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Las vueltas de un socio de Fidupetrol

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La historia de un empresario condecorado que espera sentencia por estafa y no quiere que lo relacionen con el escándalo Pretelt.

Por: Norbey Quevedo Hernández /El Espectador

En Twitter: @norbeyquevedo /Nota Original en este link de El Espectador

Hace una década, con la promesa de convertir a Colombia en segundo país productor de combustibles limpios gracias a la licuefacción del carbón, el empresario Jimmy Fredy Osorio se codeaba con altos dignatarios, reconocidos abogados, poderosos inversionistas y ávidos políticos. Hoy, detenido en su casa y con 43 procesos en contra, es una de las piezas del desfalco de regalías petroleras en el Casanare que desató el escándalo Pretelt, al punto de que él mismo acaba de pedirle a la Fiscalía ser escuchado para colaborar con la justicia.

Aunque Jimmy Osorio se vinculó desde hace más de 20 años al gremio de la producción y comercialización del carbón, fue la idea de refinarlo para convertirlo en líquido y exportarlo al mundo la que lo sacó del anonimato y lo puso en contacto con el poder. Después de varios convenios con centros de investigación nacional e internacional, en octubre de 2004 le dio vida a su empresa Likuen Col S. A., con el cual empezó a tocar puertas del Gobierno y la empresa privada, sin que pasara mucho tiempo en encontrar una cálida acogida.

La evidencia la constituye una carta suscrita por el entonces presidente Álvaro Uribe, en la que le deseó “todo el éxito a la promotora de la licuefacción de los carbones colombianos”, y saludó “los aportes teóricos de Amílkar Acosta y Jairo Londoño”. Según Uribe, se vislumbraba en la propuesta de Osorio “una fuente infinita de empleo para los trabajadores y de rentas para la nación, los departamentos y los municipios carboníferos”. El proyecto se expuso por primera vez ese año durante una misión empresarial en Japón y China.

En adelante, los ministerios de Comercio y Minas del gobierno Uribe se vincularon a la causa de Osorio, y luego el entonces presidente de Proexport, Luis Guillermo Plata, lo invitó a una nueva misión oficial en China, esta vez en cabeza del vicepresidente Francisco Santos, “para avanzar en negocios puntuales e identificar nuevas oportunidades con el apoyo de la oficina comercial en Beijing”. Eran tiempos notables para Osorio y su firma Likuen, al punto de que su proyecto fue premiado en Washington y celebrado en Colombia.

Lo visitaban en su oficina situada en el exclusivo sector de Santa Ana, en Bogotá, desde funcionarios oficiales e industriales hasta delegados de gobiernos extranjeros. Dentro de las expectativas planteadas surgió la idea de desarrollar una zona franca portuaria en el municipio de Ciénaga (Magdalena), para promocionar proyectos energéticos enmarcados en mecanismos de desarrollo limpios. La financiera estatal Findeter estuvo a punto de desembolsar una millonaria suma para financiar esta y otras iniciativas carboníferas paralelas.

Sin embargo, al mismo tiempo que Osorio ganaba terreno en los círculos del poder, dio un paso en falso que representó el comienzo de su debacle. Según él, a su oficina llegó el abogado Pedro Nel Escorcia, a quien había conocido en el club Atheneum del World Trade Center de Bogotá, para plantearle la posibilidad de extender el proyecto Likuen al departamento del Casanare. Tiempo después, Escorcia lo relacionó con un candidato a la Gobernación y luego con Óscar Escarpeta, quien resultó ser un personaje vinculado a Fidupetrol.

Lo cierto es que Carbones Likuen y la Fiduciaria Petrolera terminaron firmando un contrato de fiducia mercantil en septiembre de 2007, y dos meses después, el 15 de noviembre, Osorio apareció ofreciéndole su portafolio de servicios al entonces gobernador Whitman Herney Porras. En la propuesta le planteó invertir los excedentes de liquidez del departamento para maximizar sus inversiones y ganar rentabilidad. El negocio se hizo y el gobernador impartió instrucciones a su tesorero para disponer de los dineros públicos.

No pasó mucho tiempo para que los medios de comunicación denunciaran el negocio y hacia febrero de 2008, el entonces contralor Julio César Turbay admitió después de una auditoría que se habían realizado inversiones riesgosas de dineros de las regalías en Casanare. Casi de inmediato, el nuevo gobernador Óscar Iván Flórez le envió una carta a Fidupetrol manifestándole que la inversión realizada por su antecesor estaba viciada de nulidad e invitó a los responsables a reintegrar la totalidad de los dineros públicos invertidos.

