Tras un intenso debate que se extendió por más de 12 horas, la plenaria de la Cámara de Representantes y el Senado de la República aprobaron esta madrugada el Presupuesto General de la Nación para la vigencia 2027 por un monto de $634,95 billones.
La iniciativa avanza luego de que la Cámara respaldara el proyecto con 112 votos a favor, acogiendo el texto previamente aprobado en el Senado, donde obtuvo 57 votos a favor y uno en contra. Durante la maratónica sesión se avalaron seis artículos nuevos, entre los que destaca la obligación para el Gobierno de presentar ante el Legislativo un proyecto de ley de ajuste fiscal o «ley de rescate» en un plazo no mayor a 90 días.
Reasignación de recursos: Más dinero para salud, defensa y subsidios de energía
El articulado aprobado contempla modificaciones clave en la distribución de las partidas fiscales para atender sectores críticos del país:
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Salud y Educación: Se inyectaron $3 billones adicionales destinados al sector salud (lo que representa un incremento considerable frente a la propuesta inicial del Ejecutivo) y $100.000 millones para la inversión en educación.
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Defensa y Seguridad: El Ministerio de Defensa recibió una adición clave de $11.400 millones enfocada exclusivamente en el pago de indemnizaciones a familias de soldados caídos en combate, además de respaldar partidas generales para la seguridad nacional.
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Caribe y Vías: El presupuesto incorpora $3 billones orientados a subsidiar el servicio de energía eléctrica en la costa Caribe, así como recursos específicos para infraestructura, destacando $100.000 millones para la variante de San Gil en Santander y la liquidación de la UPIT y el INBIR para potenciar la inversión en vías terciarias.
Nuevos controles y vigilancia a la ejecución de fondos
Entre las disposiciones aprobadas por el Legislativo también se incluyó un mandato para que el Gobierno entregue informes trimestrales detallados sobre el manejo y la destinación de fondos públicos (como el Fondo Milagro), así como un seguimiento riguroso a los títulos de tesorería de corto plazo.
El Congreso advirtió que mantendrá una veeduría estricta para garantizar que cada uno de los rubros asignados a los ministerios, entes de control y regiones se ejecute con total transparencia durante el año fiscal 2027.
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