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Maritza Martínez le da una mano a las regiones con reforma de regalías

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Dijo que las regiones están marginadas y que los OCAD demoran la ejecución.

Desde este jueves inició en el Congreso el estudio del nuevo proyecto de reforma al Sistema Nacional de Regalías, propuesto por la senadora Maritza Martínez, el cual tardaría por lo menos un año, y que de su mano, lo sacará adelante para favorecerlas..

Martínez expresó que «luego de 2 años de funcionamiento del Sistema General de Regalías, considero que hay aspectos que se deben ajustar». Estos son en ciencia, tecnología e innovación, los cuales requieren de una revisión profunda porque no se están invirtiendo debidamente los recursos en investigación, que es un pilar del desarrollo del país.

El proyecto, de acuerdo con la senadora de la U, pretende que Colciencias sea la entidad principal que adelante investigaciones, tenga nuevamente las atribuciones propias que le quitaron y no siga siendo una tramitadora de proyectos.

En comunicado de prensa la senadora dijo: “Hoy en día se están ‘colando’ por ese fondo proyectos que no son de investigación, pero además, Colciencias necesita mayor presupuesto y atribuciones como ente rector», recalcó.

La senadora Martinez, ya tiene listo el paquete de la reforma

La senadora Martinez, ya tiene listo el paquete de la reforma

Maritza Martínez, quien habló con Contacto Nioticias de Violeta Stéreo, dijo que «también debe reformarse el sistema de regalías porque las capitales de departamentos están quedando marginadas de los recursos de los fondos regionales, y que es importante adelantar una profunda trasformación, ya que es en las regiones, en donde se concentra gran parte de la población”.

“Los departamentos y municipios, donde se desarrolla la minería o se explota petróleo, no han podido ejecutar proyectos, porque los OCAD no permiten agilizarlos, provocando las protestas y paros de las comunidades que ven el atraso de sus pueblos. Hay que devolverle la autonomía a los municipios y departamentos”, dijo.

Igualmente destacó que «el texto de la iniciativa plantea que los departamentos y municipios productores de petróleo como Meta, Casanare y Arauca, entre otros, vuelvan a ser autónomos en el manejo de las regalías directas, eliminando el OCAD como órgano rector para la disposición de los recursos.

“Esto en ningún momento significa abolir el riguroso control por parte de las autoridades judiciales, disciplinarias y fiscales para preservar la transparencia en el manejo de dichos recursos” , agregó.

El proyecto establece la obligación de utilizar los recursos del Fondo de Ciencia, Tecnología e Innovación de manera exclusiva en actividades propias de esta instancia, como también pretende robustecer la participación de Colciencias en el Órgano Colegiado de Administración y Decisión – OCAD- que aprueba los recursos de este fondo, así mismo se amplía el espectro de los proyectos de investigación a financiar, que de aprobarse el acto legislativo, podrán financiar iniciativas de investigación que sean de interés nacional y equidad regional.

Para Martínez “es imperativo incrementar los recursos de los Fondos de Compensación Regional y Desarrollo Regional, así como las asignaciones directas, disminuyendo el porcentaje de ahorro en el Fondo de Ahorro y Estabilización Regional, de tal forma que el porcentaje que se deje de percibir en éste, se transfiera a los Fondos Regionales y entidades territoriales.

“Esta iniciativa la lideraremos de la mano del Gobierno Nacional, cumpliendo un planteamiento realizado por el señor Presidente Juan Manuel Santos, sobre la necesidad de dar mayor autonomía a las regiones productoras en el manejo de sus propios recursos” explicó la congresista

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Supremo venezolano en el exilio decreta la “continuidad” del actual Parlamento

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MARACAIBO, VENEZUELA. / VOA NOTICIAS

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), electo en 2017 por la opositora Asamblea Nacional y cuyos integrantes se encuentran en el exilio, declaró la nulidad de las elecciones parlamentarias de este domingo y determinó que los diputados del Parlamento escogido en 2015 deben continuar en sus cargos hasta que haya votaciones democráticas y libres.

La decisión, tomada y difundida este jueves, también refrenda a Juan Guaidó como presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, como cabeza del gobierno interino de Venezuela.

