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‘No voy a renunciar, si lo hago, nos vamos todos’: Jorge Pretelt

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El magistrado rompió el silencio en ‘La W’ luego de que su esposa fuera citada por la Fiscalía

Jorge Pretelt, el magistrado que puso en el ojo del huracán a la Corte Constitucional, tras ser acusado de corrupción por un abogado y un par en el tribunal, rompió el silencio este viernes en entrevista con ‘La W’.

La gota que rebosó la copa, según afirmó, fue que este viernes la Fiscalía haya citado a su esposa Martha Ligia Patrón, funcionaria de la Procuraduría, para que respondiera por la supuesta apropiación de terrenos baldíos. Con esa noticia se le «vino el mundo encima» y se le «agotó la paciencia», declaró. «No hay derecho para que el fiscal llame a mi señora», manifestó.

 El magistrado, quien en las últimas horas había dicho que definiría su renuncia el martes próximo, afirmó que le contará toda la verdad al país y acusó enfáticamente al fiscal general Eduardo Montealegre de querer “acorralarlo” con la citación a su esposa y de “comprar conciencias” en la Corte Constitucional.
Jorge Pretel y su esposa Martha Ligia Patrón (Archivo particular)

Jorge Pretel y su esposa Martha Ligia Patrón (Archivo particular)

Exaltado, Pretelt aseguró que no va a renunciar a su cargo, como se lo han pedido todos los magistrados de la corte, el Gobierno y la opinión pública, y que de llegar a hacerlo «nos vamos todos», en referencia a actuaciones de sus compañeros. «Lo que quieren hacer los magistrados es lavarse las manos y hacer creer que todo el problema de la justicia se acaba retirándo a Jorge Pretelt».

“A los despachos de todos los magistrados de la Corte Constitucional llegan todo el tiempo los abogados que tienen negocios ahí, eso no es un delito, pero sí me lo endilgan a mí”, aseguró Pretelt.

“Denuncio ante el país y ante los organismos internacionales al fiscal Montealegre por el acorralamiento contra mí y mi familia, por no renunciar a la Corte, corporación que se quiere tomar comprando la conciencia de los magistrados”, manifestó.

A eso agregó que “ni Montealegre ni sus investigadores ni nadie” han encontrado algo que lo comprometa en la supuesta exigencia de 500 millones de pesos a la firma Fidupetrol para favorecerla en una tutela contra la Gobernación de Casanare.

Pretelt fue más allá en sus acusaciones contra Montealegre y señaló que le tiene “miedo” y por eso no permitirá que le ponga “un pelo encima” y, en ese sentido, su esposa y sus hijos saldrán “mañana mismo del país”.

Incluso, el aún magistrado acusó al fiscal Montealegre de haberle citado en varias oportunidades en su apartamento para tratar de convencerlo de que los guerrilleros de las Farc no paguen cárcel tras el proceso de paz.

FUENTE EL TIEMPO

FOTO REVISTA SEMANA

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Supremo venezolano en el exilio decreta la “continuidad” del actual Parlamento

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MARACAIBO, VENEZUELA. / VOA NOTICIAS

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), electo en 2017 por la opositora Asamblea Nacional y cuyos integrantes se encuentran en el exilio, declaró la nulidad de las elecciones parlamentarias de este domingo y determinó que los diputados del Parlamento escogido en 2015 deben continuar en sus cargos hasta que haya votaciones democráticas y libres.

La decisión, tomada y difundida este jueves, también refrenda a Juan Guaidó como presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, como cabeza del gobierno interino de Venezuela.

La Sala Electoral de ese Tribunal Supremo de Justicia decidió este jueves la “invalidez” del proceso electoral legislativo convocado con la venia del chavismo en julio pasado, como respuesta urgente a una petición formalizada el primero de diciembre por un grupo de diputados de la actual Asamblea Nacional.

La principal razón que dio el magistrado y presidente de esa instancia judicial, Domingo Javier Salgado Rodríguez, es que la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral es una facultad constitucional exclusiva del poder legislativo de Venezuela con la participación de la sociedad civil.

