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La Fiscalía ha pagado 22.000 millones de pesos en tiquetes aéreos

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El fiscal general, Eduardo Montealegre, intentó este miércoles conjurar la polémica que han desencadenado los millonarios contratos que ha pagado por asesorías a juristas y consultores, a pesar de contar con una nómina de 22.900 funcionarios.

Para justificar desembolsos por 10.000 millones de pesos, le dijo a EL TIEMPO que la entidad requiere de especialistas para cumplir ciertas tareas y que las críticas vienen de sectores que ven afectados sus intereses por los resultados de investigaciones de la Fiscalía. (Lea: Que Montealegre responda por sus actos, piden varios exfiscales)

 Sin embargo, están apareciendo más contratos que –al igual que los de los exmagistrados Pedro Munar, Manuel José Cepeda y Luis Ernesto Vargas, entre otros– llaman la atención de congresistas y autoridades por sus montos y objetos. Uno de ellos es el de compra de tiquetes nacionales e internacionales.

Durante la administración de Montealegre se han pagado más de 22.575 millones de pesos por este servicio a una misma firma: Escobar Ospina S. A. S., que ha ganado las últimas tres licitaciones.

Si bien las compras incluyen tiquetes para mover capturados, vinculados al programa de protección de testigos y funcionarios, también cubren el desplazamiento de contratistas y de la cúpula de la entidad.

El contrato más reciente se firmó el 24 de junio, por 14.615 millones de pesos. Pero hay dos más: uno por 7.000 millones, firmado en julio del 2014; y otro más, por 960 millones, firmado el 17 de junio del 2013. (Lea también: Las explosivas declaraciones del Fiscal sobre millonaria contratación)

Eso significa que la compra de tiquetes se ha disparado en la entidad, cuya cabeza cuenta con un jet privado para sus desplazamientos.

Escobar Ospina S. A. S., la proveedora de tiquetes, es una empresa reconocida en el sector por brindarles servicios a otras entidades. Pero también porque, en el 2001, cuando se le conocía como Calitour, salió a relucir en un escándalo en la Policía. Este diario reveló que la empresa era de la esposa del entonces director de Gestión de la Policía, Marino Escobar.

Crece lista de asesores

Además de los contratos con exmagistrados –cuyos nombres ha revelado la prensa–, también están en la mira los suscritos con periodistas, consultores y más abogados externos, incluido Luis Gustavo Moreno, defensor del exgobernador Luis Alfredo Ramos.

Moreno, de 34 años y quien dice tener una amplia hoja de vida, se ganó un contrato por 140 millones de pesos para dictarles conferencias a fiscales sobre casación penal.

En ese paquete también aparecen los exconsejeros de Estado Manuel Santiago Urueta y Rafael Enrique Ostau de Lafont.

El primero, suscribió un contrato por 250 millones, para prestar asesoría a la dirección jurídica de la entidad: y Ostau de Lafont, suscribió otro por 151 millones de pesos para fines jurídicos similares. Llama la atención que ambos exmagistrados también aparecen en la nómina de asesores del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, que está siendo indagada por la Contraloría Distrital. Además, un familiar de Ostau de Lafont trabaja en la oficina jurídica de la Fiscalía.

Miguel Samper Strouss, hijo del expresidente Ernesto Samper y exviceministro de Justicia, también está en la nómina de asesores del Fiscal. Samper suscribió un contrato por 261 millones de pesos. Entre sus funciones está la de asistir a reuniones claves en la entidad, e incluso estuvo a cargo de la agenda privada de Montealegre.

Y hay un último paquete de contratos relacionados con la imagen del Fiscal y de la entidad.

Montealegre les ha dado el visto bueno a contratos por cerca de 6.000 millones de pesos para que se enganche a periodistas que apoyen, acompañen y asesoren a la Fiscalía, a su despacho y al del vicefiscal, con el manejo de medios y generadores de opinión, entre otras funciones.

El más reciente fue por 445 millones de pesos y se lo entregó a un periodista de un canal de televisión.

EL TIEMPO

Chivas del Dia

Disidencias de las Farc usaron indígenas para explotar coltán en Guainía

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En un trabajo articulado de la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional, el Ejército y la Fuerza Aérea Colombiana fueron recopilados elementos de prueba suficientes para establecer el presunto origen ilegal de cerca cinco toneladas de coltán y más de una tonelada de estaño, que eran trasportadas subrepticiamente por el río Guaviare, en el punto conocido como Maviso, en Guainía.

En la diligencia realizada en abril del año en curso, fueron encontrados el mineral y el metal ocultos en 247 lonas, por lo que el motorista fue capturado y judicializado por un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos.

