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El candidato no tan “bendecido” de Yopal

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El diario El espectador publica en su portal web, esta nota relacionada con Jhon Jairo Torres.

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La Fiscalía le embargó 10 bienes la semana pasada por estar presuntamente implicado en casos de lavado de activos. Además es propietario de una sociedad que impulsa el proyecto Ciudadela La Bendición, una urbanización que ha sido calificada de ilegal.

A un mes de que se acabe el plazo de inscripción de candidatos para las elecciones de alcaldes, gobernadores, diputados y concejales, decenas de personajes que aspiran a ocupar cargos públicos han sido señaladas de tener procesos abiertos en la Fiscalía o de protagonizar escándalos de distinta índole. Es el caso de Jhon Jairo Torres Torres, un empresario que tiene el objetivo de convertirse en el mandatario local de Yopal (Casanare), una ciudad donde la corrupción y las irregularidades administrativas han sido el pan de cada día durante la última década. De Torres se sabe que el pasado jueves la Fiscalía le embargó 10 bienes por, al parecer, estar involucrado en un proceso de lavado de activos.

Torres también es conocido por las autoridades con el alias de Calzón. La razón es que uno de sus principales negocios desde hace 17 años se llama Caricias Íntimas, un almacén de ropa interior que se ha apoderado del mercado en Casanare. Pero la venta de prendas íntimas no ha sido el detonador de sus problemas con las autoridades, sino su proyecto de viviendas de interés social en Yopal, La Bendición, el real dolor de cabeza. La Fiscalía y entidades locales, como Corporinoquia, consideran que se trata de una urbanización ilegal, ya que está construida en un predio que fue embargado el 11 de junio de 2011.

La historia de estas tierras ubicadas al sur de Yopal está vinculada a la del narcotraficante Germán Sánchez Rey, alias Coletas, capturado en 2010 y extraditado a España en 2011. Tras el arresto de Coletas, quien tenía nexos con el capo Loco Barrera, la Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía abrió un proceso para arrebatarle sus propiedades. En esas pesquisas encontraron los nombres de los hermanos Néstor Leonardo y Jairo Enrique Pérez Barreto, quienes fueron señalados de ser testaferros de Coletas. El primero de ellos fue el que compró en 2010 los terrenos donde hoy está La Bendición.

Fue un negocio que, según las autoridades, se realizó con dineros deColetas, ya que descubrieron que Néstor Pérez no tenía capacidad económica para concretar la compra, que tuvo un costo de $900 millones. Además se demostró que el avalúo real de la propiedad para la época era de más de $2.700 millones. Finalmente, en octubre de 2011 Néstor lo transfirió a su hermano, Javier Barreto, quien terminó figurando como propietario cuando la Fiscalía los embargó en junio 2014.

Sin embargo, en un fallo que generó bastante polémica en el ente investigador, la fiscal María Cristina Lizcano revocó las medidas cautelares sobre los bienes, permitiendo que se realizara una serie de traspasos que a la postre terminó por darle vida a la Ciudadela La Bendición. La situación se resolvió el pasado 24 de marzo, cuando un fiscal de segunda instancia tumbó la decisión de Lizcano. Es más, en una denuncia que reposa en los despachos del búnker de la Fiscalía se habla de un pago de $200 millones que buscaba que Torres pudiera tomar control de los predios cuestionados.

Según los investigadores, los terrenos finalmente terminaron en manos de Torres de la siguiente forma: “Teniendo en cuenta que los citados bienes estaban a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE), no tiene justificación jurídica, ni probatoria, sabiendo del pronunciamiento y la orden dada por la Fiscalía, (Jairo Enrique Pérez) se asocia con el señor Jhon Jairo Torres, para despojar al depositario designado por la SAE. Torres resuelve parcelar los lotes y de manera ilegal procede a realizar un proyecto de construcción de interés social denominado Ciudadela La Bendición, sin licencia de construcción ni ambiental, a sabiendas de que estos no eran de su propiedad y que se encontraban inmersos en investigación de extinción. En razón, se cuenta con elementos probatorios que los recursos obtenidos para la adquisición de los mismos al parecer provienen de origen espurio”.

La Fiscalía concluyó que la forma como Torres adquirió el bien y construyó las casas de interés social sin los permisos oficiales fue ilegal. Este ha sido un proyecto que ha tenido varios tropiezos con la Alcaldía y Corporinoquia, la cual le ordenó a la sociedad constructora Ciudadela La Bendición S.A.S., manejada por la hermana de Torres, Genny Milady Torres, cerrar los pozos del acueducto que habían construido para la urbanización, pues la entidad consideró que no cumplían con las normas ambientales.

