Lo vivido el pasado 7 de mayo en el recinto del Concejo Municipal de Yopal no fue una sesión de control político; fue un espectáculo de barbarie institucional donde el sombrero, las botas y la avaricia parecieron pesar más que la razón y la ley.
En un acto de misoginia flagrante*, once concejales se confabularon para intentar pisotear la dignidad de Adriana Mercedes Hernández Fuentes, una mujer que, con la frente en alto y un informe técnico de 50 folios bajo el brazo, les dio una lección de decoro que ellos, en su ceguera machista, no quisieron ver.
Mientras la Secretaria de Infraestructura cumplía con su deber profesional y respetaba la investidura de la Alcaldía, los denunciados se comportaron como una jauría que ya tenía la sentencia escrita antes de escuchar la defensa. La evidencia es asquerosa: mensajes de WhatsApp del presidente del Concejo, Andrés Dainover Rodríguez, confesando cínicamente que “nos toca así para cancelarlo”, mientras en público se llenaba la boca hablando de una falsa «desatención».
¿Qué clase de «caballeros» son estos? Aquellos que usan el micrófono como un arma para silenciar a una mujer durante dos horas, negándole sistemáticamente el derecho a la palabra mientras la bombardeaban con adjetivos denigrantes como “mediocre”, “escueta” y “vacía”. Es la táctica clásica del macho herido ante la competencia técnica: si no puedes rebatir las cifras de una profesional, intenta anularla como persona.
El colmo de la bajeza fue la expresión del concejal Rodríguez, quien no tuvo reparo en manifestar su intención de “dar garrote”. Esa es la política que proponen: la del garrote, la de la fuerza bruta y el lenguaje pendenciero para amedrentar a una funcionaria que se negó a ser un títere de sus intereses particulares o de sus presiones por el manejo de maquinaria pesada.
Adriana Hernández Fuentes, en una muestra de superioridad moral e intelectual, no se igualó a sus detractores. No necesitó gritar ni usar términos vulgares para defenderse; su respeto por la institución y su condición de dama le impidieron descender al barro donde estos concejales pretendían arrastrarla. Ella respondió con rigor técnico a un cuestionario que los mismos concejales admitieron haber elaborado sin asesoría técnica ni rigurosidad, demostrando que el problema no eran las respuestas, sino la incapacidad de los «machos» del recinto para entenderlas.
Adriana Hernández respondió con la contundencia de la ley: instauró una denuncia penal ante la Fiscalía por los delitos de abuso de autoridad por acto arbitrario e injusto, concusión y constreñimiento ilegal. No conforme con ello, radicó una queja disciplinaria ante la Procuraduría por faltas gravísimas, exigiendo que se sancione la violación sistemática al debido proceso y el trato denigrante que recibió.
Este no es solo un pleito jurídico; es un llamado de auxilio de la democracia en Casanare. No podemos permitir que el control político sea el escondite de una violencia institucional con sesgo de género. Yopal no puede seguir siendo el feudo de quienes creen que por llevar un sombrero, tener unas fincas, unas vacas y un repertorio de palabras vulgares y denigrantes, pueden pasar por encima de la ley y de la dignidad de las mujeres que sirven a la ciudad.
La justicia tiene hoy una oportunidad histórica para sancionar este concierto de voluntades para el maltrato. Que el «garrote» que prometieron se les devuelva en forma de sentencias penales y disciplinarias, para que nunca más un hombre en este departamento crea que su cargo le da licencia para intentar humillar a una mujer valiente y profesional
El Tribunal ya les puso nombre: violencia política contra las mujeres en Casanare
El caso de Adriana Hernández no aparece de la nada. En Casanare ya hubo una alerta judicial clara. El 26 de junio de 2024, se conoció el pronunciamiento del Tribunal Administrativo de Casanare frente al caso de las diputadas Luz Mery Niño y Marisela Duarte, quienes denunciaron una evidente exclusión dentro de la Asamblea Departamental.
¿La razón? Mediante el Acta No. 001 de 2024, las dos únicas mujeres diputadas fueron dejadas por fuera de las comisiones donde se toman las decisiones de mayor peso político, mientras los nueve hombres sí quedaron repartidos en esos espacios de poder. A ellas las mandaron, prácticamente, al rincón simbólico: la Comisión de la Mujer.
El Tribunal anuló esa actuación porque afectaba su derecho a participar en condiciones de igualdad. En palabras simples: no era un simple reparto interno, era una forma de cerrarles la puerta política a las mujeres.
Ese fallo dejó un mensaje incómodo para más de uno: la violencia política no siempre llega con golpes; a veces llega con actas, mayorías masculinas, silencios cómplices y decisiones “administrativas” que sacan a las mujeres del escenario donde realmente se decide.
Por eso, lo ocurrido con Adriana Hernández no puede venderse como un simple cruce de palabras ni como “debate fuerte”. Cuando a una mujer en función pública se le grita, se le arrincona, se le humilla o se intenta quebrar su autoridad, el antecedente ya está servido: en Casanare, la justicia ya reconoció que la violencia política contra las mujeres existe.
QUEJA DISCIPLINARIA PROCURADURIA
*Misoginia flagrante es el rechazo, desprecio o trato discriminatorio evidente y descarado contra las mujeres, expresado mediante palabras, acciones o decisiones que buscan humillarlas, excluirlas o reducir su autoridad por el hecho de ser mujeres.