Las labores investigativas dan cuenta de que las seis toneladas de coltán y estaño habrían sido extraídas de manera ilegal en zonas de especial importancia ecológica.

En las verificaciones se constató que la actividad de extracción no contaba con las licencias ni permisos de ley, y generaba un grave daño ambiental. Adicionalmente, hay indicios de que la minería ilegal, supuestamente, era auspiciada por integrantes de la estructura disidente de las Farc, conocida como frente Acacio Medina, cuyo cabecilla es alias Jhon 40.

Al parecer, instrumentalizaban a comunidades indígenas de la región para obtener y transportar diversas cantidades de coltán y estaño.

Ante la evidencia recaudada, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro al material hallado, avaluado preliminarmente en 8.500 millones de pesos.

El producto quedó a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Peritos especializados señalan que un kilo de coltán costaría en Colombia cerca de 500 o 600 euros; sin embargo, ese valor podría aumentar 10 veces en Europa.

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Arauca

Cohete utilizado en aviones de combate de la Aviación Militar Bolivariana fue hallado en Arauca

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En operaciones militares de registro y control territorial, tropas del Ejército Nacional hallaron en la vereda Peralonso, del municipio de Arauquita, Arauca, una munición sin explosionar que al parecer pertenecería a la Aviación Militar Bolivariana.

En el lugar, soldados del Batallón Especial Energético y Vial N°. 1 encontraron un cohete Skyfire -70 M9 con cabeza AVC-70 HE-M1. Estas son armas convencionales y su comercialización solo está autorizada por los tratados internacionales para que los fabricantes vendan de manera directa y exclusiva a los países del mundo, especialmente a sus Fuerzas Militares.

La zona en la que fue encontrada esta munición está ubicada a pocos kilómetros de la frontera con Venezuela, donde se presentaron enfrentamientos entre la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y miembros disidentes de las extintas Farc el pasado 19 y 21 de marzo.

Una vez encontrado el cohete, el equipo de Demoliciones y Explosivos EXDE DELTA, acordonó la zona y realizó de forma controlada y con todos los protocolos de seguridad la destrucción de este elemento, sin ocasionar daños ambientales y sin poner en riesgo la seguridad de la población civil.

El Ejército Nacional hace un llamado a la comunidad a que denuncien a la línea gratuita nacional 147 cualquier elemento sospechoso que encuentren en sus lugares para poder reaccionar de forma efectiva.

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Chivas del Dia

Iglesia Pentecostal tendrá que pagar multimillonaria multa por muerte de 33 niños en Fundación

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El Tribunal Administrativo del Magdalena condenó a Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Iglesia Pentecostal tendrá que pagar multimillonaria multa por muerte de 33 niños en Fundación.

Por tanto esta iglesia deberá pagar más de 25.000 millones de pesos como indemnización a las familias afectadas por la tragedia de Fundación.

Como se recordará este triste hecho el pasado 18 de mayo de 2014 en el municipio de Fundación, Magdalena.

Allí  33 niños y una adulta mayor murieron luego que la buseta de placas UVS-556, en la que se movilizaban explotara y se incinerara.

La millonaria condena a la Iglesia Pentecostal, según el fallo, deberá ser entregada al fondo para la protección de los derechos colectivos.

Esto con el fin de indemnizar a los integrantes de los grupos de familias que sufrieron perjuicios morales y materiales como consecuencia de la muerte y lesiones de los infantes.

En ese sentido en la investigación se comprobó que la buseta incendiada había sido contratada por un miembro de esa iglesia.

Esto con el fin  de transportar a los niños a sus casas después de haber asistido a unas clases de escuela dominical.

Iglesia Pentecostal tendrá que pagar multimillonaria multa por muerte de 33 niños en Fundación

No obstante, el vehículo no contaba con el seguro obligatorio, carecía de la revisión técnico mecánica.

De igual forma tenía la tarjeta de operaciones cancelada por parte de la empresa transportadora.

También los familiares de los niños exigían una condena para el Ministerio del Transporte, el municipio de Fundación, la Policía Nacional y el Distrito de Barranquilla, entidades que quedaron absueltas.

En ese sentido, la cuantiosa suma de dinero corresponde a 27.805 salarios mínimos legales mensuales vigentes que tasó el Tribunal en la sentencia.

Cabe recordar que el voraz incendio se presentó porque el conductor, al no poder maniobrar la buseta con gas natural, comenzó a manipular la gasolina, y al darle arranque se produjo la explosión.

Para el Tribunal del Magdalena “la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia asumió la posición de garante frente a unos 60 niños sin contar con un personal idóneo para vigilar, custodiar y proteger la vida e integridad de los infantes, y no utilizó un medio de transporte idóneo o por lo menos que cumpliera con los requerimientos legales básicos”.

Fuente, Publímetro

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