Con relación al fallo de la tutela de primera instancia del Juzgado Primero Administrativo Oral del Circuito Judicial de Barrancabermeja, que ordena la suspensión de la licencia ambiental del proyecto piloto Kalé y del proceso de licenciamiento de Platero, los cuales tienen como objetivo desarrollar los Proyectos Piloto de Investigación Integral- PPII, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, se permite expresar a la opinión pública:
La industria del petróleo y gas ha sido motor del desarrollo socioeconómico de Colombia y sus regiones, siendo un sector que actúa con criterios de sostenibilidad ambiental, social y económica; que evoluciona con innovación tecnológica para generar la energía que respalda las necesidades energéticas de los colombianos; y contribuye al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y las metas país.
Desde hace más de 100 años, esta industria, que está compuesta por más de 500 empresas entre operadoras y contratistas de bienes servicios, con presencia en al menos 97 municipios y 19 departamentos con actividades de E&P, que cuenta con 95 mil empleados que trabajan de manera honesta y con compromiso por brindar el petróleo, el gas y los combustibles que los colombianos demandan, ha sido blanco de críticas y acusaciones por varios frentes políticos que de manera irresponsable buscan debilitarla y acabarla
En los últimos meses se ha comprobado que la tendencia internacional es una campaña geopolítica anti-fracking en respuesta a la amenaza que el desarrollo de los recursos en Yacimientos No Convencionales (YNC) representa para países como Rusia que no desea el ingreso de más petróleo y gas al mercado, dada su participación en ambos. Lo anterior ha llevado a que ni siquiera con argumentos técnicos y científicos, se pueda comprobar y dar un parte de tranquilidad a quienes temen la implementación de esta técnica, pues se volvió una discusión de carácter político.
Debido a que Colombia comenzó a contemplar la posibilidad de desarrollar sus recursos en Yacimientos No Convencionales desde 2009, y ante las inquietudes que genera la técnica del Fracturamiento Hidraúlico Horizontal Multi-Etapa o fracking, el actual Gobierno nacional optó por conformar una Comisión de Expertos, para que rindiera análisis, conceptos y recomendaciones respecto de la exploración de los YNC con dicha técnica. La Comisión señaló que (i) Colombia cuenta con una de las mejores regulaciones en la materia; (ii) los riesgos de esta son conocidos y, por lo tanto, previsibles, prevenibles y mitigables; y (iii) recomendó realizar Proyectos Piloto de Investigación Integral, PPII, los cuales son de carácter científico y técnico.
Por lo anterior, la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas, ACP, lamenta y no comparte el sentido del fallo de tutela, principalmente porque Ecopetrol, empresa operadora de los pilotos Kalé y Platero, tramitó en los tiempos establecidos en la regulación ambiental y técnica la solicitud de procedencia de consulta previa, ante la cual la Dirección de la Autoridad Nacional de Consulta Previa certificó la no procedencia. Es decir, ni la Asociación demandante en la tutela, ni ninguna otra, fue identificada en el proceso de elaboración del Estudio de Impacto Ambiental, EIA.
La ACP confía en la solidez institucional de la Dirección Nacional de Consulta Previa y de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, que verificaron y determinaron la no procedencia de la consulta previa en los procesos de licenciamiento ambiental de los PPII. Tanto las autoridades como las empresas han realizado en derecho el proceso de licenciamiento, respetando y contando con la participación de las comunidades que realmente puedan verse afectadas por la realización de estos proyectos. En ese sentido, confiamos en que serán las instancias judiciales y legales superiores correspondientes las que determinen la continuación y desarrollo de estos importantes proyectos para el país.
No por no hacer fracking Colombia dejará de consumir gas y petróleo o sus derivados. Desde el sector hidrocarburos hemos insistido en la importancia de no perder la oportunidad de garantizar la seguridad energética del país con los recursos necesarios para abastecer el mercado interno y lograr generar excedentes para exportación. Aún más importante, la posibilidad de desarrollar los Yacimientos No Convencionales para lograr los beneficios que traería este desarrollo a los hogares colombianos y, en general, al país, en materia económica, social y ambiental.
Finalmente, para la ACP resulta difícil entender que cuando el mundo y Colombia están necesitando producir más petróleo y gas para que disminuyan los precios de estos energéticos, y evitar una mayor inflación y costo de vida para los colombianos, haya sectores políticos que se nieguen a que sea la ciencia y la técnica las que les digan al país de la posibilidad o no de desarrollar de manera responsable sus recursos naturales.
