BOGOTÁ — Los grupos armados ilegales han expandido su poder y control territorial en Colombia, aumentando las violaciones contra la población civil, mientras que la política de paz del presidente Gustavo Petro muestra resultados limitados para frenar los abusos, denunció el jueves el grupo Human Rights Watch (HRW).
El país enfrenta un conflicto interno de seis décadas que ha dejado más de 450.000 muertos y en el que las Fuerzas Armadas del Estado enfrentan a las guerrillas del Ejército de Liberación Nacional (ELN), a facciones de las FARC que rechazaron o abandonaron un acuerdo de paz del 2016 y al Clan del Golfo, la mayor banda criminal conformada por exparamilitares de derecha.
«La violencia adoptó nuevas formas y los grupos armados han ampliado nuevamente su presencia en zonas del país. Dos años y medio después de la llegada al poder del presidente Gustavo Petro, su estrategia de paz total ha logrado resultados limitados para frenar los abusos de grupos armados contra la población civil», dijo el informe de HRW.
Petro, el primer mandatario de izquierda en la historia del país sudamericano de 50 millones de habitantes exportador de petróleo, carbón y café, busca desde su llegada al poder, en el 2022, acuerdos de paz con los grupos armados ilegales para poner fin al conflicto armado, sin resultados concretos hasta ahora.
«La Fuerza Pública y las autoridades judiciales no han protegido de forma efectiva a la población, no han garantizado un acceso suficiente a la justicia ni han logrado avances significativos en el desmantelamiento de los grupos armados», precisó el informe.
HRW denunció que para mediados del 2024 el Clan del Golfo aumentó su expansión de un 55 % en comparación con el 2022, el ELN en un 23 % y la Segunda Marquetalia y el Estado Mayor Central, las dos facciones de las FARC, en un 30 %, respectivamente.
Todos los grupos, financiados por el narcotráfico y la minería ilegal, se expanden militarmente con un mayor control territorial que alcanza más de la mitad de los 1.103 municipios del país y cometen abusos como asesinatos, reclutamiento forzado de niños, desplazamientos y confinamientos de comunidades, además de uso de minas antipersonales, según el informe.
De inmediato no hubo ninguna respuesta del Gobierno al informe del grupo de derechos humanos.