De paso, Flórez recalcó que Fidupetrol debía explicar por qué se aceptó la oferta comercial de cesión de derechos de beneficio con Carbones Likuem, cuando este negocio no podía ser una operación de tesorería. El gobernador autorizó al jefe de su oficina jurídica, Henry Villarraga, para tramitar su solicitud. La versión de Osorio es que Villarraga con Pedro Nel Escorcia y otros se apropiaron del proyecto para construir la planta de conversión a líquido. Al margen del conflicto suscitado Fidupetrol le contestó que su negocio sí estaba amparado en la legalidad.

De ahí en adelante la pelea entre Fidupetrol, Likuen y la Contraloría fue permanente. Turbay insistió una y otra vez que el negocio fiduciario se había utilizado en el Casanare para actividades riesgosas y prohibidas por la ley. Ya con la crisis a bordo, en octubre de 2008, Fidupetrol notificó a Osorio que como quiera que la Superintendencia Financiera había cambiado la regulación de las sociedades fiduciarias, era necesario iniciar un plan de desmonte del contrato de fiducia mercantil compartido.

El 5 de agosto de 2009 fue revocado el mandato conferido a Osorio y, además, Fidupetrol lo cesó como representante de la unión temporal. Era claro que la fiduciaria comenzaba a tomar distancia del propietario de Likuen y que las pesquisas de la Contraloría empezaban a afectar ambas partes. El 12 de febrero de 2009, la Fiscalía ordenó investigar la conducta del exgobernador del Casanare Whitman Herney Porras como coautor de los delitos de contrato sin requisitos legales y peculado.

No obstante, antes de que entraran en acción los abogados penalistas y el asunto desbordara en pesquisas generales, Jimmy Osorio tuvo tiempo para seguir rodeado por el poder. Es así como, por ejemplo, el entonces gobernador del Magdalena, Ómar Díaz Granados, le escribió para decirle que su propuesta de zona franca portuaria minero-energética debía involucrarse en su plan de desarrollo departamental. La prensa en Santa Marta aseguró que el proyecto abría nuevos horizontes en el mercado energético y la infraestructura nacional.

Osorio, ya agobiado por el tema del Casanare, tuvo un segundo aire que le permitió en septiembre de 2010 recibir la condecoración Pluma Master por parte de la Asociación Colombiana de Revistas Independientes (Acoprensa) por su visión empresarial. Un año más tarde, Osorio le presentó formalmente su propuesta de zona franca permanente portuaria al ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, y al director de Minas, Carlos Andrés Cante, recordándole que su iniciativa tenía respaldo en un documento Conpes de 2009.

Además Osorio recalcó que también hacía parte del Proyecto País de la administración Santos, resaltando que la zona franca debía constituirse en un área de 109.71 hectáreas en el municipio de Ciénaga (Magdalena). Las propuestas de Osorio se dieron por la misma época en la que la Fiscalía puso preso al exgobernador Whitman Herney Porras. Ya para entonces, Fidupetrol había sido vinculado como tercero civilmente responsable por la inversión en el Casanare que, según la Contraloría, produjo un faltante de $44.000 millones.

El último buen momento de Jimmy Osorio se dio en octubre de 2012, cuando recibió la orden Pedro Nel Ospina, según la Sociedad Colombiana de Prensa, por sus labores como notable empresario. En ese momento recordó que hasta los hijos de Uribe lo habían buscado para que le diera opinión sobre el tema de las zonas francas, y que personajes como el senador Juan Carlos Restrepo, el exministro Amílkar Acosta o el entonces viceministro de Transporte, Nicolás Estupiñán, hicieron parte de la pléyade de visitantes de su oficina.

El 13 de marzo de 2013, la Corte Suprema de Justicia condenó a 18 años y seis meses de prisión al exgobernador del Casanare, Whitman Herney Porras, y a Fidupetrol, en calidad de tercero civilmente responsable, al pago de $22.500 millones. Aunque Osorio no está vinculado judicialmente a este caso, desde esta época sí se le vino la noche de la justicia. Osorio, enfrascado en su proyecto, había creado una empresa para el transporte de crudo, pero el tema derivó en la oferta de tractocamiones y volquetas a bajos precios que lo enredó con la ley.

Ese mismo 2013 fue denunciado por estafa en mayor cuantía agravada, y terminando el año, después de que se conoció que la Unidad Anticorrupción de la Contraloría había condenado fiscalmente al exgobernador Whitman Herney Porras, le llovieron denuncias en su contra. Por falsedad personal, violencia intrafamiliar, fraude procesal y captación masiva. Sus cercanos de ayer salieron en desbandada. El entonces ministro de Minas, Amílkar Acosta, negó cualquier relación con Osorio y su proyecto de zona franca quedó en veremos.

