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Economía

Quién es el culpable? Tragedias ambientales en un país de leguleyos

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Expertos dicen que para entender lo que sucedió en Casanare es necesario analizar series de datos de al menos 30 años.

Por: Pablo Correa

 Tragedias ambientales en un país de leguleyos

Sin embargo, los entes de control, como Fiscalía, Contraloría y comisiones del Congreso, parecen haberse lanzado a una cacería de brujas.

“El día 21 de marzo usted señaló que la emergencia en Casanare se debe a la mala utilización de recursos naturales. Sírvase remitir el modelo en que se basó para hacer dicha afirmación”. Esta era una de las decenas de preguntas, muchas de ellas completamente desatinadas, que llovieron sobre el escritorio del director del Ideam, Ómar Franco, esta semana.

A una gran parte del equipo técnico de la institución encargada de monitorear y estudiar la hidrología, meteorología y demás aspectos ambientales del país, no le quedó más remedio que abandonar sus tareas para sentarse a responder la avalancha de solicitudes de la Fiscalía, la Contraloría y las comisiones quintas de Senado y Cámara, sin contar los cuestionarios que algunos senadores enviaron por su propia cuenta.

Pero Franco no fue el único que padeció la reacción excesiva de las entidades de control y los políticos tras conocerse la dura sequía que afecta al municipio de Paz de Ariporo en Casanare y sobre la que, por cierto, se había advertido el 22 de enero. Mientras centenares de chigüiros, vacas y tortugas morían deshidratados en las agrietadas y polvorientas sabanas, los campesinos de la región se sometieron al interrogatorio de 20 agentes del CTI y la Fiscalía 17 Especializada que viajaron desde Bogotá, Villavicencio y Tunja.

El grupo enviado a “campo” por la Fiscalía tenía la misión de ir de finca en finca “recolectando elementos materiales probatorios frente al daño ambiental que se ha registrado en los últimos meses en dicha zona del país”. La tarea también incluía los registros de la Cámara de Comercio de las empresas. En busca de los “responsables de estos hechos”, pasaron al banquillo los directivos de Corporinoquia y el gobernador del Departamento, Marco Tulio Ruiz, que lleva apenas ocho meses en el cargo.

Era difícil no hacerse un montón de preguntas ante el anuncio de una “investigación exhaustiva” en una situación donde parecen estar en juego unos actores locales y un modelo de desarrollo económico regional, pero también toda la dinámica atmosférica del planeta y posiblemente el cambio climático.

¿Son capaces estos funcionarios de generar o al menos recolectar la información necesaria para entender la compleja ecología de una región como la Orinoquia? ¿Qué los hizo creer que existen culpables con nombres y apellidos? ¿Por qué aparecen ahora cuando desde enero había alertas sobre la sequía que se aproximaba? ¿Cómo piensan establecer una relación entre el patrón de lluvias de la región, la extracción de agua por parte de las empresas petroleras, los sistemas de riego de los arroceros, el impacto de la ganadería y las tasas de deforestación?

“Ahora llegan todos los funcionarios a dar declaraciones. Y no han hecho un carajo”, dice rabioso el exministro de Medio Ambiente Manuel Rodríguez Becerra. “Es una locura ver a la Unidad de Delitos Ambientales de la Fiscalía metida en esto. Es una actitud de ‘busquemos al culpable’. El culpable es una política mal orientada de desarrollo”.

El exministro, autor junto con otros seis expertos del libro La mejor Orinoquia que podemos construir, dice que se reunió con los últimos cinco ministros de Medio Ambiente del país para convencerlos de la necesidad de crear una política sostenible. Ninguno hizo un esfuerzo en ese sentido. Y el Conpes para la Orinoquia nunca pasó de un borrador.

