A raíz de la decisión de la Corte Constitucional de permitir la rebaja de pena para los violadores de menores de edad, varias propuestas han surgido para impedir nuevas víctimas de los eventuales liberados de las cárceles por este flagelo. (Lea: Rebajas de pena y beneficios judiciales sí aplican para abusadores de niños)
El senador huilense Rodrigo Villalba revivió el polémico tema de la castración química para todos los abusadores sexuales y así evitar nuevas víctimas.
De acuerdo a la propuesta del congresista liberal, lo mejor es que a su salida del centro carcelario, los violadores sean sometidos a la castración química para evitar que reincidan y afecten a más menores.
Esta alternativa, a juicio de Villalba, puede contrarrestar los efectos adversos del fallo de la Corte Constitucional de permitir reducir las penas a estas personas.
“La castración química consiste en inyectar el medicamento ‘Depo-Provera’ que bloquea la producción de testosterona e inhabilita el deseo sexual para impedir que los violadores, pederastas y otros delincuentes sexuales reincidan”, indicó.
Este procedimiento no es nuevo, se ha utilizado en el pasado en algunas partes del mundo y en Estados Unidos se experimentó en seis estados.
“Nunca el derecho o los beneficios de los criminales pueden estar por encima de los derechos de las víctimas y menos si se trata de un menor de edad. Los violadores de niños deben pagar la totalidad de la pena en prisión efectiva porque así lo dice la ley y porque son un peligro para la sociedad”, destacó.
En septiembre de 2012 el senador Roy Barreras Montealegre de nuevo propuso la posibilidad de la castración química a los violadores que en 2007 ya había promovido y se hundió en el Congreso.
“En el mundo está establecida una medida médica de bloqueo hormonal para aquellas personas que siendo sicópatas violadores reincidentes puedan salir libres tras las decisiones de los jueces”, argumentó en ese momento.
El proyecto establecía que este tratamiento se cumpliría en clínicas especializadas o centros clínico-siquiátricos como parte de una atención especializada, que sería diseñada, dirigida y orientada por el Ministerio de Salud para prevenir la reincidencia en el delito. La iniciativa finalmente fue hundida al no ser acogida por los legisladores.
