La jornada informativa de cara a la segunda vuelta presidencial sigue sacudiendo las altas esferas del Gobierno Nacional. Según reveló un reciente informe de Revista Semana, la Procuraduría General de la Nación ordenó la suspensión provisional de su cargo a Carlos Carrillo, actual director de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), por presunta participación indebida en política.
La contundente decisión del Ministerio Público se tomó luego de evaluar una serie de pronunciamientos públicos y publicaciones en redes sociales realizados por el funcionario en los últimos días, los cuales comprometerían la neutralidad exigida por la ley para quienes ejercen cargos públicos en época electoral.
Los motivos detrás de la suspensión de Carrillo
De acuerdo con lo reseñado por Semana, la lupa del ente de control se posó sobre Carrillo tras evidenciarse que utilizó sus canales de difusión oficiales y personales para opinar de manera abierta sobre la contienda electoral con miras a los comicios del próximo 21 de junio. La gota que derramó el vaso habrían sido sus fuertes arremetidas y críticas directas hacia la campaña de la oposición, lo que configuraría una extralimitación de sus funciones como servidor del Estado.
La Procuraduría reiteró que los directores de entidades públicas tienen una prohibición constitucional estricta de intervenir en controversias políticas. La medida cautelar de apartarlo del cargo busca blindar la transparencia institucional y evitar que la infraestructura o la influencia de la UNGRD sean utilizadas para interferir en el debate electoral durante la recta final de la campaña.
Reacciones ante la decisión
La suspensión de Carlos Carrillo se suma a la reciente sanción contra el embajador Alfredo Saade, evidenciando una postura estricta por parte de los organismos de control frente al comportamiento de los funcionarios del Gobierno en el marco de la segunda vuelta presidencial.
Se espera que en las próximas horas el suspendido director de la UNGRD se pronuncie de manera oficial sobre los términos jurídicos de la medida, mientras que el sector de la oposición ha celebrado la acción de la Procuraduría, exigiendo que se den plenas garantías de imparcialidad de cara a la votación definitiva del 21 de junio.
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