29 de marzo de 2024 - 7:42 AM
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Multa de $325.000 para quienes publiquen fotos íntimas sin permiso

Malos vecinos, colados y causantes de riñas serían sancionados, señala nuevo Código de Polícia.

Portar armas blancas, neumáticas o de aire por fin será castigado en Colombia. Quien sea sorprendido con esos elementos y no pueda justificarlos recibiría, por derecha, una multa de poco más de 162.000 pesos, además de una sanción que le impediría, en adelante, ingresar a eventos con alta concentración de personas como eventos deportivos o conciertos.

Publicar sin autorización fotos íntimas o privadas de otras personas le podría significar una sanción de más de 325.000 pesos. Lo mismo pasaría por colarse en TransMilenio (TM) o en cualquiera de los sistemas de transporte masivo en el país. Comprar o usar un celular reportado como robado acarreará multa de 160.000 pesos. Ese monto aumentaría hasta 650.000 pesos si lo ha mandado a alterar para que funcione. (Lea también: Duras sanciones por maltrato a mascotas y otros animales).

Esas son algunas de las sanciones que propone el nuevo Código de Policía, cuyo proyecto fue radicado el lunes por el Ministro de Defensa y el Director de la Policía en la Secretaría General del Senado. (Lea también: Las nuevas sanciones que plantea el Código de Policía).

Desde 1970, Colombia no actualiza esta norma que es la hoja de ruta para garantizar la convivencia y prevenir delitos. “Le permitirá a la Policía tener herramientas para generar cultura ciudadana”, dijo el ministro Juan Carlos Pinzón, y aseguró que el objetivo es contribuir con estas normas a la reducción de la violencia y solucionar conflictos de manera ágil y oportuna.

En 139 páginas, el proyecto plantea sanciones correctivas en varios aspectos de convivencia: buena vecindad, uso del transporte público, cuidado y protección de mascotas, trato a ancianos, menores, mujeres y población LGBTI.

Para ello, golpea donde más les duele a los infractores, en el bolsillo, y establece mecanismos para que las multas no se queden en letra muerta.

Para frenar la intolerancia, se plantea castigar con multa de 160.000 pesos a los que protagonicen peleas. A junio, en el país habían ocurrido 5.600 homicidios en riñas; más de 70.000 personas resultaron lesionadas.

El Código propone soluciones para los problemas de convivencia que están afectando los sistemas de transporte masivo, como TM, Transmetro, Metrolínea y MIO. Además de multar a quienes se cuelen, bien por los torniquetes o forzando las puertas, habrá multa de 80.000 pesos por comer o fumar en el sistema, impedir el ingreso o salida de mujeres embarazadas y adultos mayores, y por agredir, empujar o irrespetar a las personas.

Frente al respeto por las mujeres, el proyecto plantea sancionar con 650.000 pesos el hecho de “ejercer cualquier tipo de violencia verbal, sexual, física, económica o psicológica” en su contra. También habría sanción por comportamientos discriminatorios como exigir prueba de embarazo para acceder o postularse a un empleo, o para ascender laboralmente.

El nuevo código aborda temas complejos como el uso de personas para la mendicidad. Aparte de las investigaciones penales a que haya lugar (se configura el delito de trata de personas), les da a las autoridades de Policía la facultad de imponer multas a quienes se aprovechen de menores de edad, ancianos y discapacitados para esas actividades.

Serán reportados

Hace dos años, el Gobierno presentó un proyecto que no prosperó en el Congreso, en parte porque planteaba multas demasiado elevadas, de hasta 8 millones de pesos, que en la práctica eran incumplibles. Ahora, con la nueva propuesta, los correctivos pecuniarios van desde los 80.000 hasta un poco más de 650.000 pesos, divididos en 4 niveles.

Pero no todo será multa. Entre las sanciones, enfocadas a generar cultura ciudadana, está por ejemplo una amonestación o un llamado de atención en público o privado. También, la participación en actividades pedagógicas de convivencia, la expulsión de un sitio, la destrucción de un bien o la prohibición de ingreso a escenarios de alta conglomeración. En total, son 19 medidas correctivas que podrán imponer la Policía o cualquier autoridad local, los inspectores y hasta la Presidencia de la República. En la práctica, los policías tendrán un talonario para imponer las multas, que en todo caso pueden ser apeladas. El plazo máximo para resolver una situación será de 36 días hábiles.

El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, explicó que el control sobre el pago de las multas estará en cabeza de las autoridades locales, que podrán acudir a cobros coactivos para hacer efectivo el recaudo. Y para ello, se creará un Registro Nacional de Multas, en el que aparecerán los registros de los morosos. El listado será de consulta pública y no pagar bloquearía al ciudadano en vueltas esenciales como sacar el pase y obtener paz y salvos.

A pagar por bloquear sistemas masivos

El nuevo código contempla sanciones pecuniarias y educativas para malos comportamientos en todos los sistemas de transporte. No apagar el celular o equipos electrónicos tras la solicitud previa durante un vuelo le podría significar una multa de más de 650.000.

En los terrestres de uso masivo, contempla castigar con pagos de más de 325.000 pesos por “alterar, manipular, deteriorar, destruir o forzar puertas” y otros bienes de los sistemas de transporte. Y en todo caso, se deberá reparar el daño causado.

También prohíbe la venta de bienes o servicios, y aunque no contempla sanción pecuniaria, sí fija una amonestación.
La propuesta plantea que se multe con más de 325 mil pesos a quienes obstaculicen o impidan la movilidad o el flujo de usuarios en estos sistemas.

El Código propone multas de hasta 400 mil pesos por cada hora que las empresas de aseo se tarden en cumplir con los horarios de recolección programada.

Control a bares

Las sanciones y correctivos no están enfocados solo en los ciudadanos, también en empresarios y comerciantes que incumplan las normas.

La venta de celulares registrados como robados se traduciría en una sanción pecuniaria de un poco más de 325.000 por cada equipo negociado.

Los organizadores de eventos enfrentarán mul- tas de entre 100 y hasta 5.000 salarios mínimos mensuales por no cumplir con la programación, no realizar la actividad el día prometido, entre otros. Y para las constructoras que violen la normas urbanísticas las multas irán entre 5 y 25 salarios mínimo mensuales.

Los locales de comercio, bares y clubes nocturnos deberán respetar los niveles de ruido permitidos, y fijados por las autoridades locales. El incumplimiento generará multa y cierre temporal o definitivo del establecimiento.

REDACCIÓN JUSTICIA / EL TIEMPO

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Redacción Chivas

Periodista, Director de www.laschivasdelllano.com y www.laschivasdecolombia.com