La reforma política del Gobierno del presidente Gustavo Petro, el eje angular de lo que será la competencia por el poder regional en el 2023, está cargada de gabelas para los congresistas y sus partidos políticos, lo que –más allá de la conveniencia de algunos de sus apartados– ha facilitado su trámite por el Congreso.
De hecho, la plenaria del Senado avaló este martes el segundo de los ocho debates que debe surtir en el Capitolio –por ser una reforma constitucional– y en el articulado quedó incluido todo un cambio en el sistema político: los congresistas pueden renunciar a sus curules para ser ministros sin ningún tipo de inhabilidad.
Eso se había intentado en proyectos similares en gobiernos anteriores, pero solo hasta ahora se logró obtener vía libre para esta gabela política.
En efecto, se le abre la puerta a los congresistas para que puedan ser ministros o, incluso, ocupar otros cargos públicos, a través de la modificación del régimen de inhabilidades. Y lo hacen levantando el veto que tiene un legislador de 12 meses para que –después de retirarse del Capitolio– pueda acceder a un cargo en el Ejecutivo.
“Las incompatibilidades de los congresistas tendrán vigencia durante el período constitucional respectivo. En caso de renuncia, se mantendrán durante el año siguiente a su aceptación, si el lapso que faltare para el vencimiento del período fuere superior, excepto para el desempeño de cargo o empleo público previsto en el numeral 1 del artículo 180, caso en el cual solo deberá mediar la renuncia”, se lee en el artículo 6 de la reforma política de Petro.
Cabe recordar que, por ejemplo, el actual presidente del Senado, Roy Barreras, sonó con fuerza durante las presidenciales como aspirante al Ministerio del Interior durante el Gobierno del Pacto Histórico. Y ahora, como ponente de la reforma política, es defensor de esa propuesta. ¿Habrá algún interés detrás?
Y el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical (partido que se declaró en independencia), aseguró que eso atenta contra la separación de poderes que estableció la Constitución del 91.
Pero ahí no para todo. Para poder facilitar la reconfiguración de los partidos de cara a las regionales del próximo año, pero no por las personas sino por los votos que pueden jalar hacia los intereses del Pacto Histórico para que el poder en alcaldías y gobernaciones también gire a la izquierda, se avaló el transfuguismo.
El artículo con el que el petrismo quiere ‘morderles’ militantes a otras colectividades quedó así: “Quien siendo miembro de una corporación pública decida presentarse a la siguiente elección, por un partido distinto, deberá renunciar a la curul y al partido al menos 6 meses antes del primer día del inicio del periodo de inscripción”.
Prada, en su momento, aseguró que lo que se quiere es darles “esa posibilidad que tienen los miembros de los partidos políticos por una sola vez para cambiarse de colectividad; eso tiene un sentido cuando hay un número de partidos como lo tenemos en Colombia y el surgimiento de otros que se arman sobre la marcha”.
Otra de las gabelas que se les dan a los partidos está relacionado con la financiación de las campañas. La reforma que avanza en el Congreso, y que ahora pasa a discusión en la comisión Primera y en la plenaria de la Cámara –por aparte–, implica que las campañas sean en su mayoría solventadas por el Estado.
Pero la nuez está en que se le da el manejo a los partidos políticos para que distribuyan esa financiación entre sus candidatos, lo que en plata blanca es que el jefe de la colectividad –o los caciques– decidan a quién le giran y cuánto le dan. Por eso, se intentó que las listas sean cerradas por al menos dos periodos, pero eso fue objeto de una dura polémica en el Senado. Barreras y el senador JotePe Hernández se lanzaron duros improperios por ese tema, siendo ambos de la coalición del Pacto.
Finalmente, y entre otros temas, se dejó que los cargos colegiados de elección popular sean ocupados por personas que no pasen de tres periodos consecutivos. Esto aplica para Congreso, asambleas, concejos y juntas de acción local. “Es imposible que en el 23 se aplique esta reforma”, precisó la senadora del Centro Democrático Paola Holguín.
Por último, el Senado negó el artículo que volvía el voto obligatorio, pero –en paralelo– sirvió para que el Gobierno de Petro dejara un mensaje claro.
“Fuimos elegidos constitucionalmente para 4 años y, como proyecto político, a los 4 años nos retiraremos del poder, como siempre lo señaló el presidente Petro”, concluyó el ministro Prada.
Fuente: El Colombiano