El 18 de noviembre de 2014, un juez de control de garantías ordenó su detención domiciliaria por supuesta estafa a más de 50 personas y cuantía superior a los $1.000 millones. Durante la audiencia, Osorio aceptó los cargos. A esas alturas, su única opción era aguardar a que prosperara una denuncia suya interpuesta contra los hermanos Jorge y Carlos Mattos, porque supuestamente le quitaron $3.500 millones en un negocio inmobiliario en Cartagena que nunca resultó. Según él, sólo le ofrecieron pagarle con seis vehículos de alta gama.

Hoy Osorio dice que no tiene con qué hacer mercado ni pagar abogado y en su casa espera sentencia. Además, asegura que le apareció una sentencia por lesiones personales de una señora que no conoce, y otro proceso de una administradora de edificio que adujo ser su amante. Según él, tiene 43 procesos falsos en su contra, pero más que nada le preocupa que se diga que tiene algo que ver con el escándalo Pretelt. Quizá por eso quiere hablar con la Fiscalía y añora los tiempos en los que la revista Management Empresarial le preguntó cómo quería ser recordado y contestó: “Como Kung Fu Panda”.

Uno de los casos ante las autoridades

El 29 de febrero de 2013 los ciudadanos Jorge Alberto Rojas Cicua y Nibia Porras González le relataron a la justicia uno de los casos que tienen enredado a Jimmy Osorio. Según los denunciantes, su caso se inició por el pastor cristiano Fracier Obando Pinillo, quien manejaba la iglesia Oasis. Luego de una relación basada en sus enseñanzas de la palabra de Dios y de compartir varias jornadas religiosas el pastor Obando le pidió los teléfonos a la pareja. En noviembre de 2012 el pastor recibió una llamada de su esposa, quien le comentó que en Corferias estaban trabajando con una persona que iba a comprar 100 tractocamiones. Entonces el pastor les habló de la posibilidad de invertir en el negocio. Finalmente los convenció y le giraron $156 millones que obtuvieron con un préstamo bancario y nunca recibieron el vehículo. Osorio dice que usaron su nombre para el negocio y recuerda que tenía relaciones con muchos políticos.

»Fue un negocío con superávit»: Osorio

Según indicó Jimmy Osorio, aún no se explica por qué lo relevaron de su cargo como representante legal de Fidupetrol. »Nunca entendí la postura de los integrantes de la fiduciaria, cuando ostenté la representación legal había un superávit certificado ante el mismo fideicomiso por US$105 millones, que fue el último avalúo de la mina donde se habían realizado las inversiones para cumplir el objeto del contrato, el cual era proveer carbón a los contratos en cumplimiento del fin de la unión temooral, que era la producción y comercialización de carbón, y nunca se realizaron inversiones para tecnología». De acuerdo con el empresario, su idea del proceso de licuefacción de carbón fue avalado por diferentes instancias del Gobierno Nacional, especialmente en la administración del entonces presidente Álvaro Uribe, con quien dice compartió en algunos escenarios empresariales, políticos y sociales.

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Supremo venezolano en el exilio decreta la “continuidad” del actual Parlamento

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MARACAIBO, VENEZUELA. / VOA NOTICIAS

El Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), electo en 2017 por la opositora Asamblea Nacional y cuyos integrantes se encuentran en el exilio, declaró la nulidad de las elecciones parlamentarias de este domingo y determinó que los diputados del Parlamento escogido en 2015 deben continuar en sus cargos hasta que haya votaciones democráticas y libres.

La decisión, tomada y difundida este jueves, también refrenda a Juan Guaidó como presidente de la junta directiva de la Asamblea Nacional (AN) y, en consecuencia, como cabeza del gobierno interino de Venezuela.

La Sala Electoral de ese Tribunal Supremo de Justicia decidió este jueves la “invalidez” del proceso electoral legislativo convocado con la venia del chavismo en julio pasado, como respuesta urgente a una petición formalizada el primero de diciembre por un grupo de diputados de la actual Asamblea Nacional.

La principal razón que dio el magistrado y presidente de esa instancia judicial, Domingo Javier Salgado Rodríguez, es que la designación de los rectores del Consejo Nacional Electoral es una facultad constitucional exclusiva del poder legislativo de Venezuela con la participación de la sociedad civil.

