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Revuelo por petición de abrir proceso a Uribe por masacre de El Aro

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Un nuevo debate político abrió este martes la Fiscalía alrededor del expresidente Álvaro Uribe, tras conocerse que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que determine si debe abrirse una investigación al hoy senador, por presunta omisión como gobernador de Antioquia para evitar la masacre cometida por paramilitares en El Aro, corregimiento de Ituango.

En la matanza, ocurrida en octubre de 1997 y comandada por Salvatore Mancuso, perdieron la vida 15 personas y varias familias fueron desplazadas del lugar luego de sufrir la destrucción de sus casas.

 Este martes, los seguidores de Uribe salieron a denunciar una supuesta persecución política de la Fiscalía.

Hace solo dos semanas, el fiscal general, Eduardo Montealegre, había levantado otra polémica al sugerir que el expresidente Uribe podía ser citado por la Jurisdicción Especial para la Paz, que se crearía tras la firma de un acuerdo final con las Farc.

El propio presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el tema y dijo que la Jurisdicción para la Paz no modifica el fuero de los expresidentes.

Según la Fiscalía, su petición a la Corte Suprema para que estudie si debe investigarse a Uribe se basa en un testimonio del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias don Berna.

Precisamente, el expresidente reaccionó diciendo: “Como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi gobierno, en calidad de testigo electoral en mi contra”. Y este martes, en declaraciones a RCN TV, afirmó: “El señor conocido como ‘Cuco Vanoy’ (exjefe ‘para’) le dio una declaración hace poco a la Fiscalía sobre El Aro (…). Él asume responsabilidad por la masacre (…). Le preguntan por mi hermano (Santiago) y por mí.Dice que nada teníamos que ver. Y esto, el señor Fiscal se lo debería haber compulsado a la Corte; esto sí no lo compulsa”.

Sobre el tema, el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, acusó al fiscal Montealegre de ser el “perseguidor en jefe de la oposición legítima y democrática de Colombia”.

Por su parte, el procurador general, Alejandro Ordóñez, fue más allá y atribuyó la decisión del fiscal Montealegre a una imposición de la guerrilla. “Las Farc siempre han colocado como condición para firmar la paz la judicialización del expresidente Álvaro Uribe”, le dijo Ordóñez a RCN Radio.

También la exministra Marta Lucía Ramírez criticó a la Fiscalía y dijo que “demuestra que su objetivo, más que la justicia, es enjuiciar a Uribe”.

Hasta este martes, la Corte Suprema –según dijeron fuentes del tribunal– no había recibido los documentos en los que la Fiscalía pide investigar a Uribe.

En el alto tribunal afirmaron que cuando los documentos lleguen evaluarán si abren indagación preliminar para establecer la veracidad de las denuncias y para determinar si existen méritos para abrir un proceso formal.

El caso de El Aro

Desde el inicio de los procesos en Justicia y Paz –jurisdicción a la que se acogieron los paramilitares desmovilizados para obtener penas alternativas–, hubo testimonios según los cuales un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló El Aro mientras se cometía la masacre.

En su momento, Mancuso confesó su responsabilidad en la matanza y dijo que el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, sabía de la masacre, pero que desconocía si Uribe tenía conocimiento del hecho. Uribe también se quejó este martes de que lo acusen de provocar el accidente en el que murió Moreno.

Como Mancuso, otros dos exjefes paramilitares recibieron sentencias condenatorias por la masacre de El Aro: Carlos Castaño y Francisco Villalba, cuyas muertes impidieron que salieran a la luz los nombres de políticos y militares que supuestamente habrían estado detrás de la masacre.

Sobre esto, Uribe dijo anoche: “Villalba salió de la cárcel y lo asesinaron. Le pregunté, preocupado, al general (Óscar) Naranjo, entonces director de la Policía, siendo yo Presidente, y me dice que fue por cuentas entre criminales”.

Investigarán contratos de Fiscalía

El procurador Alejandro Ordóñez anunció que creará una comisión especial para investigar las presuntas irregularidades de la Fiscalía en una contratación de asesorías que asciende a 10.000 millones de pesos.

Entre estas están la de la politóloga Natalia Springer y la del juez español Baltasar Garzón. Según Ordóñez, al Ministerio Público han llegado al menos 10 quejas relacionadas con estas contrataciones.

