La Comisión Colombiana de Justistas (CCJ) y tres congresistas interpusieron la acción porque consideran que no cumplirá su objetivo de proteger a los menores.
La representante a la Cámara Ángela María Robledo y los senadores Roy Barreras e Iván Cepeda se unieron a los juristas expertos de la corporación para revivir el debate “sobre la respuesta del Estado a las violencias contra los niños, niñas y adolescentes, y sobre la necesidad de buscar medidas realmente efectivas para prevenirlas y luchar contra la impunidad“.
Por eso, Julián González, coordinador de incidencia nacional de la CCJ, explicó que decidieron demandar ante la Corte Consitucional la reforma a la Constitución que establece la cadena perpetua para violadores y asesinos de menores.
La primera de ellas es que consideran que no protege realmente a los niños y “genera una falsa sensación de justicia”. El experto citó datos de la Fiscalía y el ICBF según los cuales “entre el 95 y 98 % de estos delitos no llegan a al sistema judicial o no hay noticia criminal; es decir, quedan impunes”.
Los demandantes consideran que una pena más alta no necesariamente implica la disminución de la impunidad al juzgar estos crímenes y eso es, dice González, lo que se debería buscar al promulgar una reforma que proteja los derechos de los niños.
Consideran, en contravía de lo expuesto por los promotores de la iniciativa, que la dignidad de los niños sigue expuesta porque “no adopta medidas para su protección o atención ni aborda los problemas sustanciales de los fenómenos de violencia” ni da respuestas frente a la prevención del crimen y las alertas tempranas.
Además, le propone algunas preguntas a la Nación, sobre cómo enfrentar esta situación: ¿Cuáles son las medidas para promover y facilitar la denuncia? ¿Cómo debe ser la atención y reparación para las víctimas, a cargo del Estado? ¿Cómo reducir la impunidad? ¿Cuáles son las acciones concretas que deben emprenderse para prevenir los crímenes?
Los demandantes señalan que tampoco se les da respuesta a las víctimas “frente a la afectación de sus derechos, más allá del castigo a sus victimarios”.
En segundo lugar, González menciona que el Congreso “cometió errores en el trámite” y eso implica que “la inconstitucionalidad afecta todo el acto legislativo”.
Además, en el Capitolio no se hizo el proceso de las recusaciones presentadas en séptimo y octavo debate. “Si este era realmente un tema tan importante para las y los congresistas ¿por qué se incumplió el procedimiento para su expedición? ¿por qué no se actuó con diligencia y garantías democráticas para su aprobación?”, se preguntan la CCJ y los congresistas.
Por último, el tercer argumento que dan los demandantes es que consideran “que la prisión perpetua es un trato cruel e inhumano prohibido por la Constitución” y como creen que existe una sustitución a la carta política, “no puede hacerse parte de la misma”.
Pulzo.