Frente a esta situación, el Tribunal Administrativo de Casanare le ordenó a Corporinoquia levantar la sanción ya que, según su argumento, estaba violando los derechos de los habitantes de la Ciudadela La Bendición. Personas cercanas al proceso aseguraron que esa fue una sentencia desmedida, pues la corporación no tuvo en cuenta que el asentamiento de esas casas y la construcción del acueducto eran ilegales, porque estaban en un predio embargado y en poder del Estado. “Lo que hace el fallo de tutela es legalizar la situación de unos invasores ilegales de un predio que le pertenecía a un narcotraficante y fue embargado”, precisaron fuentes consultadas.

La Defensoría también ha emitido informes sobre la precariedad en la que viven los habitantes de la urbanización. En un documento de octubre de 2014, el organismo indicó que algunas personas de La Bendición no reciben agua mientras otras lo hacen a través de mangueras que llegan de los tanques instalados, que no hay servicio de energía eléctrica, que los lotes habitados son 453, con un total de 1.538 habitantes de los cuales 65 son menores y 54 mayores de edad, y que el terreno está dividido por lotes y con vías sin pavimentar.

El proceso de extinción de dominio contra Torres comenzó después de la denuncia que interpuso la señora Giomar Patricia Riveros en diciembre de 2014. La mujer trabajó durante los últimos meses con Torres, asesorándolo en la constitución de algunas de sus empresas. Asimismo fue la encargada de realizar una auditoría a la sociedad que maneja el proyecto de La Bendición. Según ella, fue en ese momento cuando encontró una serie de irregularidades que no reflejaban la verdad financiera de las empresas, por ejemplo, evasión de impuestos, doble contabilidad y algunos pagos de los beneficiarios que no fueron a parar en las arcas de la firma sino en las cuentas personales de Torres.

Un lote en la Ciudadela La Bendición cuesta $30 millones, pagados por cuotas mensuales de $300.000. Los nuevos propietarios no reciben ningún certificado de propiedad; por el contrario, Torres les entrega una promesa de compraventa de su lote y les dice que no se preocupen por la legalización del predio, que él se encarga de la situación, pero con el compromiso de no vender su tierra en menos de cinco años. Según Riveros, esto ha generado un caos en la administración de la sociedad, al punto que dejó plasmado en un acta de octubre de 2014 que la Ciudadela La Bendición S.A.S. podría estar incurriendo en el delito de lavado de activos.

La denunciante agregó que los ingresos de Torres no le permiten demostrar que las actividades de construcción de 10.000 casas han sido posibles gracias a sus ingresos por la venta de ropa interior. La explicación de cuánto le costó el predio la dio Torres a la revista Don Juanhace siete meses: “Yo pagué $37.000 millones por el terreno y me voy a gastar $5.000 millones en servicios. Son $41.000 millones. Pongámosle que saque 3.000 lotes y los venda a $30 millones cada uno. Eso por 3.000 son $90.000 millones. Ahí me están quedando $50.000 millones de utilidad”.

La Fiscalía también analizó una situación que se desprende de la construcción de la Ciudadela La Bendición. Según las autoridades, varios políticos han asegurado sus votos a través de las urbanizaciones ilegales, ya que al no estar contempladas en el Plan de Ordenamiento Territorial (POT) ellos les prometen a sus electores que las legalizarán y no les cobrarán el monto total del costo del lote. En el caso de Torres se trataría de un caso similar, ya que La Bendición está ubicada al borde del perímetro urbano de Yopal, por lo que la administración local no tiene la obligación de asegurar la prestación de los servicios públicos básicos.

Las cifras para llegar a la Alcaldía de Yopal son claras. La ciudad tienen 150.000 habitantes y para llegar al cargo se necesitan 30.000 votos. En la Ciudadela La Bendición podrían vivir 10.000 personas con derecho a voto, lo que dejaría un paso adelante a Torres frente a sus contrincantes. Sin embargo, la Fiscalía cree que esta no es la única irregularidad en la que estaría implicado Jhon Jairo Torres. Un investigador entregó un informe en abril de 2015 en el que advertía que el candidato y su núcleo familiar estaban transfiriendo los bienes a un tercero identificado como Adolfo Durán, dueño de Inversiones Durán Flórez.

De esta forma la Fiscalía rastreó los patrimonios de Torres y su familia. Encontró que él y su entorno son propietarios de siete inmuebles, 17 vehículos y 14 sociedades, y que tanto su esposa, Dora López, como su hermana Genny son quienes manejan la mayoría de negocios. Es más, entre las 10 propiedades que le embargó el ente investigador se encuentra el hotel La Bendición, un establecimiento cinco estrellas.