“¿A quién va a acusar la Fiscalía?”, se pregunta José Yunis, representante en Colombia de la organización ambiental The Nature Conservancy. “No sabemos qué pasó. Algo en los sistemas naturales no funciona como antes y hay que determinar qué es”. Pero sea lo que sea que está pasando en estas sabanas, Yunis está convencido de una cosa: “La reflexión más importante es repensar el modelo económico para la región”.

Julio Carrizosa, un veterano ambientalista exdirector del Inderena, añade un buen punto al debate: “Muchas de las cosas de los abogados son simplificaciones, se trata de simplificar todo. A través del pensamiento jurídico es difícil aproximarse a la complejidad ambiental”. Carrizosa coincide con el director del Ideam, Ómar Franco, en que el camino para aclarar lo que está sucediendo en Casanare es echar mano de datos de al menos tres o cuatro décadas. Pero esa es una tarea difícil. Buena parte de la información que se necesita quizás ni exista. En todo caso, para Carrizosa, lo de Casanare es un problema que no se puede entender sin climatólogos, hidrólogos, geólogos, ecólogos y biólogos.

En la rueda de prensa que ofreció el jueves la fiscal Gloria Rangel, jefa de la Unidad de Delitos Ambientales, un periodista de El Espectador le planteó esta crítica al papel de los organismos de control en una tragedia ambiental como la actual.

“La Fiscalía tiene una misión institucional que es investigar hechos que puedan considerarse delitos”, argumentó Rangel, “y tiene la misión de aportar todo lo que tenga que ver con política criminal. La Fiscalía quiere aportar a la política criminal en lo ambiental”. La funcionaria explicó que, más allá de llevar a personas a la cárcel por casos como este, lo que se busca es que “haya una reparación ambiental. Si los responsables no lo hacen, nosotros podemos exigir, a través de acción penal, reparación del daño ocasionado”.

Uno de los primeros llamados a mostrar papeles esta vez fue el gobernador de Casanare, Marco Tulio Ruiz. Luego de cuatro horas desempolvando actas de reuniones y tratando de demostrar a los funcionarios de la Fiscalía que no tuvo la culpa ni por acción ni por omisión, sentenció: “Culpables somos todos, porque todos destruimos el ambiente de una o otra forma. Arroceros, petroleros, palmicultores, todos…”. Y le recordó a los funcionarios de la Fiscalía que el 97% del territorio del municipio fue concesionado por el Gobierno Nacional para la explotación de petróleo.

Julio Carrizosa cree que la actitud de los organismos de control esta vez “ha sido ingenua”, y señala que “cuando pasas esto por el matiz jurídico, disminuyes la importancia del conocimiento científico”.

 ¿Quién estudia esta vaina?

Colombia es un país donde pululan los administradores y los abogados, pero escasean profesionales formados en ciencias básicas para producir información científica valiosa en torno a estos y muchos otros problemas. Basta mirar las cifras del Observatorio Laboral del Ministerio de Educación para darse cuenta de que somos un país de abogados y administradores, en tiempos donde se necesita un profundo conocimiento de la biodiversidad y los recursos naturales.

En el top diez de las carreras que más estudian los jóvenes colombianos aparece, en primer lugar, administración de empresas, con 13.448 graduados en 2012, seguida de contaduría pública (11.198) y derecho (11.165). Ninguna carrera relacionada con el medio ambiente se asoma por ahí. Alejandro Venegas, coordinador de los sistemas de información del Ministerio de Educación, calcula que tan sólo el 1,6% de los matriculados en un año en Colombia estudian carreras como ciencias naturales, matemáticas o física, todas ellas un punto de partida para entender la complejidad de los sistemas naturales.

Tampoco son muy alentadoras las cifras de Colciencias al respecto. Si Colombia, como el resto de países, se verá gradualmente expuesta a eventos extremos por cuenta del cambio climático, no parece que estemos tomando en serio las advertencias. Según la página web de Colciencias, existen 4.219 grupos de investigación principales. Dedicados a temáticas ambientales sólo existen 294, es decir, el 7%. El primer lugar es para ciencias sociales y humanas, con 1.410. En enero de 2013, tan sólo el 2% de la inversión de regalías para proyectos de investigación se destinó a problemáticas ambientales.

