Organizaciones campesinas y obreras rechazaron su entrada en vigencia
La Ley finalmente será sancionada este viernes por el presidente, Juan Manuel Santos, en Casanare, y el anuncio será, que a partir de ahora la nación promoverá el desarrollo de zonas apartadas de centros urbanos, en donde la tierra requiera grandes inversiones para empezar a producir.
Según el documento, que ya fue votado y aprobado por el Congreso de la República en diciembre pasado, dicha figura permite al ejecutor del proyecto productivo, que tiene que ser aprobado por un consejo de ministros, pedir en concesión o arrendamiento los baldíos de la Nación y conseguir la cantidad de tierras, comprando, arrendando, entre otros, en la medida en que su plan lo necesite.
Justamente, ese objetivo es el que critican las organizaciones campesinas y defensoras de Derechos Humanos, quienes tras conocer que la Ley se sancionará en un sitio “de dolor y guerra para la población del Casanare”, anunciaron que demandarán su inconstitucionalidad por no haber sido consultada con las comunidades étnicas del país. “La consideramos como una contrareforma agraria que concentrará aún más la tierra en manos de grandes capitales”, dice la misiva que firman siete organizaciones no gubernamentales como la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina (Anzorc), Oxfan, Planeta Paz, entre otras.
Del lado de los partidos políticos, el Polo Democrático y la Alianza Verde, se opusieron desde un principio a que esta Ley pasara en el Congreso. De hecho, el debate que han abierto, para argumentar la que llaman contrareforma, según el senador de Polo, Jorge Enrique Robledo, es quelos baldíos, que deberían adjudicarse a campesinos sin tierra, se irán en arrendamiento por largos períodos a empresas agroindustriales, nacionales o extranjeras.
No obstante, el Gobierno, representado en el ministro del Interior Juan Fernando Cristo y el de Agricultura, Aurelio Iragorri Valencia, insiste en que con esta Ley no se transfiere a nadie la propiedad de la tierra, especialmente de los baldíos. Según el Gobierno, el objetivo de la ley es aumentar la productividad y apuntar hacia la seguridad alimentaria del país.
El debate apenas empieza y no solo es entre el Gobierno y las organizaciones sociales, sino también, con el sector empresarial del país, a quien la reciente misiva de las organizaciones campesinas desde ya tilda como acumuladores de tierra: “el gobierno nacional decide lanzar la Ley justamente en ese lugar, en donde tiene vastas extensiones de palma de aceite el Ingenio Manuelita, sobre un área calculada de16.823 hectáreas. La compra de estas tierras fue fuertemente cuestionada y denunciada por organizaciones sociales, campesinas y por Congresistas”.
