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Corte advierte que deben borrarse datos de condenados para evitar discriminación laboral

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La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia advirtió que se deben borrar los datos de las personas que hayan cumplido o prescrito una pena en su contra al decir que los ciudadanos tienen el derecho al olvido tras cumplir con sus condenas y que se deben evitar actos de discriminación laboral.

De acuerdo con el alto tribunal, la identidad de los condenados dentro de las providencias todo el tiempo “favorecería prácticas discriminatorias en el mercado laboral y obstruiría las posibilidades de reinserción social de quienes han superado sus problemas con la ley“.

Para la Corte Suprema los registros en las bases de datos de quienes han cumplido su pena, deben suprimirse desde el momento en que la sentencia sea proferida por los tribunales.

Cuando se compruebe que judicialmente se declaró cumplida o prescrita la pena, se suprimirán de las bases de datos de acceso abierto los nombres de las personas condenadas (…) No obstante, se mantendrá el documento íntegro en los archivos (de la Corte Suprema de Justicia). Este, bajo los preceptos legales que rigen el derecho de acceso a la información pública, podrá consultarse directamente en las oficinas en las cuales reposa“, señala la Corte.

La determinación fue realizada por el alto tribunal con ponencia de la magistrada Patricia Salazar, al estudiar el caso de un sentenciado quien requirió que le retiraran su identificación de la base de datos de un motor de búsqueda.

Sin embargo, en este caso la Corte no accedió a dicha pretensión porque el suscrito no acreditó el cumplimiento o prescripción de la pena y por ello, fue necesario sentar jurisprudencia en esta materia para las personas que desean este tipo de solicitud por parte de la justicia.

De igual forma la Corte Suprema de Justicia argumentó esta decisión citando jurisprudencia de la Corte Constitucional, señalando que el derecho al olvido de estas personas deben aplicarse para evitar información negativa que los perjudique de forma irremediable dentro de la sociedad.

RCN RADIO

 

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Chivas del Dia

En Paratebueno familia víctima de los paramilitares regresará a sus tierras

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Según el fallo proferido por la Sala Civil Especializada en Restitución de Tierras del Tribunal Superior de Bogotá, los integrantes de una familia víctima de abandono forzado y despojo de tierras en el municipio de Paratebueno, volverán después de 22 años como legítimos dueños del predio.

La tragedia que enlutó y marcó la vida de los Pérez* ocurrió en 1998, cuando Luis Miguel Hidalgo alias “Ratón”, hoy desmovilizado del Bloque Héroes del Llano y Guaviare de las Autodefensas, ingresó a la finca en compañía de una veintena de hombres armados y ordenó a don José* que retirara todo el dinero de la cuenta bancaria que poseía su esposa Martha*.

El hombre no pudo acceder al dinero, pues la firma no coincidía con la registrada en el banco y por esto decidió no regresar a la finca. Como represalia los paramilitares amarraron, torturaron, violaron y asesinaron a doña Martha*. Una de sus nietas, en el marco de los hechos violentos sufrió serios trastornos que desencadenaron en discapacidad mental. Luego de esta tragedia, don José* se vio obligado a abandonar su tierra, huyó con sus nietos hacia Villavicencio y vendió su predio en $10 millones.

El director territorial de la Unidad de Restitución de Tierras en Meta, Wilson Leyton, señaló que esta familia víctima de la violencia en los llanos orientales, no solamente recuperará su predio en zona rural de Paratebueno sino que tendrá derecho a la oferta institucional del Estado en materia de alivio de pasivos, salud, educación y atención psicosocial para obtener una reparación integral.

Añadió que en la sentencia el Tribunal Superior de Bogotá declaró impróspera la oposición de los ocupantes del predio y les negó la compensación pues no encontró mérito para acreditar la buena fe exenta de culpa.

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Chivas del Dia

Chiquito pero peligroso: enano lideraba tráfico de armas en Nariño

Medida de aseguramiento para cinco hombres investigados por tráfico de armas en Tumaco

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En audiencias preliminares la Fiscalía formuló cargos en contra de Andrés Felipe Rodríguez Andrade, Andrés Camilo Camacho Landázuri, Edwin Alberto Gallón George, Jesús Alberto Landázuri Bravo y Wilington Angulo Cortés, por su presunta responsabilidad en el delito de fabricación, tráfico y porte de armas municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos agravado.

Un juez con funciones de control de garantías de Tumaco (Nariño) avaló los argumentos del ente acusador y cobijó con medida de aseguramiento privativa de la libertad a los procesados, quienes no aceptaron su responsabilidad y eran liderados en la banda por un hombre de talla baja.

Los hombres fueron capturados en flagrancia este 19 de octubre durante labores de control y registro, al ser sorprendidos portando armas de fuego, cuando se desplazaban por la vereda La Sonadora, jurisdicción del municipio de Tumaco (Nariño), en una camioneta de placa ecuatoriana, reportada como robada en Ecuador.

De acuerdo con la información suministrada los hombres portaban dos pistolas calibre 9 mm con sus respectivos proveedores y ocho cartuchos.

Por determinación del juez, tres de los capturados fueron enviados a la cárcel judicial Buchely de Tumaco (Nariño). Entretanto, Andrés Camilo Camacho Landázuri y Willington Angulo Cortés fueron cobijados con detención domiciliaria.

Es de resaltar que al procesado Rodríguez Andrade se le imputó además el delito de receptación.

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Chivas del Dia

Cundinamarca: Hombre que asesinó a su perrita irá a la cárcel

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Por asesinar a su animal de compañía, un hombre identificado como William Orlando Galvis  fue condenado a 12 meses de prisión por un juez de Cundinamarca.

A este castigo se le suma la inhabilidad para tener animales durante tres años, pues representa un peligro para estos.

¿Cómo fue?

En abril de este año, el sujeto le causó múltiples heridas con arma blanca a una perrita llamada Canela, quien murió después de la brutal agresión. Era su mascota.

«La Fiscalía General de la Nación rechaza todo hecho de maltrato y violencia contra los animales, pero también hace un llamado respetuoso a la ciudadanía a denunciar oportunamente a través de los conductos oficiales y a cumplir como propietarios responsables o guardianes con todo lo que la ley obliga para evitar generarle cualquier riesgo al animal o a la ciudadanía», indicó el ente acusador.

Fuente, Publimetro

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