La Fiscalía General de la Nación presentó nuevos elementos materiales probatorios que apuntan a la presunta responsabilidad de Olmedo de Jesús López Martínez, exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), y de Sneyder Agusto Pinilla Álvarez, exsubdirector de Manejo de Desastres de la entidad, en el direccionamiento irregular de contratos destinados a la mitigación de emergencias y al suministro de horas de maquinaria amarilla en cinco departamentos del país.
Según la Fiscalía, entre septiembre de 2023 y marzo de 2024, los exfuncionarios habrían gestionado contratos para obras de mitigación y otros servicios relacionados, de manera irregular, a través de reuniones con funcionarios de dos ministerios, asesores, un enlace de la Presidencia de la República, congresistas y contratistas. El objetivo era orientar, gestionar y tramitar estos contratos de manera rápida y directa, amparados en la declaratoria de emergencia de las zonas afectadas.
Contratos bajo investigación
Los contratos objeto de la investigación están relacionados con intervenciones para mitigar los efectos de la temporada de lluvias en diversas regiones del país. Los principales contratos bajo análisis incluyen:
- Cotorra (Sucre): Obras de mitigación por 44.522 millones de pesos.
- Carmen de Bolívar (Bolívar): Obras de mitigación por 12.356 millones de pesos.
- Saravena (Arauca): Obras de mitigación por 32.559 millones de pesos.
- Sahagún (Córdoba): Contrato para atender las inundaciones, por 28.146 millones de pesos.
- Riohacha (La Guajira): Alquiler de 7.500 horas de maquinaria amarilla, por 2.125 millones de pesos.
La Fiscalía Novena Delegada ante la Corte Suprema de Justicia señaló que los exdirectivos no aceptaron los cargos de interés indebido en la celebración de contratos relacionados con estos cinco eventos ilícitos. Los contratos fueron gestionados bajo el pretexto de la emergencia, sin embargo, las autoridades investigan si existieron irregularidades y posibles favores a contratistas específicos.
La Fiscalía continúa con la recopilación de pruebas y la investigación de otros posibles involucrados en el direccionamiento de estos contratos. Mientras tanto, los exfuncionarios enfrentan un proceso judicial por su presunta participación en el caso.