“Necesitamos jóvenes que se especialicen en las ciencias del cambio climático y que la humanidad se dé cuenta de que de sus decisiones dependerá el bienestar de las futuras generaciones”, fue el mensaje del Premio Nobel de Paz de 2008, Rajendra Pachauri, en su visita a Colombia en septiembre de 2013.

 pcorrea@elespectador.com   /  @pcorrea78

Chivas del Dia

Fedegán celebra apertura del mercado de Catar para las exportaciones de carne bovina colombiana

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El anuncio hecho en las últimas horas por el director del Invima, Julio César Aldana Bula, sobre la apertura del mercado de Catar para la carne colombiana es un avance en el proceso de internacionalización que se viene liderando desde Fedegán y el FEP con el apoyo del Gobierno Nacional.

José Félix Lafaurie Rivera, presidente ejecutivo de la Federación Colombiana de Ganaderos (Fedegán), afirmó que “el hecho de lograr admisibilidad sanitaria en el mercado de Catar para la carne bovina colombiana es un avance importante en razón a que se continúa consolidando la presencia comercial de nuestra carne en los países árabes y por ende se extiende su rango de impacto a toda la península arábica”.

La agenda de internacionalización impulsada por Fedegán y el Fondo de Estabilización para el Fomento de la Exportación de Carne, Leche y sus Derivados (FEP) incluye, para este año, países como China, Argelia, Hong Kong, Singapur, Vietnam y Argentina. Para 2022-2023 la proyección es entrar a los mercados de Kuwait, Baréin, Malasia, Indonesia, Canadá, Unión Europea, Filipinas y Estados Unidos. Y más allá de 2023 la admisibilidad se daría en Corea del Sur y Japón.

Lafaurie Rivera manifestó que, de acuerdo con el cronograma de apertura de mercados, Catar estaba para 2022-2023, “pero la unión de esfuerzos de todas las entidades dio como resultado la decisión del Ministerio de Salud Pública de ese país de otorgar autorización para la exportación de carne bovina colombiana”.

Catar, un mercado con altos ingresos

Por su parte, Augusto Beltrán Segrera, secretario técnico del FEP, explicó que Catar es un emirato con cerca de tres millones de habitantes y además es el país con el mayor ingreso per cápita del mundo: alrededor de USD 129.000. Además, tiene el mayor índice de desarrollo humano del planeta y su economía ha sido destacada como de altos ingresos.

“La economía de Catar está concentrada en un desarrollo basado en la explotación de gas y de petróleo. Lo anterior en conjunción con su limitada provisión de recursos naturales, lo convierten en un país dependiente de las compras internacionales en materia de alimentos y agroindustria. Sin embargo, cuentan con una balanza comercial positiva en virtud de su importante desarrollo tanto del sector extractivo como del de servicios y el turístico”, añadió Beltrán Segrera.

Debido a su alto ingreso per cápita, los consumidores cataríes tienen una mayor disposición a pagar mejores precios por una mayor calidad de los productos, “y la carne colombiana, al desarrollar e impulsar comercialmente sus bondades, en particular de producción a base de pasturas y que la tasa arancelaria no supera el 4 %, hacen que nuestro producto cárnico tenga en este mercado un alto potencial de crecimiento”, dijo el secretario técnico del FEP.
Por último, José Félix Lafaurie destacó que las compras de las diferentes carnes por parte de Catar ascienden a más de USD 400 millones, de las cuales, “la carne de bovino representa algo más del 25 %, es decir 100 millones de dólares. Esto representa una importación de más de 20.000 toneladas de carne bovina”.