EL TIEMPO

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judicial

Desde el domingo 6 de diciembre, vuelven visitas a las cárceles colombianas

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El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, informaron que este domingo seis de diciembre se realizará el primer plan piloto para que las visitas vuelvan a las cárceles del país.

Después de 9 meses de estar prohibidas las visitas en los centros penitenciarios por la pandemia de la Covid-19, desde este domingo 6 de diciembre los privados de la libertad podrán recibir visitas de sus familiares y amigos,

Las autoridades del país establecieron las condiciones para poder llevar a cabo con éxito el primer piloto, las cuales son. cumplir con un aforo máximo de 50 personas, entre internos, visitantes y custodios, los visitantes deberán estar previamente inscritos para poder ingresar, entre otras.

Por último, el Ministerio de Justicia y el INPEC manifestaron que dependerá del comportamiento de los reclusos y de los visitantes para que en el 2021 continúen las visitas.

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Colombia

Juez ratificó que viajeros si deberán presentar prueba negativa de Covid para ingresar al país

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El juzgado 11 administrativo de oralidad de Bogotá respondió este jueves a las preguntas enviadas por el Ministerio de Salud, en las que pedía aclarar el fallo que ordena al país exigir el resultado negativo de la prueba de Covid-19 a los viajeros, así como la de cumplir una cuarentena.

El juzgado ratificó su decisión y le ordenó al MinSalud exigir el resultado negativo de la prueba PCR a todas las personas que quieran ingresar a Colombia, así como cumplir la cuarentena de 14 días en el lugar de vivienda o alojamiento previsto con antelación por cada viajero.

El togado explicó que estas medidas se deben mantener hasta que al país no llegue una vacuna segura y eficaz en contra del virus, cuando se cumpla con los factores de análisis que faciliten la toma de decisión, de acuerdo con lo indicado por la OMS, relacionados con la epidemiología y cuando el Gobierno Nacional decrete que la emergencia sanitaria terminó.

En el fallo del togado también se determinó que la prueba se la deben tomar todos las personas que deseen ingresar al territorio nacional, incluidos los menores de 2 años.

CABLENOTICIAS

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Economía

Salvavidas al turismo va a sanción presidencial

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Con una amplia mayoría, la plenaria del Senado aprobó en último debate el nuevo marco regulatorio para el sector del turismo. El Proyecto del Gobierno y de iniciativa legislativa, contiene beneficios económicos, estímulos tributarios territoriales y ofrece nuevos lineamientos en materia de desarrollo sostenible, protección del empleo y generación de ingresos.

“Esta es una reforma necesaria y urgente que busca la sostenibilidad, la formalización y la recuperación de la industria turística del país. Además, busca modernizar el marco regulatorio para que el turismo se adapte a los nuevos contextos y realidades del sector y de las regiones”, dijo la senadora Amanda Rocío González, autora y ponente del proyecto que pasa a sanción presidencial.

Por otra parte, el texto contempla que el Fondo Nacional del Turismo ejecutará USD 1 dólar de cada impuesto nacional con destino al turismo recaudado para la promoción y el fortalecimiento de la competitividad en el departamento de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

Al respecto del impuesto sobre las ventas (IVA), la norma contempla su reducción al 5% para los tiquetes aéreos de pasajeros, servicios conexos y la tarifa administrativa asociada a la comercialización, la exención del impuesto para los servicios de hotelería y turismo, la exclusión del mismo para la comercialización de artesanías colombianas y en contratos de franquicia para el expendio de comidas y bebidas.

La Senadora casanareña se mostró satisfecha porque la norma estipula la reducción de las tarifas del impuesto nacional al consumo al cero por ciento (0%) para bares y restaurantes hasta el 31 de diciembre de 2021 y porque los concejos municipales y distritales podrán, durante las vigencias 2021 y 2022, otorgar reducciones en los impuestos territoriales a los contribuyentes prestadores de servicios turísticos.

“La industria representa el 3,8 % del PIB nacional y el 7,8 % del empleo. Además, genera 2’300.000 empleos que están en el vilo y el sector reporta $18 billones en pérdidas. Mediante la nueva norma presentamos soluciones a corto, mediano y largo plazo”, concluyó Amanda Rocío.

En la Plenaria Mixta, también aprobó la conciliación del Proyecto ‘Vacunas para Todos’ y va a sanción presidencial. La iniciativa busca que la vacuna para la Covid-19 y otras pandemias sea gratuita para los colombianos.

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