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Las extrañas movidas del expediente de Fidupetrol

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Desde su lujosa casa por cárcel, en Bogotá, en donde está recluido por ser un confeso estafador, el empresario Jimmy Osorio Guevara les ha escrito varias cartas al fiscal Eduardo Montealegre y a sus subalternos.

En estas les dice que está listo a declarar “dentro del llamado expediente ‘Fidupretelt’ ”, escándalo por el que será acusado ante la Comisión de Acusación de la Cámara el magistrado de la Corte Constitucional Jorge Ignacio Pretelt Chaljub.

 Osorio es piedra angular del caso porque, para la Contraloría, fue él quien ideó, estructuró, planificó y dirigió la operación a través de la cual el departamento de Casanare le entregó a Fidupetrol 22.500 millones de pesos de regalías.

El dinero terminó invertido y perdido en Carbones Likuen, unión temporal de la que Osorio era representante. Y para evitar que cobraran la plata, se habría pagado el sonado soborno que salpica al magistrado.

Sin embargo, a estas alturas del escándalo, Osorio ni siquiera ha sido llamado a entrevista. De hecho, las piezas procesales en su contra están literalmente embolatadas.

Así lo admitió Élver Parra, asesor de Montealegre y quien, el 7 de abril, le notificó a Osorio que no encontraban la compulsa de copias del fallo en su contra, proferido por la entonces contralora, Sandra Morelli, con fecha de enero del 2014.

Además, le informó que la sentencia de la Corte Suprema que condenó a Fidupetrol a devolver el dinero fue remitida a una seccional de fiscalías fuera de Bogotá. Luego de rastrearla, apareció en Santa Rosa de Viterbo (Boyacá).

Días después, ante la insistencia de Osorio, el vicefiscal, Jorge Perdomo, le respondió que sobre el supuesto soborno lo único que había era una indagación a su cargo contra personas indeterminadas, en la que ahora ya hay dos presos: Helbert Otero, accionista de Fidupetrol, y el abogado Víctor Pacheco, testigo contra Pretelt.

Sin embargo, Perdomo agregó que aún no estimaban requerirlo. De hecho, tan solo el 25 de marzo se le pidió a la Contraloría que remitiera el fallo contra Osorio.

¿Por qué no ha sido vinculado? ¿Quién envió parte del expediente a Boyacá?

Además de estos interrogantes, se indaga por qué, cuando Osorio se enteró de que aún no estaba penalmente investigado por el caso, hizo tres movimientos claves: modificó su identidad y obtuvo un certificado en el que consta que sufre de ataques de pánico, ansiedad, depresión y estrés agudo. Y, de manera paralela, le pidió al contralor Edgardo Maya revocar el fallo de Sandra Morelli.

¿Los intocables?

EL TIEMPO buscó a la excontralora Morelli para averiguar qué había pasado con el proceso contra Osorio y esta dijo que el caso se inició dentro de un trabajo interinstitucional, cuando Guillermo Mendoza Diago era fiscal y, por ende, en la Fiscalía conocían el proceso. Por eso no tenía que compulsarle copias.

“Fiscalía, Contraloría y Procuraduría estaban coordinadas, practicaron pruebas conjuntamente y cada quien tenía que actuar en su ámbito”, explicó Morelli. Y recordó que ella denunció a Osorio por amenazar al contralor delegado que lo condenó.

Al respecto, este diario reveló que, tras su retiro, el exfiscal Mendoza Diago terminó defendiendo a Fidupetrol ante la Contraloría. Además, que su esposa trabaja en el despacho del magistrado Pretelt.

Por su parte, Eduardo Montealegre se declaró impedido para conocer del caso Fidupetrol porque, antes de ser elegido cabeza del ente acusador, le rindió un concepto sobre su responsabilidad fiscal en el manejo de esos dineros cuyo paradero nadie conoce.

Algunos creen que funcionarios del Casanare, socios de Fidupetrol y el propio Osorio se lo robaron, pero este último dice que fue invertido en dos minas de carbón (en Boyacá y Casanare), que abandonó por amenazas de la guerrilla.

Además, admite que un puñado de intermediarios, a los que nadie ha mencionado aún, se quedaron con una tajada. Y asegura que varios involucrados en el caso no han sido tocados.

Entre ellos, el polémico exmagistrado Henry Villarraga, jefe de la oficina jurídica del Casanare cuando se hizo el negocio; y el abogado Pedro Nel Escorcia, quien le habría ofrecido la plata del Casanare.

Osorio también alega que los recursos no eran dineros de regalías sino excedentes de tesorería, que la Contraloría no podía investigarlo y que no conoce detalles del supuesto soborno.

Y aunque se espera que, en los próximos días, sea citado para que cuente la repartija de recursos, la subdirectora seccional de fiscalías de Boyacá, Omaira Montoya, le pidió que, antes, él mismo le suministre información sobre el caso.

Mientras esto sucede, el hombre, de 53 años, permanece preso en su casa, a la espera de que lo condenen dentro de otro proceso, por estafa agravada. Además, intenta tumbar la decisión de Morelli, esta vez en el Tribunal Superior de Cundinamarca.

