Los problemas de Helbert Otero, considerado el cerebro de la presunta entrega de dineros al magistrado Jorge Pretelt para que acompañara una tutela que beneficiaría a esa firma en un pleito con la Gobernación de Casanare, no acaban.
Hace unas semanas un juez revocó la medida de casa por cárcel que Otero tenía y que le había sido otorgada por otro funcionario judicial al considerar que era padre cabeza de familia y, por tanto, no debía ser enviado a prisión.
Pero la Fiscalía hizo esfuerzos para demostrar lo contrario y, por eso, el pasado 24 de septiembre el juez 22 de conocimiento revocó el beneficio al empresario y ordenó su reclusión en la cárcel La Modelo de Bogotá, donde es vecino del abogado Víctor Pacheco, que también tiene un proceso penal en su contra por este escándalo.
Ahora la Fiscalía volvió a la carga contra el empresario. Este jueves le imputó cargos a Helbert Otero, por un nuevo delito de tráfico de influencias.
El ente acusador logró comprobar que el mayor accionista de Fidupetrol utilizó las conexiones del exmagistrado Rodrigo Escobar para que completara el trabajo del abogado Víctor Pacheco y lograra que se fallara favorable la tutela de interés para la firma.
“Usaron invitaciones y almuerzos, entre otros ofrecimientos, para los magistrados Jorge Pretelt Chaljub, Mauricio González Cuervo y Luis Guillermo Guerrero Pérez para que avalaran las pretensiones de la acción judicial. Por esto se firmó un contrato de prestación de servicios con el exmagistrado», señaló el fiscal del caso.
Según el delegado de la Fiscalía, este tráfico de influencias se orquestó en compañia de Abel Caballero, presidente de Fidupetrol.
El otro proceso
A Helbert Otero la Fiscalía ya le había imputado cargos por el delito de tráfico de influencias. Este corresponde a la contratación del abogado Víctor Pacheco. Para ello la Fiscalía presentó como pruebas los contratos de prestación de servicios que tenía Pacheco con Fidupetrol, así como el registro de visitas que realizó el abogado a la Corte Constitucional entre marzo y octubre del 2013, tiempo en el que supuestamente ocurrieron los hechos.
También presentaron tres interrogatorios realizados a la expresidente de la firma Maria Helena Giraldo, el asesor jurídico Camilo Ernesto Mendoza y el abogado Víctor Pacheco. Con esto se probó el poder de decisión que tenía Otero en esa empresa.
«Otero tomaba las decisiones en la firma por ser el socio mayoritario con una participación del 49,1 % de las acciones a través de la compañía Técnica y Consultoría Financiera (Tecfin)», explicó el representante del ente investigador.
En el interrogatorio Víctor Pacheco aseguró que se encontraba en Barranquilla cuando fue contactado por Otero. El ejecutivo le ofreció ejercer la defensa de la firma por unos honorarios de 152 millones de pesos.
El fiscal del caso tiene la tesis de que el objetivo del contrato era la realización de gestiones para que saliera avante la tutela que favorecía los intereses de la firma.
Por estos hechos Helbert Otero podría enfrentarse a una pena de ocho años de prisión. Un juez determinará hasta dónde va su responsabilidad en el que ha sido considerado el escándalo más grande sucedido en la que era la Corte más respetada del país.
