Un nuevo debate político abrió este martes la Fiscalía alrededor del expresidente Álvaro Uribe, tras conocerse que compulsó copias a la Corte Suprema de Justicia para que determine si debe abrirse una investigación al hoy senador, por presunta omisión como gobernador de Antioquia para evitar la masacre cometida por paramilitares en El Aro, corregimiento de Ituango.
En la matanza, ocurrida en octubre de 1997 y comandada por Salvatore Mancuso, perdieron la vida 15 personas y varias familias fueron desplazadas del lugar luego de sufrir la destrucción de sus casas.
Hace solo dos semanas, el fiscal general, Eduardo Montealegre, había levantado otra polémica al sugerir que el expresidente Uribe podía ser citado por la Jurisdicción Especial para la Paz, que se crearía tras la firma de un acuerdo final con las Farc.
El propio presidente Juan Manuel Santos se pronunció sobre el tema y dijo que la Jurisdicción para la Paz no modifica el fuero de los expresidentes.
Según la Fiscalía, su petición a la Corte Suprema para que estudie si debe investigarse a Uribe se basa en un testimonio del exjefe paramilitar Diego Fernando Murillo, alias don Berna.
Precisamente, el expresidente reaccionó diciendo: “Como que se buscaron ahora a uno de los peores criminales, extraditado por mi gobierno, en calidad de testigo electoral en mi contra”. Y este martes, en declaraciones a RCN TV, afirmó: “El señor conocido como ‘Cuco Vanoy’ (exjefe ‘para’) le dio una declaración hace poco a la Fiscalía sobre El Aro (…). Él asume responsabilidad por la masacre (…). Le preguntan por mi hermano (Santiago) y por mí.Dice que nada teníamos que ver. Y esto, el señor Fiscal se lo debería haber compulsado a la Corte; esto sí no lo compulsa”.
Sobre el tema, el director del Centro Democrático, Óscar Iván Zuluaga, acusó al fiscal Montealegre de ser el “perseguidor en jefe de la oposición legítima y democrática de Colombia”.
Por su parte, el procurador general, Alejandro Ordóñez, fue más allá y atribuyó la decisión del fiscal Montealegre a una imposición de la guerrilla. “Las Farc siempre han colocado como condición para firmar la paz la judicialización del expresidente Álvaro Uribe”, le dijo Ordóñez a RCN Radio.
También la exministra Marta Lucía Ramírez criticó a la Fiscalía y dijo que “demuestra que su objetivo, más que la justicia, es enjuiciar a Uribe”.
Hasta este martes, la Corte Suprema –según dijeron fuentes del tribunal– no había recibido los documentos en los que la Fiscalía pide investigar a Uribe.
En el alto tribunal afirmaron que cuando los documentos lleguen evaluarán si abren indagación preliminar para establecer la veracidad de las denuncias y para determinar si existen méritos para abrir un proceso formal.
El caso de El Aro
Desde el inicio de los procesos en Justicia y Paz –jurisdicción a la que se acogieron los paramilitares desmovilizados para obtener penas alternativas–, hubo testimonios según los cuales un helicóptero de la Gobernación de Antioquia sobrevoló El Aro mientras se cometía la masacre.
En su momento, Mancuso confesó su responsabilidad en la matanza y dijo que el entonces secretario de Gobierno de Antioquia, Pedro Juan Moreno, sabía de la masacre, pero que desconocía si Uribe tenía conocimiento del hecho. Uribe también se quejó este martes de que lo acusen de provocar el accidente en el que murió Moreno.
Como Mancuso, otros dos exjefes paramilitares recibieron sentencias condenatorias por la masacre de El Aro: Carlos Castaño y Francisco Villalba, cuyas muertes impidieron que salieran a la luz los nombres de políticos y militares que supuestamente habrían estado detrás de la masacre.
Sobre esto, Uribe dijo anoche: “Villalba salió de la cárcel y lo asesinaron. Le pregunté, preocupado, al general (Óscar) Naranjo, entonces director de la Policía, siendo yo Presidente, y me dice que fue por cuentas entre criminales”.
Investigarán contratos de Fiscalía
El procurador Alejandro Ordóñez anunció que creará una comisión especial para investigar las presuntas irregularidades de la Fiscalía en una contratación de asesorías que asciende a 10.000 millones de pesos.
Entre estas están la de la politóloga Natalia Springer y la del juez español Baltasar Garzón. Según Ordóñez, al Ministerio Público han llegado al menos 10 quejas relacionadas con estas contrataciones.
EL TIEMPO
