Los ex funcionarios fueron capturados el sábado en Yopal.
YOPAL
Hacia las ocho de la mañana de este lunes continúa la audiencia de legalización de captura y medida de aseguramiento del exalcalde de Yopal Willman Celemín, del exgerente del Acueducto Edwin Miranda y de Bladimir Castro, ex director de la Oficina de Proyectos de la Empresa.
La diligencia inició ayer pasadas las cinco de la tarde, pero se suspendió hacia las diez de la noche.
Los implicados son investigados por la Fiscalía 1 Anticorrupción por contratación indebida, peculado, prevaricato y falsedad en documento público, en relación con la construcción de la Planta Modular del Acueducto de Yopal.
El juez de garantías les imputó los cargos pero éstos no aceptaron. Se conoció que Castro podría acogerse en las próximas horas a los cargos y colaborar con la justicia.
El juez no permitió por solicitud de la defensa de los detenidos que se permitiera el ingreso de la prensa.
Se conoció que faltan por capturar otras dos personas, vinculadas en el mismo proceso.
Las conductas
De acuerdo con el código penal los delitos por los que se investigan tienen las siguientes penas.
Artículo 410. Contrato sin cumplimiento de requisitos legales. El servidor público que por razón del ejercicio de sus funciones tramite contrato sin observancia de los requisitos legales esenciales o lo celebre o liquide sin verificar el cumplimiento de los mismos, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a doscientos dieciséis (216) meses, multa de sesenta y seis punto sesenta y seis (66.66) a trescientos (300) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a doscientos dieciséis (216) meses.
Falsedad ideológica en documento público. El servidor público que en ejercicio de sus funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión de sesenta y cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas de ochenta (80) a ciento ochenta (180) meses.
