También es deudor solidario el exrector de la Universidad de Cartagena Sergio Hernández
En decisión de segunda instancia y por tanto definitiva, la Contraloría General de la República profirió decisión con responsabilidad fiscal por 59.460 millones de pesos contra los exgobernadores de Casanare, William Hernán Pérez y Oscar Raúl Iván Flórez, así como contra el exrector de la Universidad de Cartagena, Sergio Manuel Hernández.
Los funcionarios causaron daño patrimonial a través de las irregularidades cometidas en la construcción del Hospital Nuevo de Yopal (Casanare) y la dotación de equipos biomédicos y mobiliarios para el mismo.
Las obras, para las cuales se invirtieron inicialmente 47.970 millones de pesos, se recibieron sin estar totalmente terminadas y por tanto sin ninguna funcionalidad.
Y posteriormente, aún sin estar el Hospital en funcionamiento, se adquirieron equipos que nos han podido utilizar y permanecen abandonados. Muchos no funcionan y las garantías de todos se vencieron.
Estando la obra inconclusa, se compraron estos equipos biomédicos a través de un contrato de leasing, que generó el pago por parte de la Gobernación de Casanare de intereses innecesarios por más de 6.000 millones de pesos.
La construcción del Hospital se inició, sin licencias ni vías de acceso, ni acometidas de servicios públicos, razón por la cual se entregó la obra sin concluir y solo a través de una acción popular se ordenó su culminación.
La obra, que se planeó adelantar en un año, se demoró 9 años en su construcción y 13 años para ponerla en servicio de forma definitiva (abrió en marzo de 2015).
Para culminarla debieron invertirse 19.341 millones de pesos adicionales de recursos de regalías, para realizar obras complementarias, adecuaciones, demoliciones, cambios de diseños, pagos de nuevos estudios y de vigilancia.
Principios de contratación
Mediante Auto No. 80112-2017-0163 del 5 de junio de 2017, decidiendo en grado de consulta, el despacho del contralor general de la República, Edgardo Maya, confirmó la decisión con responsabilidad fiscal que por estos hechos profirió en su momento la Contralora Delegada Intersectorial No. 16 de la Unidad de Investigaciones Especiales contra la Corrupción (Auto No. 876 del 11 de mayo de 2017).
El decisión con responsabilidad fiscal cobija de forma solidaria y a título de culpa grave, en cuantía indexada de 34.875 millones de pesos, al exgobernador Pérez y al exrector Hernández por el detrimento ocasionado por una obra inconclusa que demandó mayores inversiones para entrar en servicio.
Para la Contraloría, Pérez y Hernández desconocieron todos los principios aplicables a la contratación estatal con la suscripción y ejecución del contrato que tenía por objeto la construcción del Hospital Nuevo de Yopal y no se cumplió en los términos planeados.
Lo ejecutaron terceros
La sucesión de irregularidades alrededor de la construcción del Hospital Nuevo de Yopal se dio a partir del momento en que el entonces gobernador Pérez suscribió con la Universidad de Cartagena, representada por su rector Hernández, el contrato de interadministrativo de obra pública por administración delegada e interventoría No. 0867 de 2002, por 47.970 millones de pesos.
El propósito de dicho contrato era adelantar la construcción de este Hospital, con recursos de regalías.
Aunque el contrato implicaba que la Universidad de Cartagena debía contar con las capacidades requeridas para cumplir el objeto contractual, el rector de la institución educativa contrató a su vez todas las obligaciones convenidas con la Gobernación a través de 4 contratos de obra, para la construcción del Hospital, por valor de 43.262 millones de pesos. Y celebró además 4 contratos de consultoría por valor de 8.386 millones de pesos.
Según esto, el rector trasladó todas las obligaciones del convenio que suscribió con la Gobernación a esos contratistas, dado que la Universidad no cumplía con el requisito de idoneidad para adelantar la obra.
La infraestructura física de la nueva sede del Hospital de Yopal fue recibida por la Gobernación de Casanare solo hasta diciembre de 2009, sin culminar.
La Gobernación tuvo que incurrir en mayores gastos para poner al servicio el nuevo Hospital, pues las instalaciones se encontraban en mal estado, deterioradas, en total abandono y debieron realizarse los trámites para la legalización de los servicios públicos, legalización del predio, servidumbres y adecuaciones.
Intereses innecesarios
El otro exgobernador, Flórez, fue declarado responsable fiscal, a título de culpa grave, en cuantía indexada de 24.584 millones de pesos.
Esto por la lesión al patrimonio público que representó el hecho de que suscribiera en 2011 un contrato leasing para adquirir en arrendamiento con opción de compra los equipos biomédicos para el nuevo Hospital, teniendo pleno conocimiento acerca del estado físico en que se encontraba su construcción, es decir sin haberse terminado y adecuado para recibir los mismos, y comprometiendo a la Gobernación a pagar intereses por valor de 6.229 millones de pesos, desde el 14 de diciembre de 2010 hasta el 3 de julio de 2012.
Según la Contraloría, tal situación implicó una gestión antieconómica, pues no se compadece con el Erario, el hecho de cancelar unos intereses en la constitución de un contrato de arrendamiento financiero, cuando la obra correspondiente al Hospital de Yopal se encontraba en construcción y no estaba adecuado para poder instalar los equipos biomédicos.
La compra de los mismos se hizo sin tener en cuenta cosas elementales como las especificaciones y capacidad eléctricas para su instalación y la misma capacitación del personal que debía manejarlos.
Calcula la Contraloría que equipos por aproximadamente 12.443 millones de pesos no se encuentran hoy en funcionamiento en el Hospital de Yopal.