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Chivas del Dia

75% de quienes piden crédito con reportes negativos son mayores de 50 años

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Un sondeo realizado por la reconocida Fintech, ExcelCredit revela que al revisar el consolidado total de desembolsos realizados por la entidad, en el periodo enero a diciembre de 2020, 93% de los créditos corresponden a personas reportadas en centrales de riesgo y solo el 7% a no reportados.

Al revisar los resultados por ciudades, las siete donde más colombianos reportados negativamente solicitan crédito en la entidad, son Bogotá 29%, Barranquilla 13%, Cali 9%, Ibagué 6%, Neiva 6%,Cartagena 5%, Medellín 5%.

Es innegable. Miles de colombianos están atrasados con sus pagos o los han suspendido permanente al suponer que con un reporte negativo en las centrales de riesgo ninguna entidad les prestará dinero. Lo que la mayoría de ellos desconoce es que existen empresas especializadas en facilitar créditos a personas reportadas como ExcelCredit, una fintech 100% colombiana con 8 años de existencia y en constante crecimiento, incluso durante la pandemia.

Las proyecciones revelan que esta tendencia seguirá creciendo. Según el Reporte de Inclusión Financiera de 2020, en Colombia existen 12,8 millones de personas con al menos un producto de crédito y, de acuerdo con el Banco de la República, se espera que los niveles de morosidad incrementen en los próximos meses debido al deterioro del mercado laboral durante el último año (la tasa de desempleo de 2020 fue de 16%), generando un aumento en el número de personas con reportes negativos en centrales de riesgo.

“Somos una Fintech 100% colombiana que apoya la inclusión financiera, facilitando a través del crédito una segunda oportunidad a personas que están reportadas negativamente en centrales de riesgo y que por su historial crediticio no son atendidas por otras entidades del sector, permitiéndoles sanear sus deudas de forma confiable y segura, ponerse al día con sus obligaciones crediticias con un pago a su medida y lo más importante evitándoles el riesgo de acudir a prestamistas informales como los gota a gota”,  afirma Jonathan Mishaan CEO de ExcelCredit.

En cuanto al monto, el crédito promedio solicitado por una persona reportada es de 14 millones de pesos y el valor máximo 80 millones de pesos. Lo anterior, teniendo en cuenta que el ingreso de los solicitantes reportados comienza en el salario mínimo, y puede llegar hasta los 9 millones de pesos y el promedio es 2.6 millones de pesos.

Otro aspecto analizado fue la edad de los solicitantes. El listado lo lideran con el 32% personas entre 60 a 70 años, 23% entre 51 a 61 años, 20% mayores de 70 años, 18% entre 41 a 50 años y 7% menores de 40 años. Estos solicitantes están ubicados en Cundinamarca 35%, Atlántico 17%, Valle del Cauca 12%, Tolima 8%, Antioquia 8%

En 2020, el 45% de los créditos desembolsados por ExcelCredit fueron para consumo, 44% para saneamiento de deudas, 6% reparaciones o mejoras locativas y 5% negocios. De estos desembolsos 62% son hombres y 38% son mujeres donde el  82% son pensionados, 12% empleados gubernamentales, 5% a docentes y 1% policías.

Más de 50 mil colombianos reportados han recibido nuevo crédito

“Tuve un percance económico con un banco y en este momento me encuentro reportado, gracias a ExcelCredit que me dio una mano ya voy saliendo avante”, asegura José Guesguan desde Bogotá.

“Soy pensionada y necesitaba un crédito para la universidad de la niña y como estoy reportada no me prestaron. Buscando opciones llegué a ExcelCredit y me comuniqué con una asesora y me prestaron sin tanto papeleo, fue muy ágil, mejor dicho, me salvaron de la necesidad que tenía”, comenta Nubia Hernandez desde La Dorada Caldas.

Como ellos más de 50 mil clientes han logrado obtener crédito para emprender, financiar estudios de miembros del hogar y hasta remodelar sus viviendas para poder trabajar desde casa acorde a la nueva normalidad.

