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Otro fallo fiscal contra Withman Porras y contratistas $2.585 millones

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La Contraloría General de la República profirió fallo con responsabilidad fiscal por $2.585 millones de pesos contra el ex Gobernador de Casanare, Withman Herney Porras Pérez, la Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ y la firma interventora Consorcio JG – 2004, por el indebido reconocimiento que se hizo al mencionado contratista de $1.973 millones, por concepto de desequilibrio económico en un contrato de obra de 2004 cuyo objeto era construir 1.055 viviendas de interés social en este departamento.

De esas 1.055 viviendas contratadas por el departamento de Casanare se construyeron 882 y quedaron sin construir 173 que, pese a ello, le fueron pagadas en su totalidad al contratista.

Los recursos pagados por la Gobernación eran provenientes de regalías y dejaron de destinarse al fin que tienen las mismas: satisfacer necesidades básicas de su población como salud, educación, saneamiento básico y otros.

Los $2.585 millones establecidos como responsabilidad fiscal por la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción deben ser resarcidos por:

El entonces Gobernador Withman Herney Porras Pérez; la empresa contratista Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ, integrada por Luis Fernando Escobar Martínez, José Arney Mesa Rosas, Julio César Augusto Lozada Vargas, y la sociedad MRB representada legalmente por Martha Inés Buitrago; y por el interventor Consorcio JG – 2004, integrado por Juan Carlos Belalcazar Benítez y por la Sociedad Grupo G&B, representada legalmente por Jairo García García.

Hechos investigados

El contrato de obra 936 de 2004, objeto de esta investigación, tenía por objeto construir 1.055 viviendas de interés social en los municipios de Yopal, Trinidad, Paz de Ariporo, Monterrey, Támara, Chámeza, Recetor, Sabanalarga, Pore y Sácama.

El día 2 de agosto de 2007 se terminó el contrato; el 30 de noviembre de 2007 se suscribió el acta de recibo de obra y el contratista presentó ante la Gobernación de Casanare liquidación por desequilibrio económico por un valor de $4.293 millones, con el fin de obtener reconocimiento de dicha suma.

El contratista presentó este reclamo solo al final del contrato y no durante la ejecución del mismo, situación que va en contravía del estatuto contractual y de la jurisprudencia colombiana.

El 28 de diciembre de 2007, las partes de común acuerdo liquidaron el contrato y suscribieron el acta de liquidación final, en la cual se estableció que la entidad contratante (la Gobernación de Casanare) reconoce y acepta pagar a favor del contratista (Unión Temporal CASANARE HABITAT DE PAZ) la suma de $2.949 millones, por los siguientes conceptos:

  • Mayor permanencia en la ejecución del contrato.
  • Mayores cantidades de obra generadas por la realización de actividades no previstas pero ejecutadas dentro del desarrollo del contrato.
  • Obras adicionales inherentes al objeto del contrato.
  • Menor cantidad de vivienda construida.
  • Ajuste de precios ocasionados por la mayor permanencia en la obra.
  • Y mora en el pago de las obligaciones.

Finalmente, el 31 de diciembre de 2007 se le canceló a la Unión Temporal la suma de $1.973 millones (no se pagaron todos los $2.949 millones acordados), como resultado del reconocimiento de la ruptura del equilibrio contractual.

Para la CGR tal reconocimiento fue indebido y produjo un daño patrimonial al departamento de Casanare, que se vio afectado por no recibir estos recursos de regalías.

Daño patrimonial

Uno de los reproches que hace la Contraloría es el hecho de habérsele reconocido y pagado al contratista por hechos cumplidos, o sea por obras que a pesar de haber sido ejecutadas, no fueron pactadas en el contrato ni en ninguna de sus modificatorios.

Adicionalmente, en virtud de lo anterior, el valor inicial del contrato fue superado en su 50% al finalizar el mismo a causa de la mencionada solicitud de desequilibrio económico, y ello obedeció a la indebida planeación que también es imputable al contratista, pues no cumplió con su deber de colaborar con la administración para el logro de los fines del Estado.

Los $2.585 millones de daño patrimonial resultan de indexar (ajustar al IPC) la suma pagada indebidamente por la Gobernación de Casanare a la Unión Temporal ($1.973 millones).

La CGR consideró que la gestión fiscal del contratista fue antieconómica, ineficaz e ineficiente. Estimó además que el Gobernador Porras y el interventor obraron con culpa grave, el primero al autorizar el pago indebido a la Unión Temporal y el segundo al estar de acuerdo con ello.

Chivas del Dia

Hallan cuerpo de la bacterióloga colombiana desaparecida en Estados Unidos

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El cuerpo fue encontrado enterrado en la parte de atrás de la vivienda del esposo, en el sur de la Florida.

