De acuerdo con las denuncias y publicaciones de las últimas horas respecto de presuntas irregularidades en la suscripción del Contrato de la Empresa de Acueducto Alcantarillado y Aseo (EAAAY) No. 811.14.01.00148.22 de 2022, suscrito entre la EAAAY y la empresa INGENIERÍA Y CONSTRUCCIONES TÉCNICAS S.A.S. -INGENICONTEC S.A.S. que tiene por objeto “Transferencia tecnológica de la PTAR existente con tecnología KWI para un QM: 500lps, Eficiencia >90% y lodos tratados N-virus, y diseño y construcción de la nueva PTAR QM: 1500lps, y diseño de plan maestro de Acueducto y Alcantarillado del Casco Urbano del Municipio de Yopal, Casanare”, la Contraloría General de la República se permite dar a conocer a la opinión pública que:
- Desde principios del mes de octubre de 2022, la CGR inició análisis de información derivada de denuncias ciudadanas de la situación de dos contratos suscritos por la EAAAY:
- Contrato No. 811.14.01.00147.22 de 2022 Referente a la construcción de una plata de aprovechamiento de residuos sólidos y su operación por un periodo de 25 años.
- Contrato No. 811.14.01.00148.22 de 2022 Referente a la construcción de una planta de tratamiento de agua residual y la operación del sistema durante 30 años.
- Dentro del análisis de esta información relevante, la CGR pudo establecer que el Juzgado Tercero Administrativo del Circuito de Yopal – Casanare – el día 27 de Octubre de 2022, con ocasión de una Acción Popular interpuesta por la Procuraduría 23 Judicial II Ambiente y Agraria, decretó “(…) medida cautelar de urgencia la suspensión del trámite de legalización, perfeccionamiento y/o ejecución del contrato de colaboración empresarial en alianza estratégica No. 00148.22, suscrito por la EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE YOPAL –EAAAY E.I.C.E. E.S.P. – y la empresa INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES TECNICAS S.A.S. -INGENICONTEC S.A.S, así como todos sus efectos, hasta que se tome una decisión de fondo en el proceso de la referencia”.
- Consecuencia de lo anterior, el 12 de diciembre de 2022, mediante Resolución CGR-ORD-80112-1413-2022, la Contraloría General de la República decretó la intervención funcional de oficio sobre unos objetos de control fiscal de la Contraloría Departamental de Casanare. Esta resolución habilitó a la CGR para ejercer control fiscal sobre los contratos mencionados.
- La Intervención Funcional mencionada da origen a un Seguimiento Permanente en el marco de las funciones de control concomitante y preventivo de la CGR, que está siendo ejecutado por la Contraloría Delegada para el Sector Vivienda y Saneamiento Básico.
- El día 26 de enero de 2023 se instaló el seguimiento permanente a estos contratos, el cual se encuentra en etapa de ejecución.
- Adicionalmente, la Contraloría Departamental de Casanare, con fundamento en la intervención funcional de oficio decretada trasladó a este Ente de Control 9 denuncias que se codificaron con el código SIPAR 2023-262220-82111-D, el día 27 de enero de 2023.
- En el marco de la atención de estas denuncias por parte de la Dirección de Vigilancia Fiscal de la Contraloría Delegada para el Sector de Vivienda y Saneamiento Básico, se dio Respuesta de Trámite, el 15 de febrero de 2023, a cada uno de los peticionarios indicando que la respuesta de fondo está prevista para ser comunicada a más tardar el 9 de junio de 2023.
- En desarrollo de la intervención funcional de oficio, la Contraloría ha podido establecer que a la fecha no han sido desembolsados recursos públicos dentro de los contratos descritos.
Finalmente, se debe indicar que las acciones de la Contraloría General de la República, en el marco de sus competencias, han estado encaminadas a identificar y analizar los riesgos al patrimonio público, derivado de la suscripción de los contratos mencionados, para lo cual se tendrá en cuenta toda información y evidencia que se recaude en el curso del seguimiento permanente que actualmente ejecuta esta entidad.
No se ha configurado aún detrimento patrimonial, porque no hay desembolsos.
Lo anterior se pone en conocimiento de la opinión pública y se insta a los demás órganos de control para que, en el marco de sus competencias, actúen de acuerdo con los hechos que son de conocimiento público
