Los cuatro magistrados que confirman la Sección Quinta del Consejo de Estado acaban de recibir en sus despachos una ponencia para fallo, cuyo contenido puede sacudir las entrañas de la Corte Suprema de Justicia.
La proyectó el togado Luis Alberto Álvarez y, en pocas palabras, define el futuro de 7 de los 23 magistrados que conforman al máximo tribunal de la justicia ordinaria en Colombia y que –de prosperar la demanda que está por resolverse– podría dejarlo funcionando con sus mínimos.
Lo que dice el recurso judicial es que la Corte actuó administrativamente de forma incorrecta cuando interpretó su reglamento interno y con solo 15 magistrados decidió nombrar en propiedad a otros 7, que son los que ahora tienen en riesgo su permanencia.
Eso sucedió en febrero de 2020 y se trata de Gerson Chaverra Castro, Luis Benedicto Herrera Díaz, Hugo Quintero Bernate, Fabio Ospitia Garzón, Francisco José Ternera Barrios, Omar Ángel Mejía Amador e Iván Mauricio Lenis Gómez.
EL COLOMBIANO estableció por fuentes cercanas al expediente que la ponencia que proyectó el magistrado Álvarez –abogado egresado de la Universidad Santo Tomás– les da la razón a los demandantes y plantea que la llegada de los mencionados togados a la Corte Suprema tiene vicios administrativos.
Las preguntas que surgen, y eso hace parte del debate de la Sección Quinta del Consejo de Estado, es si anula sus nombramientos y los saca de inmediato, por lo que la Corte solo quedaría con 16 magistrados; o si difiere los efectos de su fallo y permite que se queden mientras se surte correctamente el proceso de elección de togados en esa alta Corte; o si, que también es viable, confirma la irregularidad administrativa, pero mantiene los nombramientos para evitar un desbarajuste institucional.
Lo cierto es que –al menos hasta este jueves– en lo que sí hay quórum es en mantener la legalidad de lo actuado por los 7 togados que tienen en vilo su puesto, por tratarse de temas de alto impacto como extradiciones, libertades e, incluso, votaciones en otros asuntos relacionados con derechos civiles y laborales.
Pero, ¿por qué el Consejo de Estado terminó estudiando un caso de esta naturaleza y la Corte en ascuas para saber si se vuelve a reducir o no a sus mínimos?
El expediente tiene su génesis en una situación atípica que comenzó en el segundo semestre de 2019 y se extendió a los primeros meses de 2020, pues para ese momento varios magistrados terminaron sus periodos de 8 años y las vacantes no fueron suplidas. Incluso, se llegó a tener solo 16 togados.
Pero el 27 de febrero de 2020 se le acabó el periodo al magistrado Ariel Salazar, por lo que la Corte quedó con solo 15 magistrados. Eso, aparte de que nunca había sucedido, obligó a que la Sala Plena –la que quedaba– interpretara su reglamento (Acuerdo 005 de 2002) para que las decisiones se hicieran bajo las mayorías que tenía en ese momento y no las que tienen como base el número de togados que la conforman, que es de 23. Eso se traduce en que requerían 16 votos de igual número de magistrados para suplicar las vacantes, pero solo había 15 y de ahí la interpretación interna que se hizo para subsanar su conformación; así llegaron los 7 magistrados a los que ahora les pende de un hilo su toga.
Los demandantes fueron, entre otros, el exsecretario Anticorrupción de Presidencia Camilo Enciso y el hoy ministro designado de Defensa, Iván Velásquez. Ellos argumentaron la elección de estos 7 magistrados es irregular y debe tumbarse, pero la Procuraduría y la Agencia de Defensa Jurídica piensan lo contrario y piden mantener su designación.
Lo cierto es que es una verdadera papa calienta la que tienen en la Sección Quinta del Consejo de Estado, porque si tumban a estos 7 togados dejan de nuevo a la Corte en sus mínimos, pero al dejarlos también podrían validar un posible vicio administrativo.
Fuente: El Colombiano
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