La declaración de culpabilidad representa un cambio fundamental en la posición de Saab ante la justicia estadounidense.
Después de haberse declarado inicialmente no culpable, admitió ante una corte federal de Miami su responsabilidad por conspiración para lavar dinero y renunció a llevar el caso a juicio.
“Esto es un cambio en el sentido de que él entrega su derecho de ir a juicio y sus derechos constitucionales. Esto es de suma importancia”, explicó a Martí Noticias el abogado criminalista Arturo Hernández, al analizar las implicaciones del acuerdo.
Los nombres que aparecen en el expediente
El documento también identifica a varias personas que, según el relato de los hechos, participaron en el esquema.
Entre ellas aparece José Gregorio Vielma Mora, quien para la época de los hechos era gobernador del estado Táchira. También son mencionados Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano.
Según los hechos aceptados como parte del acuerdo, Saab y sus asociados participaron en un esquema relacionado con contratos del CLAP (Comités Locales de Abastecimiento y Producción), un programa de distribución de alimentos subsidiados creado por el gobierno de Nicolás Maduro en abril de 2016, en medio de una grave crisis económica y escasez de comida de alimentos.
El expediente judicial señala 17 millones de dólares en sobornos destinados a Vielma Mora.
Una amplia obligación de cooperación
Otra de las claves está en el compromiso asumido por Saab de cooperar con las autoridades estadounidenses.
El acuerdo establece que deberá proporcionar información y testimonio veraces y completos, así como entregar documentos, registros y otras pruebas que le sean requeridos. Esa obligación puede incluir su comparecencia en juicios u otros procedimientos en los que el gobierno estadounidense solicite su participación.
Para Hernández, esa cláusula adquiere especial relevancia por la relación que Saab mantuvo durante años con el poder en Venezuela.
“Es muy obvio que la cooperación más importante que él puede rendir es en contra del exmandatario Nicolás Maduro”, afirmó el abogado.
El documento, sin embargo, no establece que Nicolás Maduro sea objetivo de la cooperación de Saab ni señala que este vaya a testificar específicamente en su contra. Esa posibilidad forma parte del análisis de Hernández sobre las consecuencias que podría tener el acuerdo.
“El gobierno tiene, por supuesto, un interés increíble en que Nicolás Maduro o acepte responsabilidad con los cargos o, si va a juicio, de que el gobierno tenga testigos muy íntimamente conectados a Nicolás Maduro que puedan venir a testificar y dar evidencia a favor del gobierno”, agregó.
$195 millones y una posible reducción de la condena
El componente económico constituye otra pieza importante del acuerdo. Saab aceptó el decomiso de 195 millones de dólares vinculados al esquema y deberá proporcionar información sobre su situación financiera y los bienes sujetos a confiscación.
Saab enfrenta una pena máxima de 20 años de prisión, aunque su cooperación con las autoridades podría ser considerada por la Fiscalía al momento de formular su recomendación de sentencia ante la corte.
“A él le van a dar crédito por tiempo servido, comenzando en el año 2021 cuando fue arrestado”, señaló Hernández.
¿Qué ocurrirá con Saab después?
El abogado también plantea una interrogante que podría adquirir relevancia una vez concluya el proceso penal: el futuro migratorio de Saab.
“No es un individuo que puede ser deportado ni a Venezuela, me parece a mí, ni tampoco veo que va a ser deportado a Colombia […] porque él está creando enemigos muy grandes en su colaboración a favor de los Estados Unidos”, sostuvo Hernández.
Se trata de una apreciación del abogado y no de una disposición contenida en el acuerdo de culpabilidad. Cualquier eventual modificación del estatus migratorio de Saab dependería de decisiones posteriores de las autoridades estadounidenses.
Por ahora, el documento establece un cambio sustancial en el caso: Saab pasa de prepararse para enfrentar un juicio a convertirse en acusado confeso con obligaciones de cooperación con la justicia estadounidense, mientras queda por determinar hasta dónde llegará la información y el testimonio que pueda proporcionar a los fiscales.
