Se trata de Henry Torres Escalante. ¿Qué puede pasar y qué les espera a otros oficiales también sindicados?
SEMANA
La semana pasada un sencillo juzgado en Yopal, Casanare, fue el escenario de un hecho histórico: el comienzo del primer juicio contra un general señalado de ser responsable de ejecuciones extrajudiciales, conocidas como falsos positivos. Se trata de Henry Torres Escalante.
Desde que en 2007 estalló el escándalo, más de 3.500 uniformados fueron detenidos, acusados de haber asesinado a cerca de 6.000 personas para presentarlas como bajas de la guerrilla. De ese número cerca del 80 por ciento son soldados o suboficiales. Solo el año pasado un grupo de 12 oficiales superiores, con grados de teniente coronel y coronel, fueron detenidos y están bajo investigación. Por años las familias de las víctimas así como varias organizaciones de derechos humanos reclamaron a las autoridades que las investigaciones llegaran hasta los altos oficiales, para establecer los máximos responsables de esa macabra práctica. Fue así como hace dos años la Fiscalía anunció que tenía 16 generales bajo la lupa, encabezados por Mario Montoya, excomandante del Ejército. Tras ese anuncio poco se volvió a saber del tema hasta marzo del año pasado cuando fue detenido el primer general de esa lista: Torres Escalante.
La Fiscalía lo acusa por la muerte de los campesinos Roque Julio Torres y Daniel Torres Arciniegas, de 16 y 38 años, acribillados en marzo de 2007 por militares que los presentaron como guerrilleros caídos en combate. Se trataba de miembros de la Decimosexta Brigada del Ejército en Casanare, comandada por el entonces coronel Torres Escalante. Según el expediente, además de conseguir un falso positivo con esos asesinatos también buscaban silenciar a los campesinos, que habían presenciado y denunciado otras ejecuciones cometidas por militares en esa zona del país.
Si bien a Torres se le enjuicia por esos dos homicidios, el expediente contiene 85 casos más de ejecuciones cometidas por miembros de la Decimosexta Brigada entre 2005 y 2007. Parte de la artillería de la Fiscalía contra el general Torres, retirado del Ejército tras su captura, incluye 53 inspecciones judiciales, 12 pruebas periciales, 224 documentos y 93 testimonios. Uno de los más contundentes es el del teniente (r) Marco Fabián García, condenado a 22 años de cárcel por un falso positivo, quien dijo que a su comandante, Torres, “siempre se le tuvo al tanto de los operaciones y de los casos que se presentaban”. Para la Fiscalía no existe duda de que Torres participó en “todas las fases del delito, tanto en la preparación y ejecución, como en fase posterior. Así mismo su aporte se realizó por acción y omisión”.
Tras su arresto Torres quedó recluido en una unidad militar en el norte de Bogotá. Con 38 años de carrera militar fue comandante de Huila, Tolima, Cundinamarca y de la Quinta División. Además, estuvo al frente del Comando Suroccidente del país (Valle, Cauca y Nariño). En su último cargo, ejerció la jefatura del Centro de Memoria Histórica del Ejército.
El general retirado ha negado su responsabilidad en los hechos. Parte de sus argumentos tienen que ver con que era imposible para él responder por los actos de todos los subalternos bajo su mando. De ser hallado culpable podría enfrentar una condena de más de 30 años de prisión. Sin embargo, tiene la opción de acudir a la justicia transicional, contemplada en los acuerdo de paz.
De irse por este camino tendría que confesar, contar toda la verdad y delatar, con lo cual podría optar por una pena alternativa muy inferior. Lo cierto del caso es que el nombre de Torres quedará en la historia, no solo porque será el primer general que deberá elegir cuál de esas dos opciones jurídicas tomar, sino porque se trata del primer oficial de ese rango en encarar un juicio por falsos positivos. Es el primero, pero todo indica que no será el último.
