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Chivas del Dia

Denuncian que comunidad wayuu estaría comiendo cactus por hambruna a causa de la pandemia

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“Muchos wayuu comen cactus porque no hay nada más”, relató el abogado Carlos Balcázar, asesor de esa organización.

A la falta de alimentos, se le suman la sequía y la falta de agua potable, que han estado presentes en esa zona de La Guajira desde hace mucho tiempo, pero que se han visto agudizados por la pandemia de COVID-19.

“Las familias acuden a los pozos o jagüeyes y no es agua potable, porque los carrotanques de la Triple A, entidad contratante de la administración municipal de Uribia, no son suficientes y algunos no cumplen con el reparto en los diferentes corregimientos”, agregó Elímenes Zambrano, miembro de la Red de Comunicaciones del Pueblo Wayuu.

Las ayudas del Gobierno Nacional habrían llegado en el inicio de la pandemia a los municipios de Bahía Honda, Puerto Estrella y Taguaira (La Guajira), pero desde mayo no se habrían suministrado más auxilios.

“Hay que esperar que vuelvan o confiar en una bendición y que llueva pronto en la Alta Guajira”, reflexionó Zambrano.

Los pedidos de ayuda se dan dos días después de una denuncia hecha por Human Rights Watch (HRW) acerca de la desnutrición de esa comunidad indígena y cómo los niños están en riesgo de muerte por las medidas de aislamiento decretadas a causa de la pandemia.

En un extenso informe se explica que “las comunidades indígenas de La Guajira no tienen acceso a alimentos suficientes ni al agua necesaria para practicar una higiene básica, incluyendo lavarse las manos, y la información y acceso a la atención en salud es sumamente deficiente”, señaló José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW.

 

Pulzo.

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Chivas del Dia

Productores de arroz piden al Gobierno Nacional y la industria molinera que atiendan sus peticiones

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En primera instancia, Roberto Botero, representante de Dignidad Arrocera ante el Consejo Nacional del Arroz, manifestó su preocupación por la situación a la que se enfrentaría el arrocero en el 2021.

Según el dirigente gremial, las importaciones que llegan procedentes de EE.UU, Ecuador y Perú, nos están ocasionando un profundo daño. Para el año 2021 se tiene el ingreso de 307 mil toneladas de arroz blanco, cantidad que se puede producir en 87 mil hectáreas de parte de los cultivadores nacionales, reemplazando la producción nacional y el consumo por producto importado y así no puede ser.

“El país cuenta con las áreas suficientes y aptas para producir el cereal que demanda el país y hace referencia a un estudio reciente de la Unidad de Planificación Rural Agropecuaria (UPRA) donde manifiesta que Colombia tiene las áreas suficientes con una calificación de Aptitud 1 o Alta, es decir, que goza de condiciones adecuadas para la producción del grano, precisó Botero.

Para el representante de Dignidad Arrocera, si no se toman medidas inmediatas de parte del gobierno de Colombia en torno a la revisión de los TLC, cuando finalicen las fechas de los acuerdos suscritos con los  países mencionados quedaríamos consumiendo un alto porcentaje de arroz  importado, llevando a la quiebra al agricultor Colombiano.

“A partir del primero de enero del año 2021 el precio empezó a  caer en 10 mil pesos por carga de arroz paddy verde en algunas regiones y hasta 18 mil y 20 mil en otras, como consecuencia de los altos inventarios al finalizar el 2020, alcanzando para abastecer el consumo interno durante 130 días aproximadamente”, subrayó.

Por su parte, Eudoro Álvarez, presidente de Dignidad Arrocera, hizo énfasis que en Colombia, la producción del arroz es realizada por productores pequeños que anualmente siembran en promedio 500 mil hectáreas.

“En los últimos 30 años se ha logrado mantener la actividad y mantener el área arrocera del país”, enfatizó.

Sobre los precios del arroz, preciso que “defender el precio es defender la producción nacional. También se nos debe reconocer que nosotros pagamos salarios y no son los del salario mínimo. Estamos defendiendo una producción que no la reemplazan las importaciones”.

Urge revisar las tarifas de la tasa del uso del agua

Para Carlos Alberto Rojas, representante Coagrodistritos, el Gobierno Nacional, debe revisar la tasa por el uso del agua que se utiliza para los cultivos de arroz y otros productos del sector agrario.

