Una nueva dilación se registró en el proceso judicial contra Sandra Ortiz, exconsejera presidencial para las Regiones, en medio del escándalo de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), luego de que fuera suspendida la audiencia en la que se buscaba su libertad por vencimiento de términos.
La diligencia, considerada clave dentro del proceso, no pudo avanzar como estaba previsto, lo que abre nuevamente el debate sobre los tiempos judiciales y las garantías procesales en este caso de alto impacto nacional.
La defensa de Ortiz ha insistido en que se habrían superado los plazos legales para mantenerla privada de la libertad, argumento con el que busca que se le conceda la libertad por vencimiento de términos. Sin embargo, decisiones previas de la justicia han señalado que dichos tiempos no se han cumplido, al no alcanzarse el mínimo requerido por la ley.
El proceso ha estado marcado por aplazamientos y suspensiones, algunos de ellos solicitados por la misma defensa, lo que ha generado controversia sobre a quién se le atribuye la responsabilidad en la prolongación de los términos judiciales.
Sandra Ortiz permanece privada de la libertad mientras avanza la investigación en su contra por presunta participación en el entramado de corrupción de la UNGRD, uno de los escándalos más relevantes del país en los últimos años. La Fiscalía le atribuye delitos como lavado de activos y tráfico de influencias, cargos que la exfuncionaria ha rechazado.
El caso continúa en etapa preparatoria de juicio, en medio de una intensa disputa jurídica por los tiempos procesales, que ahora cobra mayor relevancia tras la suspensión de esta audiencia.
El futuro inmediato de Ortiz dependerá de la reprogramación de la diligencia y de la decisión que adopte el juez frente a la solicitud de libertad, en un proceso que sigue captando la atención del país.
