En fallo de segunda instancia confirma lo actuado por Tribunal de Casanare.
Con ponencia de la magistrada María Claudia Rojas Lasso, el Consejo de Estado acaba de ordenar a la Empresa de acueducto de Yopal que de manera obligatoria, mientras se concluyen de manera satisfactoria las obras de construcción y puesta en funcionamiento de la nueva planta de tratamiento de agua del municipio de Yopal, continúe con la prestación del servicio de acueducto mediante el abastecimiento continúo de agua potable en condiciones que no supongan riesgo para la población de Yopal, como solución provisional al suministro de agua del municipio.
Igualmente para que efectúe inmediatamente, junto con la Alcaldía de Yopal, campañas de educación sanitaria que instruya a los habitantes del municipio, sobre las precauciones que deben observar al momento de consumir el agua suministrada.
La Acción popular fue instaurada por el abogado Wlfran Amadeo Castrillo, tres meses después de que se cayó la planta de tratamiento en 2011, pero que fue fallada en agosto de 2012 por el Tribunal.
En esta sentencia, sumados los tiempos, daba un plazo de cinco años para que se resolviera de manera definitiva la problemática del agua para Yopal. En ella los recursos para su construcción correspondían así: Fondo de Adaptación 40 %, Departamento de Casanare 35% Municipio de Yopal, 20% y EAAAY 5%.
Una vez conocida esta sentencia del Tribunal, pasó para segunda instancia al Consejo de Estado, que en este momento está notificando a las partes.
En otra sentencia aclaratoria, el Consejo de Estado obliga al Fondo de Adaptación a girar 5 mil millones de pesos al municipio de Yopal, en un lapso de dos meses, destinados a los diseños de la planta definitiva.
¿Consejo de Estado o acuerdo del paro?
El 20 de julio, luego de tres días de paro, los organizadores de la protesta cívica y representantes del Gobierno Nacional, llegaron a un acuerdo para suspender la protesta y consiste en que el Gobierno Nacional aporta el 50 % del valor de la planta y la Gobernación el otro 50%. El valor total es de $80 mil millones. Inclusive para este miércoles se fijó la fecha para que Findeter cuelgue los prepliegos.
La pregunta es: ¿qué va a pasar ahora con la sentencia? O ¿será más válido el acuerdo hecho para levantar la protesta?
Wlfran Amadeo Castillo, en diálogo con Violeta Stéreo, ve con preocupación la sentencia en segunda instancia, porque si no se acata ésta, podrían ser denunciados los entes territoriales por fraude a sentencia judicial, y si se trata de cumplirla, en el caso de la Alcaldía de Yopal, no tiene recursos.
Por su parte Arcenio Sandoval, veedor del agua, aseguró que debe primar el interés general y que debe hacerse valer el acuerdo de la comunidad con las entidades gubernamentales.