Para el dirigente gremial, inexplicablemente, para lo único que ha servido la tasa de uso del agua es para incrementar los costos de producción en los sitios en donde los agricultores pagan tarifas fijas y por volumen para hacer uso de los distritos de riego. Así mismo, el costo se ha incrementado en los sitios que no hay distritos, pero los productores agrarios, igual deben cancelar dicha tasa.

“Los Distritos en el Tolima sembramos al año cerca de 70 mil hectáreas, son representativos en el sector agrícola, por ende requerimos el caudal que se tiene concesionado”, preciso Rojas. Así mismo, subrayó que existe el coeficiente de uso, cuyo valor es demasiado elevado para los productores de arroz quienes ven incrementados sus costos de producción al tener que cancelar el valor de la tarifa por uso de agua a las asociaciones. Manifiesta que este efecto también se refleja a las Asociaciones de Usuarios privadas y a los demás Distritos de Riego del país.

“Nosotros no estamos diciéndole al Gobierno Nacional que nos regale el agua, sino que paguemos lo justo que debemos pagar para producir alimentos en Colombia. Que se entienda que a los agricultores no se les puede dar tratamiento de industria, ni minería. Se debe establecer una tarifa justa en la tasa del uso del agua”, enfatizó.

Los arroceros no soportan más

Para Oscar Gutiérrez, Director Ejecutivo Dignidad Agropecuaria Colombiana, los hechos son preocupantes, pues en el último año llegaron a Colombia más de 14 mil toneladas, lo que ha hecho que se pierda soberanía y se vea en riesgo la seguridad alimentaria.

“Hemos perdido más de un millón de hectáreas en arroz y otros productos que se producían en Colombia, pero que ante las importaciones se están afectando los campesinos y el país”, advirtió.

Dignidad Agropecuaria, advirtió finalmente que si el Gobierno Nacional no atiende las solicitudes de los arroceros, se verán obligados a irse a un cese nacional, con el fin de que los más de 220 mil productores del campo nacional no se vean aplicados a desaparecer.

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Boyaca

Tunja: nueve años de prisión para sujeto que abusó de la nieta de su pareja

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El hombre aprovechó la cercanía de la menor al convivir en la misma vivienda de su compañera sentimental.

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Tunja condenó a nueve años de prisión a un hombre quien fue encontrado responsable, en calidad de autor, del delito de actos sexuales con menor de 14 años. 

La decisión del juzgado se presentó luego de concluir el juicio oral en el que el acusado, de 45 años de edad, respondía por hechos que se presentaron el 9 de abril de 2017. Ese día el condenado, aprovechándose de la relación sentimental que sostenía con la abuela de la víctima, ingresó al cuarto de la víctima donde le realizó tocamientos en las partes íntimas de la menor de edad.

De acuerdo con lo conocido en el proceso, llevado por un fiscal de la Seccional Boyacá, el día de los hechos la menor, para entonces de ocho años de edad, se encontraba en su habitación en compañía de su hermano de cuatro. Aproximadamente, a las 12 del día el hombre ingresó al cuarto de la niña, la tiró en la cama donde realizó la actuación ilícita.

En medio de los hechos fue sorprendido por la tía de la infante, una menor de 15 años, quien al ver la situación pidió ayuda.

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Boyaca

Boyacá: asesinó a joven por hurtarle el celular y pagará más de 33 años de cárcel

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Atendiendo la solicitud de la Fiscalía General, el Tribunal de Superior de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) confirmó la decisión que en primera instancia condena a  Jhon Jairo Ramírez Valencia a 33 años y 8 meses de prisión, luego de ser encontrado responsable en calidad de coautor de los delitos de homicidio agravado y hurto calificado y agravado.

La decisión del Tribunal se da luego que el procesado impusiera recurso de apelación a la determinación que en primera instancia tomó el Juzgado Promiscuo de Santa Rosa de Viterbo (Boyacá) en su contra.

En este caso –dijo el Tribunal- la Fiscalía comprobó, más allá de toda duda, la responsabilidad de Ramírez Valencia en los hechos ocurridos el 31 de diciembre de 2014 en Duitama (Boyacá). Allí el hoy condenado y otro hombre intimidaron a los hermanos Ronald Giovanny y Maira Alejandra González Arturo para hurtarle sus pertenencias.

Durante el forcejeo el implicado, de 50 años de edad, hirió con un arma blanca a Ronald Giovanny González quien murió debido a la gravedad de las heridas.

Durante el proceso, el hoy condenado interpuso varios recursos con el fin de dilatar la decisión del togado.

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