Noticias RCN reveló en exclusiva que la multinacional italo-argentina habría financiado al ELN en Arauca y Casanare
El ente acusador inició esas pesquisas luego de revisar las finanzas del Frente de Guerra Oriental del ELN, presuntamente liderado por Amali Meza, alias ‘la Gorda’; Leidy Milena Méndes, alias ‘Leidy’ y Salvador Gaitán, alias ‘Gaitán’, y descubrir que se comunicaban constantemente telefónica y personalmente con 2 extranjeros, un español y un argentino, identificados como Roberto Jorge Rigoni y Francisco Elizondo Rodríguez, que aparecen como directivos de Sicim, según Noticias RCN.
Además, hay evidencia fotográfica de reuniones entre alias ‘la Gorda’, alias ‘Leidy’ y alias ‘Gaitán’ con Rigoni y Elizondo Rodríguez, de acuerdo con el noticiero televisivo.
Luego, la Fiscalía infiltró a uno de sus investigadores dentro de esa empresa de ingeniería civil y se dio a la tarea de enamorar a alias ‘la Gorda’, quien presuntamente le contó cómo Sicim le daba dinero a ese frente del ELN, que opera en Arauca, para que prestaran servicios de seguridad, les permitiera pasar volquetas por su zona de influencia y para que no atentaran contra ellos, agrega ese medio.
Además, el ente investigador cree que el ELN le impuso a la multinacional algunos miembros de ese grupo insurgente para que trabajaran en la soldadura del oleoducto y los jefes de esos guerrileros se quedaban con un porcentaje de su sueldo, conforme con Noticias RCN.
Las pruebas tienen un nivel de contundencia tal que solicitaron una orden de captura en contra de los 2 extranjeros y de 7 de sus presuntos enlaces con el ELN por terrorismo, enriquecimiento ilícito y financiamiento de grupos terroristas, puntualiza el informe de ese noticiero.
El ente acusador, que señala a Sicim de financiar también a las Farc, tiene la hipótesis de que alias ‘la Gorda’ y alias ‘Leidy’ crearon una fundación cívica en Arauca para manejar, aparentemente, personal y dinero del ELN, puntualiza el informativo audiovisual.
Ese mismo medio asegura que una semana después de que la Fiscalía presentara un informe de las pruebas encontradas en sus pesquisas, tanto alias ‘La Gorda’ como alias ‘Leidy’ aparecieron muertas en Arauca, presuntamente asesinadas por guerrilleros del ELN. Luego, una semana después de la muerte de estas 2 mujeres, también apareció el cadáver del investigador del ente acusador que se había infiltrado en la empresa y le había sacado información a Meza.
Sicim había acusado de guerrilleros a trabajadores
Las graves denuncias realizadas por el alto funcionario de la empresa SICIM efectuadas el 29 de marzo, en el seno del Concejo Municipal de Tauramena, señalaron “que dentro de la empresa habían guerrilleros infiltrados” y que la avería que sufrieron las máquinas que derramaron aceite hidráulico, lo cual contaminó el Río Cusiana y generó la muerte de una cantidad considerable de peces, “quizá la realizaron los trabajadores porque tiene pruebas que se les hecho azúcar al sistema para generar el accidente.”
Mientras las comunidades presentaron pruebas de la contaminación, los representantes de la empresa no presentaron las suyas y se limitaron ha acusar y juzgar a los trabajadores sin fundamento y de manera temeraria, atribuyéndose para sí, la reserva que tiene la fiscalía general de la nación para imputar responsabilidad penal a los presuntos responsables de una conducta ilícita.
De otro lado, denunciaron los trabajadores directamente a funcionarios extranjeros de esta empresa (Italianos) que son objeto de mal trato, incluso llegando a recodarles a sus progenitoras. Este tipo de conductas reiteradas por parte de los señores italianos, se ha presentado no solo en Aguazul, sino que se han presentado en Tauramena, la zona de paz de Ariporo, Corozal y Tame – Arauca, incluso en esta última localidad alguno de ellos ha manifestado a otro trabajador que los matarán que él tenía dólares para pagarlos incluso ha llegado a agredir físicamente a los trabajadores.
Cualquier situación en contra de los trabajadores/as o cualquier hecho atentatorio contra la vida e integridad contra los trabajadores o miembros de la comunidad, será responsabilidad de la empresa y del estado colombiano, y exhortamos a los funcionarios públicos que fueron testigos de esas acusaciones, entre ellos un miembro de la policía nacional a informar este tipo de comportamiento para que se inicien las investigaciones del caso”.
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