Gracias a la política de restitución de tierras, la familia Arias integrada por una mujer viuda y sus nueve hijos, volverá a tener vivienda propia después de 20 años del abandono forzado de su predio, ubicado frente a la estación de Policía, de El Castillo, Meta.
En 1973, la mujer junto con su esposo (fallecido) adquirieron el lote de 407 metros cuadrados, en el que construyeron su casa y cultivaban maíz, plátano, arroz. También tenían gallinas y alternaban las labores de campo con una cantina que tenían en el pueblo, un negocio que les permitía devengar su sustento.
La tragedia para los Arias comenzó cuando la guerrilla de las FARC utilizó su vivienda como “trinchera” para desde ahí atacar la estación de Policía. El grupo ilegal obligaba a los Arias a salir de la casa mientras perpetraba los ataques. Esta situación hizo que la familia fuera tildada de auxiliadora de las FARC, por ende, en el año 2000 la familia tuvo que desplazarse hacia el departamento del Guaviare como única opción para salvaguardar sus vidas y evitar el reclutamiento de los hijos.
El director de la Unidad en Meta, Wilson Leyton Roldán, señaló que “debido a que actualmente en ese terreno se encuentra el Parque de Memoria Histórica de El Castillo, no es posible la reconstrucción del predio en las condiciones que tenía antes de los hechos victimizantes. Por eso, como medida reparadora, el juez ordenó la compensación por equivalencia económica, por lo cual se les comprará una nueva casa en el municipio que ellos escojan”.
Agregó que la Ley 1448 de 2011 dispone que en los casos en los cuales la restitución jurídica y material del inmueble despojado sea imposible, o cuando el despojado no pueda retornar al mismo, por razones de riesgo para su vida e
integridad personal, se le ofrecerán alternativas de compensación que les permitan acceder a terrenos de similares características y condiciones, en otra ubicación.
Puntualizó que esta familia tendrá acceso a los beneficios de la oferta institucional del Estado en materia de reparación integral por ser declarados víctimas de abandono forzado de tierras.