La Sala Electoral de ese Tribunal Supremo de Justicia decidió este jueves la “invalidez” del proceso electoral legislativo convocado con la venia del chavismo en julio pasado, como respuesta urgente a una petición formalizada el primero de diciembre por un grupo de diputados de la actual Asamblea Nacional.

La principal razón que dio el magistrado y presidente de esa instancia judicial, Domingo Javier Salgado Rodríguez, es que la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral es una facultad constitucional exclusiva del poder legislativo de Venezuela con la participación de la sociedad civil.

“Ese procedimiento de designación no puede abrogarlo para sí el Poder Judicial y menos quienes de manera irregular han pretendido integrar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, funcionando de manera espuria desde la ciudad de Caracas”, reza el fallo del expediente SE-2020-0002.

Los actos electorales derivados del nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) son, a juicio del TSJ venezolano en el exilio, carentes de validez “por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes”.

La decisión tacha la convocatoria a las elecciones de “fraudulenta” y acusa a los integrantes del nuevo poder electoral de usurpadores.

El máximo jurista de la Sala Electoral también anuló “las gravísimas violaciones del orden constitucional y orden legal” que observó por parte de las “autoridades usurpadas” en la aprobación del reglamento que regulará las elecciones indígenas a la AN y de las normas especiales para esas votaciones.

A man wearing a face mask amid the COVID-19 pandemic passes a mural of Venezuelan President Nicolas Maduro in Caracas,…

Desmitifican la oferta de Maduro de dejar la presidencia si pierde las parlamentarias

“Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. Asumo el reto”, dijo el martes el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los 33 magistrados escogidos en julio de 2017 por el Parlamento residen actualmente en diferentes países, como Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos. Suelen reunirse semanalmente mediante videoconferencias, si bien sus despachos han enfatizado en que sus salas operan a diario en las solicitudes que reciben mediante correos electrónicos y su página oficial en Internet.

Analistas y juristas independientes han puesto en entredicho el impacto real dentro del sistema de justicia venezolano de las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia que eligió el Parlamento en 2017, sin embargo.

Guaidó, ratificado, por ahora

La Sala, en el numeral sexto de su fallo, declaró “ha lugar” a la continuidad de la representación parlamentaria de los diputados electos el 6 de diciembre de 2015, una votación que ganó abrumadoramente la oposición ante el chavismo.

La presunta comisión de un fraude electoral en la escogencia de tres diputados del estado Amazonas frustró la posibilidad de que la oposición ejerciera tal mayoría legislativa. El TSJ madurista emitió al menos 120 decisiones desde enero de 2016 que anularon legalmente todos los actos de ese Parlamento.

El poder judicial en el exilio, que el gobierno interino de Juan Guaidó llama “legítimo”, advirtió que no ha existido “una convocatoria legal” para elegir a los diputados que deberían ejercer sus cargos entre 2021 y 2026.

“Se acuerda que se mantengan como los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del del 6 de enero de 2021, a los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015 y juramentados el 5 de enero de 2016, hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas”, indica la decisión.

Cuatro de sus siete magistrados fueron diputados, ministros, militares o embajadores leales al chavismo. Expertos la valoran como el órgano judicial más poderoso del país.

El ponente justificó su opinión en los artículos 63 y 333 de la Constitución venezolana para “evitar que se vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin representación parlamentaria”.

La Sala Electoral también certificó la continuidad de la junta directiva parlamentaria, liderada por Guaidó, “quien, además de presidente de la Asamblea Nacional, ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela”.

Tanto la directiva como las comisiones legislativas continuarán en sus funciones a partir del 6 de enero de 2021 hasta tanto la Asamblea Nacional decida “lo conducente” en los términos del artículo 194 de la Constitución, que establece que el Parlamento escogerá los cargos directivos de la institución por un año.

También, se exhorta a la AN a que continúe con el proceso de selección y designación de nuevos rectores del CNE que puedan generar la “confiabilidad” de los votantes en el sistema electoral venezolano.

“El pueblo, en el ejercicio de su soberanía, eligió a sus representantes a la Asamblea Nacional en fecha 6 de diciembre de 2015, y por tanto solo él, mediante un nuevo sufragio, podrá elegir sus nuevos representantes dentro del marco constitucional”, añade el fallo.

El magistrado pidió, por último, que la decisión se comunicara a los poderes públicos de Venezuela, así como a las secretarías generales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea.

 

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