El Consejo de Estado admitió la demanda contra los resultados del plebiscito. Demandantes alegan que hubo “violencia psicológica” contra los electores.
Luego de analizar la información que se divulgó sobre el plebiscito que se votó el pasado 2 de octubre, cuyo fin era refrendar o no los acuerdos con las Farc, el Consejo de Estado llegó a la conclusión de que “la información que se suministró al electorado en la fase definitiva de campaña reflejó una total tergiversación, en muchos de sus aspectos neurálgicos, del contenido del acuerdo sometido a votación el 2 de octubre de 2016”.
Así lo consideró la magistrada Lucy Jeannette Bermúdez, miembro de la Sección Quinta del Consejo de Estado –que se encarga de asuntos electorales-, a cuyo despacho llegó la demanda que, el pasado 12 de diciembre, llegó a su despacho luego de que el Tribunal Administrativo de Nariño considerara que esa demanda no era de su competencia.
Los demandantes, dos abogados de nombre William Calvachi y David Narváez, armaron el documento con base en un argumento clave: las declaraciones que dio Juan Carlos Vélez al diario La República, admitiendo que la campaña por el No había estado llena de afirmaciones engañosas para generar indignación. Fue de tal tamaño el lío que generaron esas confesiones que Vélez terminó renunciando al Centro Democrático, rectificándose y ofreciendo excusas a sus compañeros.
Sin embargo, en el auto que se profirió este mismo lunes, el Consejo de Estado sí le ordenó al Congreso y al presidente “avanzar con la implementación del actual ‘Acuerdo Final para la Terminación del Conflicto y la Construcción de una Paz Estable y Duradera’, haciendo uso de las sesiones extraordinarias y de los mecanismos que facilita el fast track: la autorización de la Corte Constitucional para reducir el número de debates en el Congreso con el fin de aprobar las leyes de implementación del acuerdo mucho más rápido.
Igualmente, el Consejo de Estado le pidió a la Corte Constitucional que “priorice la resolución de las demandas de constitucionalidad en las que deba pronunciarse expresamente sobre la vigencia del acto legislativo 01 de 2016”, es decir, del fast track. De esa forma, se establecería del todo si el Congreso puede recurrir a ese camino para implementar el acuerdo con las Farc.