“ExcelCredit además de financiación, ofrece tranquilidad. Los usuarios nos dicen que acuden a nosotros, por el acompañamiento, la asesoria especializada, el apoyo permanente, las políticas de crédito flexibles que nos permiten otorgar crédito a personas con procesos judiciales e incluso embargos y por último, nuestra presencia a nivel nacional lo cual nos permitió tener un crecimiento de la cartera de 20% en el 2020”, asegura Mishaan.

La expansión nacional es resultado de un modelo comercial que permite la atención de clientes en oficinas ubicadas en las principales cabeceras municipales y en municipios cercanos a través de asesores comerciales sectorizados, asesores virtuales y oficinas móviles. Actualmente, existen 28 oficinas físicas y al finalizar 2021 serán 35.

“Las cifras revelan que tenemos gran acogida en el sector de pensionados que hoy buscan mayores facilidades para acceder al crédito sin salir de su casa por temor al contagio, por lo cual hemos implementado soluciones como recolección de documentos en domicilio,  aplicaciones de asesoría remota, gestión a través de orientación telefónica, incluso un sistema de agendamiento de citas, que garantiza la bioseguridad de quienes prefieren acercarse a nuestras oficinas para realizar sus trámites”, añade Jonathan Mishaan CEO de ExcelCredit.

5 pasos para solicitar un crédito si está reportado

1.    Determinar la capacidad de pago

– Sume sus ingresos, reste sus gastos. Si hay un valor positivo el crédito es viable.

2.    Identifique el propósito de su nuevo crédito

– Con la cabeza fría seleccione su necesidad más apremiante: sanear deudas, cubrir necesidades del hogar, pagar matrículas, entre otros.

3.    Haga el inventario de sus créditos actuales

– Esto le permitirá evaluar si lo más adecuado es acudir a una compra de cartera o mejor un crédito de libre inversión.

4.    Seleccione una entidad vigilada

– La Superintendencia de Industria y Comercio o la Superintendencia Financiera, le darán la certeza de que está en manos confiables lejos de agiotistas o prestamistas informales.

5.    Presentar la documentación necesaria

– En el caso de ExcelCredit la información está disponible en https://excelcredit.co/libre-inversion

2019 vs 2020

El comparativo entre 2019 y 2020 demuestra que durante el primer año mencionado la dinámica de crédito fue mucho mayor porque al no existir la pandemia no existían restricciones de movilidad.

La pandemia hizo que las necesidades de los hogares colombianos cambiaran. Mientras que en 2019 el 60% de créditos desembolsados correspondieron a compra de cartera y 40% a libre inversión en 2020 las cifras fueron 52% y 48% respectivamente

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Chivas del Dia

Programa ex madres comunitarias y sustitutas, recibirán giro económico a partir del 16 de febrero

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Continuando con los trámites administrativos y presupuestales de este año, el Ministerio del Trabajo se sirve comunicar, que el primer giro económico a quienes prestaron sus servicios en el Programa Hogares Comunitarios de Bienestar Familiar, se cumplirá a partir del martes 16 de febrero.

El pago será de 220 mil pesos para aquellas que permanecieron más de 10 y hasta 15 años; de 260 mil para las de 15 y hasta 20 años, y de 280 mil para las de más de 20 años.

El segundo desembolso, se efectuará en los últimos días del mes de febrero y será de 380 mil pesos para las ex madres comunitarias y sustitutas beneficiaras con más de 10 y hasta 15 años de servicio; de 420 mil para las de más de 15 y hasta 20 años, y de 440 mil pesos para las de 20 años.

El Ministerio del Trabajo, informa que el tercer giro se realizará en los últimos días del mes de marzo así: 300 mil pesos para quienes hicieron parte del programa por más de 10 y hasta 15 años; de 340 mil pesos para las que estuvieron en el rango de 15 a 20 años y de 360 mil para las que prestaron sus servicios por más de 20 años.

Finalmente, después del tercer pago se continuará con el cronograma establecido para tal fin.

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