“Ese procedimiento de designación no puede abrogarlo para sí el Poder Judicial y menos quienes de manera irregular han pretendido integrar la Sala Constitucional del Tribunal Supremo de Justicia, funcionando de manera espuria desde la ciudad de Caracas”, reza el fallo del expediente SE-2020-0002.

Los actos electorales derivados del nombramiento del Consejo Nacional Electoral (CNE) son, a juicio del TSJ venezolano en el exilio, carentes de validez “por ser irremediablemente nulos, ineficaces e inexistentes”.

La decisión tacha la convocatoria a las elecciones de “fraudulenta” y acusa a los integrantes del nuevo poder electoral de usurpadores.

El máximo jurista de la Sala Electoral también anuló “las gravísimas violaciones del orden constitucional y orden legal” que observó por parte de las “autoridades usurpadas” en la aprobación del reglamento que regulará las elecciones indígenas a la AN y de las normas especiales para esas votaciones.

A man wearing a face mask amid the COVID-19 pandemic passes a mural of Venezuelan President Nicolas Maduro in Caracas,…

Desmitifican la oferta de Maduro de dejar la presidencia si pierde las parlamentarias

“Ellos están diciendo que el próximo domingo es un plebiscito. Asumo el reto”, dijo el martes el presidente en disputa de Venezuela, Nicolás Maduro.

Los 33 magistrados escogidos en julio de 2017 por el Parlamento residen actualmente en diferentes países, como Panamá, Chile, Colombia y Estados Unidos. Suelen reunirse semanalmente mediante videoconferencias, si bien sus despachos han enfatizado en que sus salas operan a diario en las solicitudes que reciben mediante correos electrónicos y su página oficial en Internet.

Analistas y juristas independientes han puesto en entredicho el impacto real dentro del sistema de justicia venezolano de las sentencias emanadas del Tribunal Supremo de Justicia que eligió el Parlamento en 2017, sin embargo.

Guaidó, ratificado, por ahora

La Sala, en el numeral sexto de su fallo, declaró “ha lugar” a la continuidad de la representación parlamentaria de los diputados electos el 6 de diciembre de 2015, una votación que ganó abrumadoramente la oposición ante el chavismo.

La presunta comisión de un fraude electoral en la escogencia de tres diputados del estado Amazonas frustró la posibilidad de que la oposición ejerciera tal mayoría legislativa. El TSJ madurista emitió al menos 120 decisiones desde enero de 2016 que anularon legalmente todos los actos de ese Parlamento.

El poder judicial en el exilio, que el gobierno interino de Juan Guaidó llama “legítimo”, advirtió que no ha existido “una convocatoria legal” para elegir a los diputados que deberían ejercer sus cargos entre 2021 y 2026.

“Se acuerda que se mantengan como los únicos diputados legítimos a la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, a partir del del 6 de enero de 2021, a los parlamentarios legítimamente electos en los comicios celebrados el 6 de diciembre de 2015 y juramentados el 5 de enero de 2016, hasta que sean celebradas unas elecciones auténticas”, indica la decisión.

Cuatro de sus siete magistrados fueron diputados, ministros, militares o embajadores leales al chavismo. Expertos la valoran como el órgano judicial más poderoso del país.

El ponente justificó su opinión en los artículos 63 y 333 de la Constitución venezolana para “evitar que se vulnere la soberanía popular y el pueblo quede sin representación parlamentaria”.

La Sala Electoral también certificó la continuidad de la junta directiva parlamentaria, liderada por Guaidó, “quien, además de presidente de la Asamblea Nacional, ejerce las funciones de presidente interino de la República Bolivariana de Venezuela”.

Tanto la directiva como las comisiones legislativas continuarán en sus funciones a partir del 6 de enero de 2021 hasta tanto la Asamblea Nacional decida “lo conducente” en los términos del artículo 194 de la Constitución, que establece que el Parlamento escogerá los cargos directivos de la institución por un año.

También, se exhorta a la AN a que continúe con el proceso de selección y designación de nuevos rectores del CNE que puedan generar la “confiabilidad” de los votantes en el sistema electoral venezolano.

“El pueblo, en el ejercicio de su soberanía, eligió a sus representantes a la Asamblea Nacional en fecha 6 de diciembre de 2015, y por tanto solo él, mediante un nuevo sufragio, podrá elegir sus nuevos representantes dentro del marco constitucional”, añade el fallo.

El magistrado pidió, por último, que la decisión se comunicara a los poderes públicos de Venezuela, así como a las secretarías generales de las Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos y de la Unión Europea.

 

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