La Fiscalía General de la Nación anunció que tras labores de policía judicial se identificó “el grave daño ambiental y la acelerada pérdida de selva en una zona de especial protección ecológica entre Calamar y Miraflores, Guaviare”.
De acuerdo con el ente de control, varias actividades que se han desarrollado en esa zona del país incidieron en el deterioro del área protegida y en la afectación a las fuentes hídricas de la región. Entre esas está la construcción de una vía entre los dos municipios sin los permisos ni licencias ambientales.
Otros problemas son el paso continuo de vehículos pesados y los asentamientos posteriores a la tala y quema de bosques.
La Fiscalía señaló que los alcaldes de Calamar, Pedro Pablo Novoa Bernal y de Miraflores, Jhonivar Cumbe, están involucrados. “Habrían facilitado el avance de las obras en el corredor vial y, al parecer, fueron permisivos frente a las irregularidades que se presentaron”.
La deforestación se triplicó en Guaviare durante el periodo de gobierno de los dos mandatarios locales. Pasó de 11.456 hectáreas en 2015 a 34.527 hectáreas en 2018, según el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, Ideam.
Por su presunta responsabilidad en los delitos de daño a los recursos naturales agravado e invasión de área de especial importancia ecológica agravada, un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los alcaldes de Calamar y Miraflores, Guaviare.
Aunque los involucrados no quedaron bajo solicitud de arresto, las investigación continuarán. Además se decretó como medida cautelar el cierre inmediato de la vía y la prohibición del tránsito de vehículos pesados, incluidos los automotores de la Gobernación de Guaviare y maquinaria amarilla.
