Bogotá, Colombia – La Nueva EPS, la entidad de salud más grande del país con más de 11 millones de afiliados, está en el centro de una nueva tormenta. Un reciente informe de la Contraloría General de la República ha encendido las alarmas al revelar una «grave situación financiera y administrativa», que incluye deudas por más de $21 billones de pesos y un alarmante aumento en el número de quejas y tutelas por parte de los usuarios.
El informe detalla una serie de irregularidades, como facturas duplicadas, anticipos sin legalizar por billones de pesos y una incapacidad tecnológica para manejar sus cuentas de manera eficiente. Esta situación ha llevado a que la entidad no tenga el patrimonio, capital mínimo y reservas técnicas que la ley exige para operar.
Como consecuencia directa de esta crisis, decenas de hospitales y clínicas en el país están suspendiendo servicios a los afiliados de la Nueva EPS. La Unión de IPS de Colombia ha reportado que en lo corrido del año ya se han cerrado más de 6.000 servicios. Esta medida, según los prestadores de salud, se debe a que la EPS les adeuda sumas millonarias con atrasos de más de 300 días.
Mientras tanto, el presidente Gustavo Petro ha señalado que la crisis es resultado de un «enorme robo» y que exdirectivos habrían presentado cifras «maquilladas» a las autoridades. La Fiscalía ha iniciado una investigación formal contra el expresidente de la entidad, José Fernando Cardona Uribe, y otros exdirectivos por presuntas irregularidades.
A pesar del panorama, la Superintendencia Nacional de Salud, que intervino la entidad desde el año pasado, ha intentado dar un parte de tranquilidad, asegurando que se están tomando medidas para garantizar la continuidad del servicio y legalizar los pagos. Sin embargo, la incertidumbre y el temor crecen entre los 11 millones de colombianos que dependen de la Nueva EPS para su atención médica.
