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El Estado encartado con la Ciudadela La Bendición: EL TIEMPO

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La Bendición, en Yopal, se encuentra en un limbo jurídico. En el lugar hay 4.170 viviendas.

EL TIEMPO / YOPAL

Al menos 20.000 personas que viven en la Ciudadela La Bendición, la misma que el hoy alcalde de Yopal (Casanare), Jhon Jairo Torres, alias ‘Calzones’, construyó hace más de dos años sin ningún permiso legal, están en un limbo jurídico que, según autoridades de la zona, podría desatar en los próximos meses una grave emergencia social.

Los lotes que le compraron a Torres –quien aceptó cargos por urbanización ilegal y cuya condena sigue pendiente debido a las dilaciones de su abogado– están bajo la administración de la Sociedad de Activos Especiales (SAE) desde el 17 de marzo pasado. (Lea también: ‘Jhon Calzones’ nuevamente embolata fallo por urbanización ilegal)

La responsabilidad de la SAE es grande, pues La ciudadela, que ya ajusta 4.170 viviendas, fue construida en tres predios (Claveles, parte del Copey, y Manantiales) que desde septiembre del 2012 están en un proceso de extinción de dominio. Esto porque quien inicialmente los adquirió, el empresario Jairo Enrique Pérez, es investigado como supuesto testaferro del narcotraficante alias ‘Coleta’.

Por tener una media cautelar, con esos predios no se podía hacer ningún negocio, realidad que Jhon Jairo Torres habría desconocido cuando decidió construir la ciudadela y vender los predios por precios de hasta 40 millones de pesos, con pagos de cuotas mensuales de 200.000 pesos, en un plazo de hasta 20 años.

Desde entonces, los compradores de los lotes se dividen entre personas adineradas que adquirieron esas tierras para invertir, familiares de Torres y, en su gran mayoría, ciudadanos de escasos recursos, entre ellos víctimas del conflicto, que por las facilidades de compra que les dio ‘Calzones’ vieron la posibilidad de construir una casa propia.

Jhon jairo Torres habla embargo la bendicion

Jhon Jairo Torres, alcalde de Yopal

La incertidumbre de los habitantes se da porque, al haber comprado lotes en una urbanización ilegal, aún se desconoce qué va a pasar con esas tierras, a quién le deben cancelar lo que deben por ellas, y si les van a permitir continuar viviendo en dichos predios. De hecho, el Tribunal Administrativo de Yopal, en un fallo de febrero pasado, les dio a las autoridades un plazo de 6 meses para tomar una decisión al respecto.

Con el propósito de buscar soluciones “sociales, económicas y jurídicas para los habitantes de La Bendición”, la SAE ha convocado reuniones con ministerios y organismos de control. En esos encuentros la Defensoría del Pueblo ha pedido que el gobernador o el Ministerio del Interior nombren a un alcalde ad hoc para afrontar el tema, pues ‘Calzones’ debería estar impedido para decidir sobre la ciudadela.

“En este momento estamos tratando de buscar elevar la problemática social de La Bendición a nivel nacional para que se tomen las decisiones a las que haya lugar. No se sabe qué mecanismo se va a utilizar. No estamos buscando vulnerar ningún tipo de derecho, sino tomar las mejores soluciones para la población y para los bienes”, aseguró Camila Gutiérrez, delegada de la SAE en Casanare.

La Defensora delega de Casanare, Diana Patricia Puentes, aseguró que el caso es “una bomba de tiempo” y que “estamos dependiendo de la legalidad de esos predios. La decisión judicial sobre el dominio es la única que podría servir como faro para ver cómo actuar”.

La SAE, que ya nombró a un particular como depositario del bien, denunció que de manera ilegal y subrepticia, terceros les han seguido cobrando a los habitantes de la ciudadela las cuotas que deben por los lotes. La SAE asegura que esos recaudos son ilegales, y que los ciudadanos no deben hacer estos pagos ni a terceros ni a la SAE, porque el futuro jurídico de las viviendas aún es incierto, ya que el dominio de los lotes aún no está extinto.

