El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha desatado una fuerte controversia al calificar sin rodeos de «secuestro» la retención de 34 militares en El Retorno, Guaviare. Un hecho que, según las Fuerzas Militares, pone de manifiesto la compleja red de presiones que ejercen las disidencias de las FARC sobre las comunidades locales.
La situación escaló tras intensos combates en la vereda Nueva York, que tuvieron lugar el 24 de agosto y resultaron en la muerte de 10 presuntos integrantes del Bloque Móvil Martín Villa, facción de las disidencias bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’. Fue en ese momento que, según el almirante Francisco Cubides, comandante general de las Fuerzas Militares, la comunidad impidió la salida de las tropas.
«Respecto al secuestro de 34 militares en el área rural de El Retorno, Guaviare, obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. No, no los están reteniendo, eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro.»
— Ministro de Defensa, Pedro Sánchez
El gobierno ha sido enfático en su rechazo a lo que consideran una nueva táctica de presión. El ministro Sánchez ha denunciado que los responsables intentan justificar su acción bajo la figura de un «corredor humanitario», una herramienta que, de ser aceptada, interferiría con las operaciones de seguridad y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales. Las autoridades han recurrido a la Defensoría del Pueblo, la Misión de la ONU y la MAPP-OEA para mediar en la liberación de los uniformados, sin ceder a las exigencias.
Este incidente no solo subraya la persistencia del conflicto en la región, sino que también reabre el debate sobre el rol de las comunidades en medio de la violencia. La pregunta sobre si su acción es genuina o el resultado de una coacción sigue sin una respuesta clara, evidenciando la peligrosa y difusa línea entre la población civil y los actores del conflicto armado.
Las Fuerzas Militares han reiterado que, a pesar de la retención, continuarán sus operaciones para garantizar la seguridad de los habitantes del Guaviare, quienes han denunciado constantemente las amenazas y la presencia de las disidencias en sus territorios.
