28 de marzo de 2024 - 7:36 PM
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Por $1.800 millones de vivienda, alcalde de San Gil paró en la cárcel

Anderson Ballesteros, conductor de un taxi urbano en San Gil (Santander), todavía está pagando en cuotas mensuales de 250.000 pesos –gana $ 800.000– el préstamo para supuestamente asegurar una de las viviendas de un proyecto que lideraba el alcalde Álvaro Agón Martínez.

El chofer, que maneja el vehículo del que no es dueño, pagó en el 2012 tres millones de pesos que exigían por asegurar el cupo para acceder a una de las casas que ofrecía la Asociación de Vivienda Brisas del Porvenir (Asovibrisas), creada, según la Fiscalía, con injerencia directa del alcalde y su hermano, Javier Agón, exalcalde de San Gil.

 Los supuestos favorecidos (586 personas) pagaban 10.000 pesos mensuales por la administración de un lote que hacía parte de una reserva forestal y en el que no se podía construir.

Los ilusionados aportantes financiaron un asado en el que los hermanos Agón, en compañía de varios concejales, celebraron el aparente comienzo del proyecto habitacional.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, la asociación, que nunca consolidó su iniciativa, se gestó en el segundo semestre del 2011 cuando Álvaro Agón comenzó su campaña a la alcaldía, pues su hermano no podía aspirar porque estaba cumpliendo una condena por celebración indebida de contratos.

Tras ganar las elecciones, el nuevo alcalde, en enero del 2012, autorizó a la asociación para que el taxista y los demás interesados aportaran el dinero que representó una suma de 1.885 millones de pesos que no se consignaron en la cuenta de la sociedad.

Al parecer, la mayoría del dinero se habría usado por los Agón en una fiesta a su padre; el amoblamiento de un apartamento en San Gil; deudas de la campaña; whisky; vehículos; asados; serenatas y viajes.

El tesorero de la asociación, Orlando Rueda, admitió su responsabilidad en el manejo irregular de los recursos y aceptó los cargos por estafa, por lo que le dieron detención domiciliaria.

Asociación con dudas

Entretanto, el presidente de la asociación era el chofer del vehículo que Agón usó en la campaña y entre los miembros de la junta directiva figuraban un carnicero y un albañil, familiares del conductor.

“Javier Agón (el exalcalde) vio primero el lote y una sobrina del conductor reúne inicialmente 70 familias para decirles que si votaban por su hermano iban a tener una vivienda en ese predio”, aseguró un investigador.

El taxista y otras personas asistían a reuniones que coordinaban los hermanos Agón para insistir en que el proyecto marchaba.

“Nos llevaban supuestos funcionarios de la Gobernación y MinVivienda que no eran tal y nos mentían llevándonos folletos del supuesto proyecto”, precisaron los afectados.

Tras lograr que el concejo le aprobara entregar subsidios para el proyecto el alcalde, en marzo del 2013, emitió un decreto para modificar, de manera unilateral, el Plan de ordenamiento Territorial (POT) con el que la reserva forestal pasó a ser zona de Área Residencial (AR).

Después de que la alcaldía emitió la resolución de adjudicación del lote, Planeación autorizó al alcalde para subdividir el lote y superar los problemas de titulación que tenía el predio.

“La solicitud de las escrituras que la alcaldía hizo a Instrumentos Públicos llegó a una notaría que por irregularidades se abstiene de entregarlas”, agregó la fuente.

Insistieron con el proyecto

Pero el alcalde, de acuerdo con lo construido en la investigación, no claudicó en su empeño y en agosto del 2013 presentó al concejo un proyecto de acuerdo para ingresar a una convocatoria del programa de Vivienda de Interés Prioritario para Ahorradores (Vipa).

Agón creó la Unión Temporal Torres de Santa Cruz para inscribir un proyecto, que era idéntico al de Asovibrisas, según lo determinó una prueba de arquitectura forense y un cotejo planimétrico que realizó la Fiscalía.

“El proyecto por poco sale pero por una póliza que no se presentó a tiempo se cayó”, insistió la fuente.
El taxista Ballesteros precisó que al notar los dudosos manejos del dinero reclamaron su devolución, pero les insistieron en que una constructora en Bogotá tenía 995 millones del dinero recaudado.

“Me fui para Bogotá y en la constructora me dijeron que no tenían la plata porque sencillamente nunca habían hecho un convenio con la asociación que desconocían”, señaló el conductor.

En mayo y agosto pasados el exalcalde y alcalde, respectivamente fueron capturados por solicitud de la Fiscalía Tercera Delegada ante el Tribunal de Santander y recluidos en las cárceles de San Gil y Modelo de Bucaramanga, donde se enfrentan a sendos procesos por los delitos de fraude al sufragante, concierto para delinquir, estafa agravada, urbanización ilegal, captación masiva y habitual, la no devolución de lo captado y prevaricato por acción.

BUCARAMANGA/ EL TIEMPO

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Redacción Chivas

Periodista, Director de www.laschivasdelllano.com y www.laschivasdecolombia.com