‘No me voy a volar’: Osorio

Jimmy Osorio le dijo a EL TIEMPO que, aunque la Contraloría lo condenó por ser el cerebro de la estafa al Casanare, a través de Fidupetrol, la Corte Suprema lo exoneró. “Envié una carta al Fiscal General para pedirle que me informara si existe una investigación contra mí, por el escándalo del supuesto soborno para favorecer a Fidupetrol. Si es así, estoy presto a comparecer”, afirmó.

Y agregó que presentó una demanda de nulidad contra el fallo de la Contraloría. “No es cierto que Jimmy Osorio le deba esa plata al Casanare. Ni siquiera existe un contrato que yo haya firmado con la Gobernación por ese dinero”, explicó. Según su versión, los recursos fueron invertidos en un negocio minero para producir carbón líquido.

“Se invirtió en una mina de Boyacá y una concesión en el Casanare, para la comercialización de carbón líquido. Luego, ese proyecto lo fusiló el entonces gobernador Raúl Flores y lo adjudicó por 10.000 millones de pesos, negocio en el que tuvieron que ver Henry Villarraga y el abogado Pedro Nel Escorcia”, dijo Osorio y aseguró que lo puede demostrar. Además, dijo que no tiene intenciones de fugarse, que la denuncia de Sandra Morelli en su contra por amenazas a un funcionario no existe y que, si bien tiene casa por cárcel por estafa, todo se debió a un mal consejo de sus abogados, que lo llevaron a aceptar cargos. Finalmente, afirmó que no tiene detalles sobre el supuesto soborno al magistrado Jorge Pretelt y que modificó su nombre porque la ley lo permite.

‘Pretelt pidió pero no recibió’

A mitad de semana, la Comisión de Acusación anunció que estaba listo el proyecto de acusación contra el magistrado Jorge Pretelt, por supuestamente exigir un soborno para favorecer a Fidupetrol con una tutela. “Se reúnen los requisitos formales y sustanciales para acusarlo como responsable del delito de concusión”, afirmó el representante investigador Julián Bedoya. Pero el escrito advierte que no se cumplen los requisitos para afirmar que recibió la plata. Según Bedoya, “es normal que no exista prueba directa porque la experiencia enseña que esas solicitudes se hacen con sigilo y en medio de la clandestinidad, cuidando al máximo no dejar evidencia”.

UNIDAD INVESTIGATIVA
u.investigativa@eltiempo.com
@Uinvestigativa

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Boyaca

Condenados los Motoratones de Bogotá: vendían motos hurtadas

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Los procesados aceptaron los cargos imputados por un fiscal adscrito a la Seccional de Fiscalías de Boyacá.

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judicial

Desde el domingo 6 de diciembre, vuelven visitas a las cárceles colombianas

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El Ministerio de Justicia y el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEC, informaron que este domingo seis de diciembre se realizará el primer plan piloto para que las visitas vuelvan a las cárceles del país.

Después de 9 meses de estar prohibidas las visitas en los centros penitenciarios por la pandemia de la Covid-19, desde este domingo 6 de diciembre los privados de la libertad podrán recibir visitas de sus familiares y amigos,

Las autoridades del país establecieron las condiciones para poder llevar a cabo con éxito el primer piloto, las cuales son. cumplir con un aforo máximo de 50 personas, entre internos, visitantes y custodios, los visitantes deberán estar previamente inscritos para poder ingresar, entre otras.

Por último, el Ministerio de Justicia y el INPEC manifestaron que dependerá del comportamiento de los reclusos y de los visitantes para que en el 2021 continúen las visitas.

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Chivas del Dia

Recompensa de 300 millones de pesos por los responsables del asesinato del funcionario de Cormacarena

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Al término del Consejo de Seguridad extraordinario que se realizó en Villavicencio, el ministro de Defensa Nacional Carlos Holmes Trujillo García anunció una recompensa de hasta 300 millones de pesos por quien brinde información que permita la captura de los responsables del asesinato del funcionario de Cormacarena Javier Francisco Parra Cubillos hoy en el municipio de La Macarena.

Trujillo García que estuvo acompañado de toda la cúpula militar, del gobernador del Meta Juan Guillermo Zuluaga y el director de Cormacarena Andrés Felipe García, fue enfático en decir que la prioridad del gobierno nacional es la lucha contra el narcotráfico y la deforestación, a través de la defensa de la vida y evitando que el bosque se convierta en caja de los criminales.

“A esos criminales los vamos a perseguir donde estén, a esos criminales hay que decirles que van a caer, porque la vida siempre se impone sobre la muerte (…) el Estado existe para defender la vida y combatir a quienes viven de la muerte, la violencia y del crimen, pues jamás la criminalidad le gana la batalla al Estado, pues siempre está acompañado de ciudadanos de bien”, aseveró el alto funcionario.

Agregó, que a partir de ahora se ofrece una recompensa de hasta 40 millones de pesos por quien de información que facilite la captura de alguno de cartel de los más buscados de la Amazonía colombiana y hasta 70 millones de pesos por alias ‘Haiver’ y ‘Misingo’ del grupo organizado residual 7 y 62.

Finalmente dijo, que se reforzará la seguridad del Parque Natural Caño Cristales mediante el despliegue de dos pelotones del Ejército Nacional y controles al ingreso de La Macarena. Además, hombres del Ejército y la Policía Nacional continuarán brindando apoyo y vigilancia a todas las actividades ambientales que adelante la Corporación.

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