La Dirección de Extinción de Dominio de la Fiscalía concluyó que los embargos realizados a Torres se fundamentan en la hipótesis de que él pertenece a la organización de Coletas y que, tras el informe del perito, debían evitar que transfiriera sus bienes a terceros. Igualmente, que la Ciudadela La Bendición es una urbanización ilegal al estar construida sobre terrenos que le pertenecen al Estado. El caso de Torres es una de las decenas de historias de decenas de políticos que aspiran a cargos públicos regionales y que, a pesar de obtener el aval de un partido o recolectar las firmas que validan su candidatura, tienen un pasado oscuro que explicar.

***

Otros candidatos cuestionados en Casanare

La Fundación Paz y Reconciliación sacó un informe en el que ponía en entredicho las candidaturas de algunos personajes a nivel nacional. En cuanto a Casanare, precisó que son dos los polémicos políticos.

Es el caso de Martín Pérez, exconcejal del municipio de Aguazul Martín Pérez, quien aspira a la Alcaldía de dicho municipio. Este hombre se lanzó en 2011 a la Asamblea Departamental con el partido PIN, pero se quemó. Según la fundación, su padrino político es el excongresista José Rodolfo Pérez, más conocido como el Negro Pérez, hermano del condenado por parapolítica Miguel Ángel Pérez y quien ha sido salpicado de tener, supuestamente, nexos con el jefe paramilitar Martín Llanos.
El otro de los que está bajo la lupa es Julio Ramos, quien a pesar de no tener trayectoria política, aspira a la Gobernación de Casanare. Lo curioso de su caso es que su padrino político es el exgobernador Nelson Mariño, un hombre que fue destituido por irregularidades administrativas.
El denominado “Clan de la casita”
Desde las pasadas elecciones regionales mucho ruido se hizo sobre un grupo de políticos que pertenecían al extinto partido político Afrovides y que su logo era una casita. Estaban los destituidos Wílmar Celemín, destituido alcalde de Yopal, y Nelson Mariño, el gobernador de Casanare que salió por irregularidades en su gestión. A estos hombres los denominaban el “Clan de la casita”, ya que su logo era una casa. Según denunciaron, se trataba de una estrategia con la que pretendían llegar a la gente que vivía en urbanizaciones ilegales para prometerles que a cambio de su voto legalizarían esas ciudadelas. Al parecer, les decían que tras ser electos podían incluirlos en el Plan de Ordenamiento Territorial.
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Chivas del Dia

Víctimas de la tragedia de Tasajera anuncian demanda al gobierno

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Esta información fue confirmada en últimas horas. Víctimas de la tragedia de Tasajera anuncian demanda al gobierno.

El alcalde de Puebloviejo, Fabián Obispo, anunció esta mañana a Emisora Atlántico, que los familiares de las víctimas de la explosión del camión cisterna preparan una demanda a la Nación.

Los afectados le han manifestado al mandatario del municipio, del que hace parte el corregimiento de Tasajera, que  demandarán al Estado colombiano, concesión vial o a otros actores por la tragedia «alguien es responsable de lo que pasó», señaló Obispo.

Hasta el momento se desconoce, quién será el abogado que estará al frente de este caso.

Este viernes llegó a 41 la cifra de fallecidos en el siniestro.

El alcalde agradeció las muestras de solidaridad y entrega de ayudas por parte del sector empresarial a las familias de las víctimas fatales.

También confirmó además que dos de las personas heridas con quemaduras fueron dadas de alta en centros asistenciales.

Fuente, Publimetro

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Chivas del Dia

Ecopetrol realizará pruebas piloto de exploración con francking en el 2020

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Ecopetrol

La empresa Ecopetrol informó que ya prepara los programas piloto para iniciar la exploración con francking en Colombia para finales del año 2020.

Entre las zonas donde se podría iniciar estas exploraciones están: Magdalena Medio y los departamentos de Cesar, Norte de Santander y la Guajira.

Finalmente, Ecopetrol se encuentra a la espera de que el Ministerio de Minas y Energías defina los protocolos que se deben tener en cuenta, como la sismicidad, aguas y respeto por la biodiversidad.

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Chivas del Dia

En primera instancia Procuraduría destituye a Jhon Jairo Torres

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Jhon Jairo Torres, exalcalde de Yopal
También el exsecretario de Educación  Fredy Alexander Estepa

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