Durante 15 días estuvo desaparecida Mary Gómez Mulett, una bacterióloga colombiana. La mujer de 44 años fue encontrada enterrada en el patio de la casa del hombre con el que hace poco se había casado.

Al parecer, el matrimonio entre Mary y Roberto Colón se habría realizado para que Mary lograra regularizar su estatus migratorio en el país.

La Policía de Estados Unidos le expresó sus condolencias a los familiares de la colombiana y aseguró que se hará justicia en este aterrador caso.

La mujer no convivía con el hombre en la misma vivienda. Ella vivía con su suegra, en donde trabajaba como cuidadora.

Noticias Caracol reveló que el hombre había denunciado por fraude a la colombiana y que desapareció cuando fue a entregarle al hombre un carro.

El hombre cubano, la acusó de fraude y aseguró que él no sería capaz de hacerle daño a ella. “Yo estoy libre, bien con mi perro en mi casa. No necesito este problema“, le dijo a una periodista de un medio local el pasado 27 de febrero.

El hombre fue detenido por las autoridades y enfrenta cargos por homicidio en primer grado.

Fuente, Publimetro

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Chivas del Dia

Judicializados un policía y dos civiles que se apropiaron de 989 kilos de cocaína incautada

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Un patrullero de la Policía Nacional y dos civiles terminan judicializados por apropiarse de 989 kilos de cocaína incautada.

Un juez de control de garantías acogió la solicitud de la Fiscalía General de la Nación y privó de la libertad al patrullero de la Policía Nacional y a dos civiles.

Se apropiaron de la cocaína a destruir

Estas personas serían los presuntos responsables de apropiarse de 989 kilos de cocaína que había sido incautada en el municipio de Palmira, Valle del Cauca.

El narcótico iba a ser destruido en una ladrillera ubicada en el municipio de San Pedro (Valle del Cauca).

Los hechos se presentaron el 8 de junio del 2020 cuando los procesados supuestamente extrajeron y se apropiaron de la sustancia.

En ese entonces, la sustancia en mención se encontraba en el interior de un horno de la Ladrillera “Rocas del Danubio”, donde lo extrajeron.

Así dieron con los responsables

La Policía Judicial llevó a cabo la labor investigativa y recogió el material probatorio con el que estableció la identidad de los presuntos responsables de dicho ilícito.

Por tanto, la Fiscalía General de la Nación solicitó dictar orden de captura en contra de estos sujetos.

La diligencia de captura del policía y los dos civiles procesados, se llevó a cabo el pasado 24 de febrero.

Los capturados son el patrullero Osley Antonio Triviño Noreña, adscrito al Departamento de Policía de Tuluá; así como los particulares Juan Ramón Torres Echeverry y Efraín Antonio Moreno.

En las audiencias preliminares, el ente acusador formuló imputación de cargos en contra de los capturados por los siguientes delitos:

  • Tráfico de estupefacientes
  • Fabricación o porte de estupefacientes agravado
  • Peculado por apropiación

No aceptaron cargos

Los capturados no aceptaron cargos y por determinación de un juez, deberán cumplir medida de aseguramiento en centro carcelario.

Estas acciones se encuentran enmarcadas dentro de la estrategia institucional de seguridad ciudadana de la Fiscalía General de la Nación.

Así lo dio a conocer Katheryne Covaleda, directora Seccional Valle del Cauca en las redes sociales de la Fiscalía.

Fuente, Publimetro

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Chivas del Dia

En operativo cayó muerto alias Bombillo, jefe de sicarios de Los Pachenca

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Durante operativos desarrollados por la Policía Antinarcóticos en zona rural de Santa Marta, murió Edwin Alberto Oviedo Ditta, alias ‘Bombillo’ o ‘el Negro’, señalado como jefe de sicarios de la facción ‘Troncal del Caribe’ del Grupo Armado Organizado ‘Los Pachenca’.

Gracias a informaciones aportadas por la ciudadanía, las autoridades lograron establecer que este hombre se encontraba en la vereda Machete Pelado, del corregimiento de Guachaca, en la capital del Magdalena.

Alias ´Bombillo´ era buscado por las autoridades por el delito de homicidio agravado, sindicado del asesinato del líder social y ambientalista Alejandro Llinás Suárez, ocurrido en abril de 2020 en las estribaciones de la Sierra Nevada de Santa Marta.

La Alcaldía de Santa Marta ofrece una recompensa de hasta 50 millones de pesos por información que conduzca a la ubicación de los demás autores materiales e intelectuales del crimen del líder social Alejandro Llinás.

Según las autoridades, alias ´Bombillo’ o ‘el Negro’, tenía una trayectoria criminal de más de 15 años. En el pasado hizo parte del ‘Bloque Norte’ de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) y en la actualidad era, además, cabecilla rural de la vereda Calabazo. Estaba vinculado a homicidios, desplazamientos forzados y extorsiones, entre otros delitos.

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