inspector Segundo de Convivencia y Paz del municipio le clavó a la empresa una multa de 232 millones de pesos.
El proceso penal avanza con el mandatario privado de la libertad, en un caso que vuelve a poner la lupa sobre los manejos de los planes de ordenamiento y el desarrollo urbanístico en los municipios turísticos de Boyacá.
