BOGOTÁ. En una decisión de alto impacto institucional y político, la Fiscalía General de la Nación compulsó copias ante la Corte Suprema de Justicia para que el alto tribunal determine la responsabilidad penal de seis excongresistas del partido Comunes (exFarc) en la planeación y posterior ejecución del magnicidio del exsenador y exprecandidato presidencial Miguel Uribe Turbay.
La remisión del expediente al fuero constitucional se hizo efectiva el pasado martes 20 de octubre, tras una serie de actuaciones judiciales derivadas de las denuncias presentadas por María Claudia Tarazona, viuda del dirigente político asesinado.
Los exparlamentarios sobre quienes se solicita la apertura de indagación son:
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Julián Gallo Cubillos (‘Carlos Antonio Lozada’)
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Omar de Jesús Restrepo Correa
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Sandra Ramírez Lobo Silva
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Germán José Gómez López
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Carlos Alberto Carreño Marín
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Luis Alberto Albán Urbano (‘Marcos Calarcá’)
Evidencia bajo reserva: Los chats y correos que reactivaron la línea política
El viraje en el proceso judicial se originó el pasado 3 de septiembre, fecha en la que Tarazona remitió al ente investigador una serie de comunicaciones digitales provistas por una fuente cuya identidad permanece bajo reserva legal. En dicho documento se describe minuciosamente la presunta trastienda estratégica del atentado.
De igual forma, la denuncia incorpora conversaciones de mensajería instantánea previamente recepcionadas por la excandidata presidencial del Centro Democrático, Paloma Valencia. El material fue ratificado y entregado en formato físico ante la Fiscalía en días recientes.
Frente a estos hallazgos, el Grupo de Tareas Especiales —conformado por disposición de la fiscal general, Luz Adriana Camargo— ordenó actos urgentes de policía judicial con el fin de establecer la autenticidad, trazabilidad y origen de los dispositivos y plataformas desde donde se habrían emitido dichos mensajes.
Avances del expediente: 16 vinculados y ocho condenas
La respuesta institucional de la Fiscalía se dio en el marco de una solicitud de información requerida por el ministro de Justicia, Iván Cancino, respecto a los avances de la causa penal. En el pronunciamiento, la Fiscalía enfatizó que la macroinvestigación no se limita a la cadena de mando operativa:
“En el marco de sus competencias y con la debida reserva para preservar la investigación, la Fiscalía General de la Nación incorpora y trabaja sobre la información aportada por la señora María Claudia Tarazona”, precisó el órgano acusador.
A un año y cuatro meses del atentado perpetrado el sábado 7 de junio de 2025 en el parque El Golfito (barrio Modelia, Bogotá), las pesquisas dejan un balance de 16 personas vinculadas formalmente, ocho sentencias condenatorias y una medida sancionatoria a un menor de edad ejecutante del disparo. Paralelamente, se mantienen vigentes las órdenes de captura contra los máximos cabecillas de la disidencia Segunda Marquetalia.
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