El alcalde es el responsable de garantizar la tranquilidad, convivencia y seguridad de la población.

Así lo señala la secretaria de gobierno departamental Marlén Gutiérrez Oropesa, en la convocatoria a una capacitación dirigida a los alcaldes, secretarios de gobierno, personeros y otras autoridades de carácter municipal y departamental que tengan a su cargo la misión de verificar y evaluar las situaciones de riesgo que puedan generar violaciones a los derechos a la vida, libertad, integridad y seguridad personal, e infracciones a las normas del derecho internacional humanitario.

El taller de capacitación se iniciará este viernes 20 de septiembre a las 8 de la mañana en el auditorio de la Casa Fiscal de Casanare y será dirigido por la Comisión Intersectorial de Alertas tempranas CIAT, un organismo del Estado, mediante el cual, a través del Ministerio del Interior y la Defensoría del Pueblo, se toman las acciones por parte de las autoridades civiles, la policía, el ejército y otros organismos de control, frente a eventos que puedan ocasionar la alteración del orden público, la seguridad ciudadana o la vulneración de los derechos humanos en determinada área de la nación.

De acuerdo a lo explicado por la secretaria de gobierno de Casanare, en el taller se explicarán las funciones, competencias y responsabilidades de cada una de las entidades para que, ante los eventos, permitan tomar acciones de prevención y atención para evitar la amenaza contra la población civil.

Frente al tema, el gobernador del departamento, Marco Tulio Ruiz, resaltó la importancia de que los alcaldes, secretarios de gobierno municipal y personeros asistan a este taller, pues se trata de diseñar mecanismos efectivos de prevención en temas de seguridad y protección de los derechos humanos, al cual deben confluir las entidades del Estado en los ámbitos nacional, regional y municipal, para garantizar la tranquilidad, convivencia y seguridad de la población y emitir recomendaciones al Ministro del Interior y de Justicia, orientadas a prevenir, contrarrestar, conjurar o mitigar las amenazas y/o riesgos en contra de la población civil y a disminuir las vulnerabilidades señaladas en los Informes de Riesgo y las Notas del Seguimiento, remitidos por la Defensoría del Pueblo, o la información proveniente de cualquier autoridad competente, que advierta la existencia de un eventual riesgo.