“Ese procedimiento de designación no puede abrogarlo para sí el Poder Judicial y menos quienes de manera irregular han pretendido integrar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, funcionando de manera espuria desde la ciudad de Caracas”, reza el fallo del expediente SE-2020-0002.

Los actos electorales derivados del nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) son, a juicio del TSJ venezolano en el exilio, carentes de validez “por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes”.

La decisión tacha la convocatoria a las elecciones de “fraudulenta” y acusa a los integrantes del nuevo poder electoral de usurpadores.

El máximo jurista de la Sala Electoral también anuló “las gravísimas violaciones del orden constitucional y orden legal” que observó por parte de las “autoridades usurpadas” en la aprobación del reglamento que regulará las elecciones indígenas a la AN y de las normas especiales para esas votaciones.

A man wearing a face mask amid the COVID-19 pandemic passes a mural of Venezuelan President Nicolas Maduro in Caracas,…

Desmitifican la oferta de Maduro de dejar la presidencia si pierde las parlamentarias

“Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. Asumo el reto”, dijo el martes el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los 33 magistrados escogidos en julio de 2017 por el Parlamento residen actualmente en diferentes países, como Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos. Suelen reunirse semanalmente mediante videoconferencias, si bien sus despachos han enfatizado en que sus salas operan a diario en las solicitudes que reciben mediante correos electrónicos y su página oficial en Internet.

Analistas y juristas independientes han puesto en entredicho el impacto real dentro del sistema de justicia venezolano de las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia que eligió el Parlamento en 2017, sin embargo.

Guaidó, ratificado, por ahora

La Sala, en el numeral sexto de su fallo, declaró “ha lugar” a la continuidad de la representación parlamentaria de los diputados electos el 6 de diciembre de 2015, una votación que ganó abrumadoramente la oposición ante el chavismo.

La presunta comisión de un fraude electoral en la escogencia de tres diputados del estado Amazonas frustró la posibilidad de que la oposición ejerciera tal mayoría legislativa. El TSJ madurista emitió al menos 120 decisiones desde enero de 2016 que anularon legalmente todos los actos de ese Parlamento.

El poder judicial en el exilio, que el gobierno interino de Juan Guaidó llama “legítimo”, advirtió que no ha existido “una convocatoria legal” para elegir a los diputados que deberían ejercer sus cargos entre 2021 y 2026.

“Se acuerda que se mantengan como los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del del 6 de enero de 2021, a los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015 y juramentados el 5 de enero de 2016, hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas”, indica la decisión.

Cuatro de sus siete magistrados fueron diputados, ministros, militares o embajadores leales al chavismo. Expertos la valoran como el órgano judicial más poderoso del país.

El ponente justificó su opinión en los artículos 63 y 333 de la Constitución venezolana para “evitar que se vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin representación parlamentaria”.

La Sala Electoral también certificó la continuidad de la junta directiva parlamentaria, liderada por Guaidó, “quien, además de presidente de la Asamblea Nacional, ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela”.

Tanto la directiva como las comisiones legislativas continuarán en sus funciones a partir del 6 de enero de 2021 hasta tanto la Asamblea Nacional decida “lo conducente” en los términos del artículo 194 de la Constitución, que establece que el Parlamento escogerá los cargos directivos de la institución por un año.

También, se exhorta a la AN a que continúe con el proceso de selección y designación de nuevos rectores del CNE que puedan generar la “confiabilidad” de los votantes en el sistema electoral venezolano.

“El pueblo, en el ejercicio de su soberanía, eligió a sus representantes a la Asamblea Nacional en fecha 6 de diciembre de 2015, y por tanto solo él, mediante un nuevo sufragio, podrá elegir sus nuevos representantes dentro del marco constitucional”, añade el fallo.

El magistrado pidió, por último, que la decisión se comunicara a los poderes públicos de Venezuela, así como a las secretarías generales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea.

 

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