Por eso la SAE “suspendió el recaudo de los dineros provenientes de la venta fraudulenta de derechos de posesión sobre los bienes (negocio que hizo ‘Calzones’) que se encuentran incursos en un proceso de extinción del derecho de dominio”, advirtiéndoles a los ciudadanos que cualquier recaudo es ilegal.

Además, los lotes que en el proyecto ilegal de ‘Calzones’ iban a ser para una iglesia, hospital y colegio, han venido siendo invadidos por familias que han ido asentándose en la ciudadela. A través de las autoridades, y con la intermediación de la Defensoría del Pueblo, los invasores han sido expulsados.

Incertidumbre por el agua

Como si fuera poco, la alcaldía de ‘Calzones’ se ha negado hasta ahora a suministrar el servicio de agua en la ciudadela, a pesar de que este es un servicio que debe prestar el ente municipal y de que el Consejo de Estado le ordenó desde el año pasado que garantice el servicio.

Hoy, bajo administración del Estado, se les entrega agua a través de un acueducto artesanal que construyó ‘Calzones’ y que también está en manos de la SAE. Pero, según la Defensoría del Pueblo, el sistema es precario pues en la Ciudadela no hay alcantarillado, sino que “cada vivienda tiene un pozo séptico, lo que tarde o temprano va a desatar una emergencia de salubridad”.

“La población afectada por la acción ilegal puede tener la confianza que se adelantarán gestiones que no vulneren sus derechos a los servicios públicos domiciliario y den cumplimiento a las disposiciones constitucionales que amparan sus derechos”, aseguró la SAE.

Con el suministro de energía hubo otra dificultad. La SAE logró un acuerdo para que la Empresa de Energía del Casanare (Enerca) asumiera la prestación de este servicio y les cobrara, de manera individual, a las familias. Esto porque, también de manera irregular, ‘Calzones’ había constituido la Sociedad Ciudadela la Bendición que le compraba la energía a Enerca, a un precio mensual de 4 millones y a través de esa Sociedad (que no tenían ningún permiso para funcionar como prestadora de servicios públicos) les distribuía, cobraba, o cortaba el servicio a las viviendas, según el caso.

JUSTICIA

Chivas del Dia

Víctimas de la tragedia de Tasajera anuncian demanda al gobierno

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Esta información fue confirmada en últimas horas. Víctimas de la tragedia de Tasajera anuncian demanda al gobierno.

El alcalde de Puebloviejo, Fabián Obispo, anunció esta mañana a Emisora Atlántico, que los familiares de las víctimas de la explosión del camión cisterna preparan una demanda a la Nación.

Los afectados le han manifestado al mandatario del municipio, del que hace parte el corregimiento de Tasajera, que  demandarán al Estado colombiano, concesión vial o a otros actores por la tragedia «alguien es responsable de lo que pasó», señaló Obispo.

Hasta el momento se desconoce, quién será el abogado que estará al frente de este caso.

Este viernes llegó a 41 la cifra de fallecidos en el siniestro.

El alcalde agradeció las muestras de solidaridad y entrega de ayudas por parte del sector empresarial a las familias de las víctimas fatales.

También confirmó además que dos de las personas heridas con quemaduras fueron dadas de alta en centros asistenciales.

Fuente, Publimetro

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Chivas del Dia

Ecopetrol realizará pruebas piloto de exploración con francking en el 2020

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Ecopetrol

La empresa Ecopetrol informó que ya prepara los programas piloto para iniciar la exploración con francking en Colombia para finales del año 2020.

Entre las zonas donde se podría iniciar estas exploraciones están: Magdalena Medio y los departamentos de Cesar, Norte de Santander y la Guajira.

Finalmente, Ecopetrol se encuentra a la espera de que el Ministerio de Minas y Energías defina los protocolos que se deben tener en cuenta, como la sismicidad, aguas y respeto por la biodiversidad.

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Chivas del Dia

En primera instancia Procuraduría destituye a Jhon Jairo Torres

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Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal
También el exsecretario de Educación  Fredy Alexander Estepa

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